En el fallo, los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez dispusieron que la firma deberá pagar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de 7 millones 522 mil pesos, por no cumplir con la obligación de contar con un sistema de medición continuo de gases generado por su proceso productivo.

De hecho, la misma empresa reconoce en sus descargos ante la autoridad sanitaria que las operaciones de calibración de gases TRS sufrieron algunas intermitencias, consigna el dictamen del máximo tribunal.

La multa también se funda en que la empresa no entregó la información en línea y en tiempo real respecto de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, reseña la resolución.

No obstante, los jueces consideraron que los olores molestos generados los días 8 y 15 de julio de 2004 por el proceso productivo de celulosa y que afectaron a la población del sector donde se ubica la empresa -que empezó a funcionar el 9 de febrero de 2004- se produjeron dentro del período de nueve meses que concede la autoridad sanitaria a las firmas para cumplir en forma permanente y sin equívocos con todos los requisitos de emisión de gases TRS, según establece el fallo.

Desde la puesta en marcha de la planta Valdivia de Celco, la industria ha tenido varios problemas. Primero fueron los olores molestos, luego se denunció la falta de patente municipal y lo último, y lo que causó mayor polémica, es su presunta vinculación con el deterioro del humedal del río Cruces luego que se la responsabilizara por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Esa indagación sigue en curso en los tribunales de Valdivia.