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Se complica situacion de Celco luego de exposiciones ante comision de medio ambiente del senado

Este martes 20 de mayo expusieron todas las partes involucradas en la denominada “guerra del ducto” ante los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, en la que participa Andrés Allamand. Ministra de Medio Ambiente también expuso.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

AGRUPACION DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO – AIFBN

Declaración Pública
El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

En el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en las localidades de Mehuín y Missisipi (Región de Los Ríos) y en concordancia con su misión y visión crítica del modelo forestal implementado en Chile, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN, considera fundamental hacer públicos los siguientes antecedentes:

1 – Existe una escandalosa, impresentable y vergonzosa estrategia recientemente implementada por CELCO, mediante la que solicita diversas concesiones mineras de explotación para una superficie de 600 hectáreas (considerando incluso el subsuelo de ambas riberas del río Lingue), catalogándolas de tierras abiertas e incultas, marcando incuestionablemente el trazado de un ducto que evacuará residuos industriales altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente.

2 – CELCO ha estado corrompiendo a pescadores y dirigentes mediante la entrega de dinero, con la intención de inmovilizar y dividir la oposición ciudadana a la construcción del ducto de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, que vertiría sus residuos tóxicos al mar. Ello ha generado un profundo conflicto social al interior de las comunidades, cuyo principal objetivo comprende anular el legítimo rechazo de los ciudadanos a las políticas productivas planteadas por dicha empresa, buscando someter la voluntad pública para el beneficio económico de la industria primaria de celulosa. Esta entrega de dineros ha sido efectuada en conocimiento del Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, a través de quien el Gobierno manifiesta su incompetencia en estas materias con el argumento de que se trata de un “asunto entre privados”, política aplicada en todo el territorio mapuche.

3 – El gobierno ejerce un rol facilitador a los intereses de la empresa y ha tenido un actuar errático en este conflicto, donde destacan acciones que involucran directamente a las autoridades regionales y de altas esferas gubernamentales:

• La Autoridad Marítima no interviene en el acontecimiento de robos en áreas de manejo pertenecientes a las comunidades opositoras a la construcción del ducto de CELCO, a pesar de la existencia de una resolución judicial a raíz del recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más aún, deriva responsabilidad en el intendente, quien ha utilizado medios violentos para reprimir las manifestaciones contrarias a la construcción del ducto.

• La permanencia de fuerzas especiales alojadas en un establecimiento educacional, interrumpiendo y atemorizando a niños y niñas totalmente ajenos al conflicto representa una prueba más de la política represiva del gobierno.

Ante el grave conflicto desarrollado, es necesario cuestionar las responsabilidades políticas de las autoridades locales. En este sentido, exigimos una posición clara del gobierno central, quien hasta ahora ha destinado recursos para proteger a la empresa CELCO en desmedro de sus obligaciones con la ciudadanía que los eligió.

4 – La estrategia de difusión implementada por CELCO a través de los medios de comunicación local es otra muestra del engaño de la empresa a la opinión pública, entregando una imagen preocupada por el medioambiente y por el desarrollo sustentable, mientras en sus prácticas productivas no duda en provocar serias intervenciones sociales y destructivas del entorno ambiental, confundiendo conceptos que afectan la ética profesional de los ingenieros forestales, posición compartida por el Colegio de Ingenieros Forestales del capítulo Valdivia.

5 – La AIFBN impugna las declaraciones de los senadores Frei y Allamand, en torno a su apoyo irresponsable e infundado a la empresa CELCO, y demanda una postura clara frente a la estrategia poco transparente, beligerante y corrupta implementada por la empresa, que actualmente tiene sumidas a las comunidades locales en una crisis social y en un clima de represión y beligerancia nunca antes visto.

6 – El conflicto desarrollado por la empresa CELCO plantea un peligroso precedente, a partir del cual la imagen internacional del país será irreversiblemente dañada, evidenciando el privilegio con que cuentan los proyectos industriales en desmedro del bienestar y de los intereses ciudadanos.

Frente a todo lo anterior, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifiesta su total rechazo a la planificada presión y amedrentamiento del que están siendo sujetos pescadores y comunidades lafkenche del borde costero de la Provincia de Valdivia, y declara también su rechazo al ducto industrial planificado por CELCO bajo las actuales condiciones de operación.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo AIFBN
Janequeo 355, Valdivia – Chile
56-63-333 233

Obtención de concesiones mineras abre vía para proyecto de ducto de Celco en Caleta Mehuín

A las 17:00 del miércoles 2 de abril, 10 botes cruzaron desde Mehuín rumbo a la caleta de Mississipi, en la Región de Los Ríos. Los cerca de 100 tripulantes de las embarcaciones tenían un objetivo claro: cortar las redes para pesca instalada en la orilla de la playa y amedrentar a los ocupantes de la pequeña oficina del Comité de Defensa del Mar.

La primera tarea la terminaron en pocos minutos, mientras un grupo de pobladores tiraba piedras desde la orilla y de un punto indeterminado se escuchaban disparos. Esto no los asustó, por lo que desembarcaron e iniciaron un ataque a piedrazos contra el recinto.

No hubo muertos, pero sí heridos. Y lo más grave, es que los casi 60 minutos que duró el enfrentamiento terminaron por quebrar aún más las fracturadas relaciones entre los habitantes de la zona, que desde el 18 de octubre del año pasado iniciaron una verdadera guerra entre vecinos.

Ese día, se hizo público un acuerdo entre Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del grupo Angellini, y tres sindicatos de pescadores de Mehuín. Por un total de US $ 8,9 millones éstos aceptaron respaldar el estudio de impacto ambiental (EIA) que la firma intenta materializar desde 1996 para construir un ducto submarino en la bahía de Mehuín que evacue los riles de la planta de celulosa de Valdivia, que actualmente se arrojan al río Cruces. La misma que protagonizó el desastre ecológico que ocasionó la muerte y migración masiva de los cisnes de cuello negro del santuario de la naturaleza Carlos Anwandter.

De esta forma, la férrea oposición que por casi 12 años los pescadores de Mehuín habían presentado a la instalación del ducto se dividió, y ahora existen dos categorías de pobladores: los “vendidos” y los “opositores”, que en su mayoría son comunidades lafquenches de los alrededores.

El interés de Celco por construir el ducto en cuestión, es simple: tras el desastre con los cisnes, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) ordenó a la compañía terminar con la descarga de riles en el río valdiviano, por lo que debían encontrar otro sitio. Y en la mira estaba el mar frente a Mehuín.

Concesiones mineras a la medida

El mismo día del “ataque” a la caleta de Mississipi, una nueva apuesta del grupo Angellini para asegurarse el ducto al mar tenía luz verde.

El 28 de marzo, Celco presentó una solicitud para concesiones mineras denominadas “Mariquina”, que incluye una franja de pedimentos mineros desde la planta de celulosa desde San José de la Mariquina a la costa valdiviana. O sea, cubre toda la ruta del ducto, hasta la bahía donde pretenden descargar los riles. En total, la zona cubre unos 70 kilómetros de largo, e incluso una de las peticiones incluye todo el pueblo de Mehuín.

Un pedimento minero es una solicitud al Estado para explorar la posibilidad de extraer minerales desde cualquier lugar del territorio nacional, no importando que ese terreno pertenezca a otra persona, institución u oficina fiscal. El Estado otorga esta especie de concesión por dos años, con lo cual la persona beneficiada asegura la intervención de ese lugar, además de proteger a esa zona para que no sea solicitada por otros individuos, ni para que ese terreno sea usado para otra actividad económica.

Con esto se abren las puertas para que Celco pueda finalmente desarrollar su controvertido proyecto de ducto submarino y descargar sus riles en Caleta Mehuín.
La solicitud salió a la luz porque casualmente a alguien se le ocurrió revisar el boletín oficial de minería publicado el 10 de abril. En vista de esto, lugareños y organismos de derechos humanos están barajando la posibilidad de presentar un recurso de protección para oponerse a la solicitud.

Far west

La otra fórmula elegida por Celco, ha redundado en que el quiebre entre los pobladores ha ido in crescendo y ha transformado la zona en una suerte de “far west”.

Los ataques, amenazas de muerte y secuestros son pan de cada día. Al igual que los encontrones entre parientes, ya que en uno y otro bando hay familiares que actualmente se han transformado en enemigos.

Boris Hualme, actual vocero del Comité de Defensa del Mar y werkén lafquenche, explica que son unos 250 los favorecidos “con la plata de Celco”, y que de esos alrededor de 60 forman parte del “brazo armado” que los hostiga constantemente para que dejen de ser “opositores”.

La situación se ha hecho tan insostenible, que el anterior vocero, Eliab Viguera, tuvo que dejar el cargo por una serie de acciones de amedrentamiento en su contra.

En este escenario, el codirector del Observatorio de los Pueblos Indígenas, José Aylwin –hijo del ex presidente Patricio Aylwin – junto a la dirigente mapuche Claudia Inglés, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

El objetivo, es proteger a 51 adultos y 20 menores de distintas localidades afectadas por los hechos de violencia protagonizados por pescadores vinculados a Celco. Para las autoridades regionales, la “guerra del ducto” responde a un asunto “entre privados”, por lo que no les competería tomar cartas en el asunto.

Se suman los “vendidos”

El 12 de abril hubo una reunión entre el lonko de Maiquillahue Agustín Ñancuán y varias comunidades “opositoras”, donde el tema central fue el conflicto con Celco. En el encuentro, Ñancuán explicó que el intendente Iván Flores le había encargado especialmente terminar con el conflicto, y dejó entrever que la vía era negociar con la empresa.

“Si usted me dice vamos a negociar, yo de buenas a primeras voy a decir que no…porque no somos baratos. Joaquín Vargas valía 3 millones. Nosotros no valemos 3 millones, valemos más”, aseguró el lonko a su audiencia, aludiendo al presidente del Sindicato Número 3 de Pescadores Independientes de Mehuin, otrora férreo opositor al ducto y que finalmente firmó el acuerdo con Celco. Pero los presentes no se tomaron para nada bien sus palabras.

Tan mal cayó la nueva postura “negociadora” del líder, que incluso recibió amenazas de muerte. Y aunque niega cualquier insinuación favorable a “venderse”, sus dichos quedaron grabados por uno de los vecinos que colgó el video en el sitio YouTube. Incluso desmiente que Flores le haya encargado terminar con los enfrentamientos, asegurando que la única fórmula es “sentarse a la mesa a dialogar”. Y recalca que “no puedo opinar hasta saber si Celco contamina o no”.

Para muchos, el lonko se transformó en un nuevo “vendido” a la compañía.

Fuente: www.elmostrador.cl

Masiva manifestación en Mehuín por creación de ducto al mar

La empresa forestal Celulosa Arauco y Constitución, S.A. busca instalar dicho elemento en la zona, con el fin de vertir al oceáno los desechos de su planta Valdivia.

Cerca de 500 personas provenientes de la IX a la X regiones se congregaron en la caleta ubicada en la Región de los Ríos para entregar su apoyo a la lucha que los pobladores ejercen en contra de Celulosa Arauco y Constitución, S.A., Celco. Esto, por la intención de la empresa forestal de instalar un ducto por Mehuín que vierta al mar los desechos de su planta Valdivia.

A pesar de la masiva concurrencia, pocos pescadores de la zona se encontraban participando de ella, ya que muchos (150) ya han formado un acuerdo con la firma del Grupo Angelini. Según éste, cada firmante recibe $ 3 millones y dos sueldos mínimos mensuales por 10 años, además de una serie de pagos extra cuando se efectúen (con la ayuda de los firmantes) los estudios en el mar, que posteriormente podrían permitir la construcción del emisario submarino.

La mayoría de los manifestantes eran de distintas organizaciones de Valdivia y Temuco y otras caletas de la IX y X regiones. Además, se hicieron presentes un gran número de estudiantes universitarios y activistas de distintas ONGs como Acción por los Cisnes e incluso cuatro personas de la ciudad de Gualeguaychú, Argentina.

“En Argentina tenemos los mismos problemas que acá, con el funcionamiento de la planta de Celulosa de la empresa Botnia en Uruguay, que bota sus desechos a un río que compartimos con nuestros hermanos uruguayos”, señaló Hugo Cardomatto, representante de la Asamblea de Gualehuaychú.

En tanto, el presidente del Comité de Defensa del Mar de Mehuín, Eliab Viguera, respondió a la poca asistencia de pescadores (entre ellos un histórico opositor al ducto como Jimmy Becerra) y de la adhesión al tratado con Celco de 150 mariscadores de la zona que antes luchaban a su lado.

“Siempre habrá un sector que no va a  negociar. Aquí no se puede salir a defender el mar con una calculadora en la mano. Los pescadores honrados no hacen eso. Nosotros sabíamos que en algún momento Celco iba  a entrar con su dinero acá, pero ese contrato es un ‘caza bobos’, un circo”.

Al finalizar el acto, los manifestantes quemaron tres figuras de madera con vestimentas de pescador, que representaban a tres ex dirigentes que comenzaron las conversaciones con Celco para llegar al actual acuerdo con la empresa.

 

Convenio de Celco con personas de Mehuin es casi una “extorsion”

Por antropólogo Juan Carlos Skewes Vodanovic, Ph.D de la Universidad de Minnesota (EE.UU), Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosfía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile.

Cuando los resultados de un acuerdo entre privados importan amenazas de muerte, destrucción de bienes e inseguridad de las personas, la materia pasa a ser de preocupación pública.

Si las autoridades prefieren dejar la situación en manos de los afectados, y, eventualmente de los tribunales, están faltando a la responsabilidad que a ellas la ciudadanía confirió. Es también responsabilidad de la autoridad asegurar la protección de los derechos ciudadanos, y tales derechos pueden ser severamente vulnerados cuando, en condiciones de extrema desigualdad, las personas son incitadas a actuar sobre la base de estímulos económicos o de otro tipo.

En tales circunstancias difícilmente podría presumirse que los contratos hayan sido libremente suscritos. Más bien, la circunstancia raya en la extorsión.

La capacidad para movilizar recursos posiciona a las grandes corporaciones en una situación límite respecto de las comunidades con que ellas se relacionan: mediante la oferta de dinero pueden inducir a las personas a obrar incluso contra sus propios intereses. Así lo ha hecho Celco en Mehuín, intentando obtener la obsecuencia de un grupo personas respecto a su proyecto de evacuar desechos líquidos al mar.

Un contrato, como el propuesto, que establece que, contra pagos diferidos, estas personas se abstendrán de oponerse, primero, a la realización de estudios para instalar un ducto, segundo, a la aprobación del mismo por parte de la autoridad ambiental, y, tercero, a la operación del mismo, es moralmente reprobable.

Más reprobable aún cuando semejante contrato introduce una profunda división en la comunidad, con imprevisibles consecuencias de las que, además, la empresa no se responsabiliza.

La autoridad no puede desentenderse de aquellos acuerdos cuyos resultados se tornan adversos a la ciudadanía ni menos de aquéllos que, como el aludido, son moralmente reprobables. No se trata de transferir más responsabilidades a los tribunales, no se trata de convertir a las cortes en jueces (o verdugos, según sea el caso) de la moral ciudadana. Más bien, se trata de legislar. Y, en este sentido, cada vez más se hace necesaria la auditoría ética como un medio de regulación respecto del uso de recursos públicos o privados para influir torcidamente en la voluntad de las personas.

NOTA:
El autor participó como investigador responsable en el Proyecto Conicyt: “Contribuciones desde la antropología ecológica contemporanea para el estudio de un conflicto ambiental: La resistencia de la comunidad de Mehuín frente a la construcción de un ducto para la evacuación de desechos industriales en la Bahía de Maiquillahue, X Región, 1996-1998

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