Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas

“Hoy ganó el medio ambiente. Gracias a una gran defensa frente a estos retrocesos, logramos que una norma que debilitaba la protección de nuestros océanos no siguiera adelante. El Tribunal Constitucional confirmó que las micro-relocalizaciones de centros salmoneros no pueden quedar fuera de la evaluación ambiental. Esta victoria demuestra que defender las protecciones ambientales sí hace la diferencia y que no podemos dejar pasar ningún retroceso en esa materia.

La decisión del tribunal confirma que una distancia de hasta 350 metros no puede, por sí sola, ser utilizada para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos ambientales. Como planteamos ante el Tribunal, en los fiordos y canales de la Patagonia esa distancia puede implicar condiciones ambientales completamente distintas y modificar los impactos de una actividad sobre el ecosistema.

Esta es sin duda una buena noticia para la protección de nuestros océanos y, especialmente, para las áreas protegidas de la Patagonia. La evaluación ambiental debe ser una herramienta preventiva y no puede ser reemplazada por criterios meramente cartográficos.

La resolución también aborda otros aspectos relevantes para la institucionalidad ambiental que implicaban importantes retrocesos en la materia. Entre ellos, el Tribunal declaró inconstitucional la norma que pretendía establecer indemnizaciones cuando un permiso ambiental fuera anulado por la justicia. Se trata de una decisión relevante, porque este tipo de mecanismos podía debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales y generar incentivos para mantener vigentes permisos que posteriormente fueran considerados ilegales, puesto que la alternativa era que el costo de esas decisiones recayera sobre toda la ciudadanía. 

Esperamos conocer la sentencia completa para poder evaluar con precisión todos sus alcances. Sin embargo, lo resuelto hoy entrega una señal muy potente y puede marcar un precedente fundamental frente a los retrocesos ambientales: la protección del medio ambiente no puede ser sacrificada simplemente para acelerar inversiones.

El Tribunal Constitucional puso un límite concreto a normas que debilitaban nuestras protecciones ambientales y reafirmó que existen estándares que deben ser respetados. Hoy quedó demostrado que frente a los retrocesos ambientales, defender lo avanzado sí hace la diferencia”. 

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Author: Prensa Chile

Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas

Para Greenpeace, la exclusión de las denominadas micro-relocalizaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental plantea serias dudas de constitucionalidad, porque reduce una herramienta destinada precisamente a prevenir daños ambientales antes de que ocurran.

Una distancia de hasta 350 metros puede parecer pequeña en un mapa, pero en ecosistemas frágiles -como lo son los fiordos y canales de la Patagonia- puede significar condiciones ambientales completamente distintas, con nuevos impactos sobre el fondo marino, la biodiversidad y la salud general del ecosistema. Por eso, no basta con establecer una distancia al azar para asumir que una relocalización no tendrá impactos relevantes.

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A nuestro juicio, esta exclusión debilita el deber constitucional del Estado de proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza, y puede significar un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados por nuestro país. La protección del medio ambiente debe ser preventiva, lo que implica que si se cambia el lugar donde una actividad genera sus impactos, es necesario conocer las condiciones del nuevo emplazamiento y evaluar sus efectos antes de autorizarlo.

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Por eso, desde Greenpeace esperamos que el Tribunal Constitucional acoja los requerimientos presentados y resguarde que cualquier modificación que pueda generar nuevos impactos ambientales sea debidamente evaluada. No se trata solo de cumplir con un procedimiento: se trata de garantizar el mandato constitucional de prevenir el daño ambiental, proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza.

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En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar recuerda que las ballenas son mucho más que una especie emblemática. Son parte de la memoria, la espiritualidad y el equilibrio del territorio. Una forma de entender el océano que hoy contrasta con las crecientes amenazas que enfrentan estos gigantes marinos en los canales australes.

08 de agosto, 2026. Para algunas comunidades Kawésqar, el mar nunca ha sido solo un paisaje. Es el lugar donde se construye la identidad, donde habita la memoria y desde donde se transmite el conocimiento entre generaciones. En sus aguas se aprende cuándo navegar, cuándo pescar, qué especies respetar y cómo convivir con un territorio cuyos ciclos naturales son la base de la vida.

“Para nuestra comunidad el mar, representa identidad, subsistencia, modo de vida; es una gran energía, el mar son miles de años de recorrido, la memoria recorre cada ola y cada marejada, está en primer lugar por eso lo defendemos“, asegura Leticia Caro, de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

Esa forma de entender el territorio se transmite de generación en generación. Según relata Caro, el conocimiento sobre el mar no se aprende únicamente desde la experiencia cotidiana, sino también a través de relatos que enseñan a observar y respetar los ciclos de la naturaleza. De esa manera, la comunidad distingue qué especies pueden aprovecharse, cuáles deben permanecer intactas y en qué momentos corresponde hacerlo, entendiendo que la subsistencia depende precisamente de mantener el equilibrio del ecosistema.

Más que reglas, se trata de una forma de habitar el territorio. El respeto por los ciclos reproductivos, por los lugares de pesca, por el viento, el oleaje y ciertos sitios considerados sagrados constituye un conocimiento construido durante siglos de convivencia con el mar.

Dentro de esa cosmovisión, las ballenas ocupan un lugar especialmente significativo. Su presencia anuncia cambios en los ciclos naturales, conecta a las comunidades con su historia y forma parte de relatos y ceremonias que han acompañado a algunas comunidades desde tiempos ancestrales. Cuando antiguamente una ballena varaba de manera natural, no solo proveía alimento y materiales para fabricar herramientas, sino que también daba origen a ceremonias donde distintas familias se reunían durante semanas para compartir, descansar y fortalecer los vínculos espirituales con sus antepasados.

“Las ballenas forman parte importante del modo de vida antiguo y actual pues forman parte de los ciclos naturales del territorio; el tiempo de las ballenas trae consigo alimento, historias y conexiones, son espíritus antiguos”, resume Caro.

Desde esa mirada, proteger a las ballenas significa también proteger la historia y la memoria del territorio. No solo porque cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, sino porque representan una forma de relacionarse con la naturaleza que ha permitido a diversas comunidades convivir con ella durante generaciones, incluso en aquellos lugares donde los elementos golpean con más fuerza.

Sin embargo, esa convivencia enfrenta hoy crecientes amenazas. La expansión de la salmonicultura, el aumento del tráfico marítimo y la contaminación han transformado profundamente los canales australes. Según explica la dirigenta, estos cambios han reducido la disponibilidad de especies nativas, deteriorado playas de pesca y modificado incluso las formas tradicionales de vida de las comunidades costeras, obligando a muchas personas a abandonar las actividades de subsistencia.

Es en ese contexto donde adquiere especial relevancia la preocupación por las ballenas que mueren producto de actividades humanas. Hace poco más de un año, la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, junto a Greenpeace, presentó una querella tras el hallazgo de una ballena jorobada muerta y enmallada al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. Para la comunidad, el caso refleja una amenaza que trasciende la pérdida de un ejemplar: representa el impacto que la actividad industrial puede tener sobre especies que forman parte del patrimonio natural y cultural del territorio.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la invitación de la comunidad es también una llamada a mirar el océano desde otra perspectiva: entender que conservar la biodiversidad implica reconocer los conocimientos de quienes han convivido con ella durante siglos.

De ese modo, la invitación de Caro es a unirse a los esfuerzos para proteger el mar: “Aprenderemos que es posible un mundo distinto sin depredación, sin ballenas enmalladas… aprendan lo magnífico que es el mar que nos provee gratis de todos sus parabienes, vengan con nosotros a proteger el mar”.

Defiende a las ballenas

En la actualidad, la cacería sigue siendo una amenaza para estos cetáceos, aunque otras causas ambientales también están afectando su supervivencia.

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Author: Prensa Chile

La organización recurrió al Comité de Ministros para solicitar la revisión de la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, el que estiman no tomó en consideración las observaciones ciudadanas hechas en su tramitación, poniendo en riesgo a todo el cauce ribereño y a comunidades de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

31 de julio, 2026. Greenpeace presentó una reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso. En este documento, la organización sostiene que, al aprobar el proyecto, la autoridad no respondió ni consideró debidamente diversas observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación ambiental, por lo que solicita que esa decisión sea revisada por la máxima instancia político-administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La acción se presentó luego que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), también recurriera al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas por la autoridad ambiental. Para Greenpeace, este hecho confirma que ha sido la propia empresa la que ha prolongado la tramitación del proyecto: primero, al ingresar en 2020 un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser complementado y corregido en reiteradas oportunidades para cumplir con los estándares exigidos por la institucionalidad y, ahora, al impugnar las medidas establecidas por la autoridad para hacerse cargo de esos mismos impactos.

“Nuestra reclamación busca que el Comité de Ministros revise una aprobación ambiental que no se hizo cargo adecuadamente de las observaciones presentadas por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, se produce mientras el propio titular intenta reducir drásticamente las exigencias ambientales establecidas para su proyecto. Eso demuestra que aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva durante su evaluación y que, aun así, sigue representando riesgos relevantes para un ecosistema tan frágil como la cuenca del río Maipo, desde los glaciares hasta su desembocadura en el mar”, señaló Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

La abogada de la organización enfatizó que el país necesita desarrollar proyectos de inversión que impulsen el empleo y fortalezcan la infraestructura estratégica. Sin embargo, sostuvo que ese desarrollo debe ser compatible con la protección ambiental y con una adecuada planificación territorial, especialmente cuando se trata de intervenciones de gran escala sobre ecosistemas de alta relevancia ecológica.

En ese sentido, Greenpeace planteó que la discusión trasciende este proyecto en particular y abrió una pregunta de fondo sobre el desarrollo portuario del país: si Chile requiere concentrar gran parte de su expansión logística en un solo megaproyecto o avanzar hacia un fortalecimiento más equilibrado de la red de puertos existente, reduciendo los impactos ambientales para los distintos territorios.

Las preocupaciones de Greenpeace son compartidas por diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades que también presentaron acciones para la revisión del proyecto, argumentando que sus observaciones no fueron debidamente consideradas y que persisten ilegalidades relevantes sobre la biodiversidad, la salud de las personas y el funcionamiento de la cuenca del río Maipo.

Para las comunidades, evaluar el megaproyecto como una intervención aislada desconoce la interdependencia ecológica entre los glaciares, el río Maipo, su desembocadura y el océano Pacífico. En particular, advierten que la construcción del molo portuario podría alterar el transporte natural de sedimentos, modificar el estuario e incrementar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

“No podemos entender los glaciares como masas de hielo aisladas en la alta montaña. Proteger la naciente helada de la cuenca tiene como fin garantizar que el ciclo hidrológico fluya de cordillera a mar. Si el río Maipo no logra llegar al océano debido a la intervención severa de su estuario y la retención de sus sedimentos, el ciclo ecológico completo de la cuenca se fractura. La salud de los glaciares y la cuenca hidrológica está ética y sistémicamente ligada a que las aguas fluyan y permanezcan libres hasta el Pacífico”, afirmó Constanza Espinoza, representante de Fundación Glaciares Chilenos.

Por su parte, desde ONG Ecosistemas argumentaron que llevan años “resistiendo” la extracción desmedida por diversas industrias, la contaminación y el deterioro del Río Maipo: “Este río es la arteria vital de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Aceptar una RCA que aprueba un molo de 4 kilómetros, sabiendo que actuará como una barrera de sedimentos que provocará el embancamiento de la desembocadura, afectando el ciclo hídrico e incrementará el riesgo de inundaciones en eventos extremos, es condenar al colapso definitivo a una cuenca que ya está al límite, Chile debe pensar en proyectos para su protección y restauración de la cuenca más importante de la zona central vs este tipo de proyectos”.

Para Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, la discusión que abre este proyecto trasciende las acciones presentadas por las diversas organizaciones y comunidades locales, planteando una pregunta de fondo sobre el desarrollo que Chile necesita. “Chile necesita mejorar su infraestructura y logística portuaria y avanzar en proyectos que impulsen el desarrollo del país. Esa discusión no está en cuestión. Lo que debemos preguntarnos es si este es realmente el proyecto que Chile necesita; un proyecto que arrasa con el territorio y con sus funciones ecosistémicas, incluida su enorme relevancia en materia de resiliencia climática, como quedó comprobado con los últimos sistemas frontales; un proyecto que en seis años no ha sido capaz de mejorar sus graves problemas. Vale la pena perseverar con proyectos que amenazan ecosistemas, comprometen la biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades. Creemos que no”, aseguró la abogada

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Author: Prensa Chile

Se cumplen 40 años desde la primera vez que se conmemoró el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Desde entonces, cada 23 de julio -por  iniciativa de la Comisión Ballenera Internacional (CBI)-, se busca generar conciencia sobre la importancia de estos animales que no sólo son maravillas de la naturaleza sino ingenieros ecosistémicos indispensables.

Greenpeace está ligado a la protección de las ballenas desde sus inicios. De hecho, fuimos un actor fundamental para lograr que la CBI decretara, en 1982, una moratoria a la caza comercial que se hizo efectiva cuatro años después (y que esta efeméride recuerda). Este logro tuvo consecuencias muy positivas, como lograr que especies icónicas, como la ballena jorobada, regresaran del borde de la extinción, logrando restablecerse con éxito en varias de sus rutas históricas.

Sin embargo, países como Japón, Islandia y Noruega pasaron por alto la normativa intencional y continuaron con las capturas bajo la implementación de un falso programa científico. Para fines del siglo XX, se estimó que la caza comercial llevó a la desaparición de tres millones de ballenas. 

Considerando que al día de hoy no sólo hay que defenderlos de la caza con arpón, es un buen momento para que sigamos hablando sobre las ballenas y los delfines para conocerlos y entender que sin ellos, no hay clima estable ni océanos saludables.

¿Cuál es la situación actual de las poblaciones de ballenas y delfines? 

Lamentablemente, alrededor de un tercio de las especies de cetáceos del mundo están en peligro crítico. Para entender la magnitud de la amenaza, podemos citar casos extremos como la ballena franca del Atlántico Norte, de la cual quedan menos de 250 ejemplares, o la vaquita marina en México.

En tanto, también las 5 especies de delfines de río (como el delfín rosado del Amazonas o el del Ganges) se encuentran en la misma situación alarmante. Las causas detrás de esta triste realidad son la contaminación y fragmentación de hábitats, que han hecho caer las subpoblaciones por debajo de los 100 individuos.

¿Cuáles son los principales peligros que acechan a ballenas y delfines? 

Son diversos los peligros que acechan a ballenas y delfines, entre ellos la contaminación acústica generada por prospecciones sísmicas que buscan combustibles fósiles en el lecho marino, el choque contra embarcaciones de carga pesada producto del aumento del tráfico marítimo y la ingestión masiva de microplásticos y desechos plásticos que inundan su hábitat. 

La captura incidental en redes de pesca industrial (conocida como  bycatch) es otro gran peligro. Esta causa por sí sola se estima que provoca la muerte de unas 300.000 ballenas y delfines al año a nivel global.

¿Cuáles son las especies de delfines y ballenas que viven en Chile? 

En nuestras aguas podemos encontrar al animal más grande de la Tierra: la Ballena Azul (Balaenoptera musculus).  Tiene sus áreas críticas de alimentación al noroeste de la Isla de Chiloé y el Golfo de Corcovado, donde se han censado al menos 100 individuos. Esta maravilla se ve amenazada principalmente por las colisiones con grandes embarcaciones mercantes y la destructiva industria salmonera.

La Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) frecuenta los canales australes de la Patagonia chilena. Sufre enredos constantes en la infraestructura pesquera y acuícola abandonada.

Otros cetáceos que habitan aguas de Chile son franca austral, jorobada, rorcual común, minke enana, sei, de Bryde, franca pigmea, minke antártica. 

¿Qué se puede hacer para protegerlos? 

Hay que tener en cuenta que las ballenas y delfines recorren los corredores biológicos de América del Sur. Entonces, si queremos cuidarlos de verdad, debemos empezar por proteger sus rutas migratorias, para que puedan desarrollarse y prosperar. Y esto sólo puede lograrse si hay una acción unificada para poner fin a la impunidad corporativa en el mar. 

El Tratado Global de los Océanos, que puede proteger el 30% de las aguas internacionales para 2030, es una herramienta central para cambiar esta historia. En América Latina y el Caribe, sólo han ratificado cinco países: Chile, Cuba, Belice,  Panamá y  Santa Lucía. Desde Greenpeace exigimos la ratificación e implementación efectiva cuanto antes.

Tal vez haya que cerrar diciendo lo obvio, las ballenas y los delfines merecen vivir en un planeta sano -como todos los seres vivos que habitamos este planeta- porque, además de todo, son nuestros aliados. Por ejemplo, las ballenas ayudan a mitigar la crisis climática -la misma que causa la actividad humana- al capturar dióxido de carbono (33 toneladas de CO2 en su cuerpo a lo largo de su vida que, al morir, Bse fija en el fondo marino) y al multiplicar el fitoplancton gracias a sus rutas de alimentación, contribuyendo indirectamente a la producción del 50% del oxígeno del planeta de la atmósfera terrestre.

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Author: Meri Castro

Desde Greenpeace queremos expresar nuestra absoluta preocupación por la forma en que se ha tramitado esta megarreforma, marcada por la improvisación del Ejecutivo y una discusión parlamentaria acelerada, realizada bajo presión y sin el tiempo necesario para un análisis técnico y jurídico acorde con la complejidad de las materias en debate. No sólo se impuso una tramitación extraordinariamente rápida en la Comisión de Medio Ambiente para revisar más de una docena de artículos relacionados con la protección ambiental dentro de este extenso paquete legislativo, sino que, además, el Gobierno ingresó indicaciones sustantivas a última hora, otorgando apenas unas horas a los parlamentarios para conocerlas, analizarlas y votarlas, sin posibilidad de contrastarlas con expertos ni de sostener un debate informado.

Las consecuencias de este proceso quedaron en evidencia durante la votación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuando tres senadores -dos de ellos integrantes de la instancia-, luego de no llegar a acuerdos sobre el mecanismo de presentación de indicaciones, abandonaron la sesión frente a la negativa del Ejecutivo de abrir un espacio de diálogo sobre la gravedad de las disposiciones que estaban siendo sometidas a votación.

Así, bajo una presión impropia para la relevancia de estas decisiones, los senadores debieron resolver en tiempo récord asuntos que tendrán efectos permanentes sobre el patrimonio ambiental del país, las comunidades y las economías locales. Entre ellos, destacan normas relativas a la salmonicultura, modificaciones a la institucionalidad ambiental y la controvertida figura de las denominadas “indemnizaciones” para la industria.

En materia de salmonicultura, resultan especialmente preocupantes las disposiciones sobre micro- relocalizaciones y relocalizaciones en áreas protegidas. La definición de micro-relocalización fue incorporada por el Ejecutivo recién el lunes, al término de la jornada, pocas horas antes de su votación, y continúa generando serias dudas debido a la falta de antecedentes técnicos que la respalden. Desde una perspectiva ambiental, no existen estudios ni proyecciones que permitan evaluar cómo cambiará la dispersión o acumulación de residuos en las nuevas áreas concesionadas; mientras que desde el punto de vista administrativo, tampoco existe claridad respecto de qué concesiones podrán acogerse a este mecanismo ni sobre la carga ambiental adicional que ello implicaría para los ecosistemas.

Igualmente preocupante fue la discusión sobre la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas como reservas nacionales o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), sin considerar el historial de incumplimientos ambientales de las empresas beneficiadas ni los límites de carga de estas zonas. Un ejemplo de ello es la eventual relocalización de al menos nueve concesiones de Nova Austral desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia la Reserva Nacional Kawésqar (segunda área protegida más grande de Chile) pese al extenso historial de infracciones registradas por la empresa en ese parque, que incluye sobreproducción, daño al fondo marino, manejo inadecuado de mortalidades, deficiente gestión de residuos, alteración artificial del fondo marino y ocultamiento de información, entre otras conductas que han derivado en múltiples sanciones e, incluso, en la revocación de varios permisos ambientales.

A ello se suman modificaciones profundamente regresivas para la protección ambiental, como la eliminación de la posibilidad de invalidar Resoluciones de Calificación Ambiental favorables. De aprobarse esta reforma, dejaría de existir un mecanismo fundamental para revisar la legalidad de las resoluciones que aprueban proyectos con impactos ambientales. 

En la misma línea, resulta especialmente preocupante la insistencia del Ejecutivo en incorporar la denominada “indemnización por falta de servicio” -antes presentada como restitución de gastos– para aquellos casos en que una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada judicialmente. La propuesta parte de la premisa de que toda nulidad ambiental constituye un “error del Estado”, trasladando la determinación de las compensaciones a un tribunal arbitral. Esta lógica no sólo desincentiva el control judicial de actos ilegales, sino que además instala un precedente que privilegia la certeza económica de las empresas por sobre la correcta aplicación de la legislación ambiental, y podría permitir que proyectos de menor calidad o derechamente malos sean aprobados y, posteriormente, pagados por todos los chilenos. Es por esto que parlamentarios de oposición ya anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional para revisar esta normativa.

Más allá del contenido específico de cada una de estas disposiciones, lo ocurrido durante esta tramitación evidencia una forma de legislar incompatible con la trascendencia de las decisiones que están en juego. Reformar normas que resguardan el patrimonio ambiental del país exige deliberación, participación de las comunidades, evidencia científica y debate democrático, no votaciones apresuradas ni indicaciones ingresadas a última hora. Cuando se debilitan los espacios de análisis y participación, no sólo se pone en riesgo la calidad de las leyes, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger el interés público y el medio ambiente.

Es por ello que desde Greenpeace hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse sobre el alcance de esta reforma y a exigir a sus representantes un debate serio, transparente y basado en evidencia. Este proyecto aún debe ser discutido en la Comisión de Trabajo, volver a la Comisión de Hacienda y posteriormente ser votado en la Sala del Senado, por lo que todavía existe la oportunidad de corregir aquellas disposiciones que ponen en riesgo la protección ambiental y debilitan las instituciones encargadas de resguardar el interés público.

Chile necesita una legislación que entregue certezas para el desarrollo, pero también garantías para las comunidades, la protección de los ecosistemas y un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo. Nada de eso se consigue con una tramitación apresurada ni con normas que terminan favoreciendo, de manera desproporcionada, a industrias que mantienen un amplio historial de incumplimientos ambientales. Hoy más que nunca, esperamos que el Senado ejerza plenamente su rol, legisle pensando en el bien común y no en intereses particulares, y resguarde un patrimonio natural que pertenece a todas y todos los habitantes del país, así como a las futuras generaciones.

Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

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Author: Prensa Chile

Una encuesta internacional impulsada por Greenpeace revela una alta preocupación ciudadana por el deterioro de los océanos y una demanda clara por más protección marina. Contaminación, sobreexplotación y actividades industriales aparecen entre las principales amenazas identificadas por las personas consultadas en Chile.

08 de junio de 2026. El océano es mucho más que una inmensa extensión de agua. Es el sistema que hace posible la vida en el planeta. Cubre más del 70% de la superficie terrestre, produce cerca de la mitad del oxígeno que respiramos, regula el clima global y absorbe alrededor del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero este equilibrio vital está bajo una presión creciente. La ciencia advierte que el océano se está calentando a una velocidad preocupante: la tasa de calentamiento se ha duplicado en las últimas dos décadas y el contenido de calor oceánico alcanzó nuevos récords durante 2025. Las consecuencias ya son visibles: olas de calor marinas más frecuentes e intensas, aumento acelerado del nivel del mar y alteraciones profundas en los ecosistemas que sostienen la biodiversidad y los medios de vida de millones de personas.

A esta amenaza se suman la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la acidificación y la pérdida de biodiversidad. El océano ha perdido parte de su oxígeno desde la década de 1960 debido al calentamiento y al aporte de contaminantes, mientras ecosistemas fundamentales como praderas marinas, manglares y arrecifes de coral continúan deteriorándose en distintas regiones del mundo. En Chile, un país cuya historia, identidad y economía están estrechamente vinculadas al mar, esta realidad representa uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo.

“Los océanos sostienen la vida, pero hoy enfrentan una presión sin precedentes. Durante décadas se ha tratado a estos ecosistemas como una fuente inagotable de recursos y un espacio disponible para actividades industriales cada vez más intensivas. La evidencia demuestra que ese camino tiene límites y hemos llegado a ellos. Proteger los océanos ya no es una opción: es una necesidad para asegurar el bienestar de las personas, la biodiversidad y las futuras generaciones”, señaló Dominique Charlin, experta en Biodiversidad de Greenpeace.

Ocean Justice: la ciudadanía toma la palabra sobre el futuro del océano

Con el objetivo de conocer cómo las personas perciben el estado de los océanos y las amenazas que enfrentan, Greenpeace Internacional desarrolló la encuesta Ocean Justice en seis países: Chile, India, Reino Unido, Senegal, Sri Lanka y Tailandia. El estudio consultó a seis mil personas sobre los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a actividades como la pesca industrial, el desarrollo costero y el deterioro de la salud marina.

En Chile fueron encuestadas mil personas a lo largo del país, y los resultados muestran una sociedad profundamente conectada con el mar: un 59% de los participantes declaró vivir junto a la costa; de ellos, un 81% reside en ciudades o áreas urbanas y un 19% en zonas rurales. Sin embargo, sólo un 9% señaló trabajar a tiempo completo en actividades ligadas al mar, mientras que un 30% lo hace ocasionalmente y un 13% de manera estacional.

La preocupación por el impacto ambiental de las actividades industriales en los océanos es particularmente alta. Al pedir evaluar en una escala de 1 a 10 (donde 1 es “nada” y 10 “mucho”) en qué medida creen que la explotación industrial de los mares -como la sobrepesca, la industria de harina y aceite de pescado o las pisciculturas- contribuye a la crisis climática, un 38% respondió con la máxima valoración posible (10 o “mucho”), mientras que otro 48% eligió las opciones 7, 8 o 9. En contraste, apenas un 5% consideró que estas actividades tienen una baja incidencia (opciones 1 a la 4).

Los resultados también muestran claridad respecto de las amenazas que afectan la salud de los ecosistemas costeros. La contaminación -por plásticos, químicos y combustibles, entre otros- aparece como la principal preocupación para las personas consultadas (con 62%). Le siguen el agotamiento de las poblaciones de peces (35%), la pesca industrial, incluyendo grandes buques, pesca de arrastre y pisciculturas (31%), y la extracción de combustibles fósiles en el mar (28%). Más atrás se ubican el calentamiento de los océanos (22%), la falta de medidas efectivas de conservación (19%), la minería submarina (14%) y el tráfico marítimo (9%).

“Lo que observamos es una ciudadanía que identifica con claridad las amenazas que enfrentan los océanos y que espera respuestas concretas. Existe una conciencia creciente de que la contaminación, la sobreexplotación y ciertas actividades industriales están deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida y para las comunidades costeras”, destacó Charlin.

La encuesta también consultó quiénes son percibidos como los principales responsables del daño a los océanos. En primer lugar aparece la industria de los combustibles fósiles (36%), seguida por las grandes empresas pesqueras (33%) y los gobiernos que no impulsan leyes suficientes para proteger el mar (27%). También fueron mencionadas las empresas generadoras de residuos (25%), las personas que contaminan directamente el océano (23%), los grandes buques de carga (18%), la industria minera, especialmente la minería submarina (17%), y los países con altas emisiones (13%).

Respecto de las prácticas pesqueras consideradas más dañinas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada lidera ampliamente las menciones con un 61%, seguida por la pesca con dinamita o explosivos (60%) y la pesca de arrastre de fondo (47%). Más atrás aparecen la industria de harina y aceite de pescado (22%) y las redes de deriva o enmalle (18%).

Un mandato ciudadano para proteger el océano

Cuando se consulta por las medidas que deberían impulsar los gobiernos para resguardar la salud de los océanos, las respuestas reflejan una fuerte demanda por mayor regulación y protección. Un 47% considera prioritario hacer cumplir las leyes contra la contaminación marina; un 39% plantea que las empresas contaminantes deben asumir los costos de los daños que generan; un 36% apoya la prohibición de los plásticos de un solo uso; un 33% respalda la creación y protección de áreas marinas; y un 29% cree fundamental fortalecer la educación oceánica.

La señal más contundente surge al preguntar por las prioridades para la gestión de las zonas costeras de Chile. Un 81% de las personas encuestadas afirmó que la conservación marina y la protección de los océanos deben ser la principal prioridad. En comparación, un 41% mencionó la economía y la producción, mientras que un 30% destacó los usos tradicionales y culturales.

“Los resultados entregan un mensaje claro: las personas quieren océanos sanos y esperan que las decisiones públicas estén a la altura de ese desafío. La conservación marina ya no es una demanda de especialistas o de organizaciones ambientales; es una prioridad ciudadana. Hoy existe una oportunidad histórica para avanzar en soluciones que protejan nuestros ecosistemas marinos y aseguren un futuro más justo y resiliente para quienes dependen de ellos”, concluyó Charlin.

La encuesta también mostró cuáles son las voces que generan mayor confianza para abordar los temas oceánicos. Los científicos encabezan la lista con un 53%, seguidos por pescadores y comunidades costeras (39%), organizaciones internacionales de la sociedad civil (27%) y vecinos de zonas costeras, como guías turísticos (25%). Una señal de que la ciudadanía busca respuestas basadas en evidencia, experiencia territorial y compromiso con la protección del mar.

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Author: Prensa Chile

Pese a ser uno de los primeros países del mundo en ratificar el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas, poco se está haciendo en la actualidad para proteger y conservar los ecosistemas marinos, claves para el desarrollo económico, social y cultural nacional.

05 de mayo, 2026. Con más de 4.000 kilómetros de costa continental -y sobre los seis mil si se consideran fiordos, canales e islas-, el mar forma parte esencial de la base ecológica, económica e incluso cultural del país. Tal es su relevancia en la vida nacional que en Chile se le dedica un mes completo: mayo, reconocido como el Mes del Mar.

La importancia del mar para las economías, la seguridad alimentaria y la identidad de cientos de comunidades que habitan en la costa chilena es enorme. Pero esta gran extensión de territorio costero y marítimo no sólo presenta enormes oportunidades para la población, sino también importantes desafíos que debemos resolver de manera cada vez más urgente.

La sobreexplotación pesquera, la acuicultura (especialmente la salmonicultura), la contaminación marina (petróleo, plásticos, descargas industriales y urbanas), la acidificación de los océanos, la crisis climática y el calentamiento de los mares y la pérdida acelerada de especies son algunas de las principales amenazas que hoy enfrentan los ecosistemas marinos en Chile y donde se requiere una respuesta contundente y con sentido de urgencia desde las autoridades.

“Nuestra sociedad tiene una alta dependencia de sus océanos, por lo que si estos ecosistemas colapsan se pierden empleos, ingresos y estabilidad económica, lo que afecta directamente a las comunidades locales, y también a toda la economía nacional”, asegura Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace Chile. 

Es por esto que, a juicio de la especialista, cuesta entender la falta de acción del Estado chileno en torno a medidas de preservación y conservación oceánica: “Chile fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas, lo que representó un importante hito para la protección de la diversidad de nuestros océanos. Sin embargo, pese a que urgen señales y medidas concretas que avancen en la conservación de los ecosistemas marinos, sobre todo considerando la situación actual de degradación de los océanos de Chile y el mundo, tras la firma del tratado no se ha avanzado con la celeridad que se requiere”, explica Espinosa.

La salmonicultura, la segunda industria exportadora de Chile, se ha convertido también en una de las mayores amenazas para la preservación de los ecosistemas marinos, especialmente en la Patagonia. Su expansión ha dejado impactos significativos, como contaminación de fondos marinos, pérdida de biodiversidad, uso excesivo de antibióticos, escapes de especies exóticas, mala gestión de residuos y reiterados incumplimientos ambientales. “Lejos de ser hechos aislados, estos problemas reflejan un patrón recurrente, fuertemente asociado a la presión por maximizar la producción en entornos ecológicamente frágiles, incluso dentro de áreas protegidas, lo que vuelve urgente tomar conciencia sobre los riesgos que enfrentan tanto los ecosistemas como las comunidades costeras con su presencia”, puntualiza la vocera.

Para Espinosa, la situación de la comuna de La Higuera y el proyecto minero portuario Dominga es igualmente crítica: un proyecto de inversión que se tramita desde hace más de una década, que ha sido rechazado en múltiples ocasiones, con una línea base absolutamente obsoleta, pero que sigue presionando por la vía judicial para poder llevarse a cabo, y que de ejecutarse podría empujar a especies emblemáticas a la extinción (como el pingüino de Humboldt), afectando seriamente no sólo este ecosistema, sino también la calidad de vida de la comunidad local, dedicada a la pesca artesanal y el turismo.

“En este contexto, es fundamental que el Gobierno no solo avance en planes ambiciosos de conservación marina y costera -algo que, hasta ahora, no parece estar en el programa del Ejecutivo- sino que también revise críticamente aquellas iniciativas que pueden ir en sentido contrario. Propuestas como facilitar las relocalizaciones de la salmonicultura en la Patagonia o la promoción de proyectos de inversión que podrían ser destructivos -como Dominga- tensionan seriamente los esfuerzos de protección ambiental en ecosistemas ya altamente degradados. La coherencia entre desarrollo y conservación no es opcional: es una condición indispensable para resguardar el futuro de los mares y las comunidades que dependen de ellos”, concluye la especialista de Greenpeace.

Defiende a las ballenas

En la actualidad, la cacería sigue siendo una amenaza para estos cetáceos, aunque otras causas ambientales también están afectando su supervivencia.

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Author: Prensa Chile

Día Mundial de los Pingüinos: desde la organización advierten que es urgente que el Ejecutivo reingrese el decreto que declara a esta especie Monumento Natural, y que haga todo lo posible para protegerla.

25 de abril, 2026. Greenpeace hizo un nuevo llamado al Ejecutivo a reingresar el decreto que declara al Pingüino de Humboldt Monumento Natural (D.S.13), retirado el pasado 12 de marzo por el Ministerio de Medio Ambiente junto a otros 42 decretos ambientales, y aseguró que de ello depende la continuidad  de esta especie. 

“Preocupa la falta de premura con la que opera el Ejecutivo en esta materia. Parece olvidar que el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt habita en Chile y que su situación de conservación se ha agravado fuertemente en el último periodo debido a las múltiples amenazas que enfrenta, la mayoría de ellas de origen humano”, asegura Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

Según explica la vocera de Greenpeace, entre los principales riesgos que ponen en peligro de extinción a esta especie destacan la degradación y alteración de su hábitat por el desarrollo urbano, minero e industrial en zonas costeras e islas donde nidifica; la reducción de su alimento producto de la sobrepesca; la captura incidental en redes de pesca; la contaminación marina por plásticos y otros contaminantes, y los efectos de la crisis climática, que modifican corrientes y temperaturas del océano y reducen la disponibilidad de presas. “Estas amenazas, sumadas al impacto de la influenza aviar, han llevado al pingüino de Humboldt a una caída sin precedentes. Tras una reducción del 63% en sus principales colonias en los últimos tres años, hoy quedan menos de 2.000 parejas reproductivas en Chile, muy lejos de los 23.800 individuos maduros reportados por la UICN, evidenciando una situación crítica que requiere medidas urgentes de protección”, puntualiza la experta.

En esta línea, Espinosa advierte que también es necesario acelerar el reingreso de un segundo decreto retirado de su tramitación en Contraloría en marzo pasado, que aprueba y oficializa el 20º Proceso de Clasificación de especies según estado de conservación (D.S.41),una herramienta clave para identificar qué especies están en mayor riesgo en el país y priorizar decisiones de protección y asignación de recursos en biodiversidad.

La vocera de la organización ambiental refuerza que desde esta realidad se desprende la necesidad de adoptar decisiones con un enfoque preventivo y de largo plazo y recuerda que fue un meticuloso estudio científico el que determinó que era necesario el cambio de la categoría de protección del pingüino de Humboldt a ‘En Peligro’, lo que implica que el margen de error para la especie es mucho menor y que cualquier nueva perturbación puede empujarla hacia “En Peligro Crítico” o incluso a la extinción.

“Hoy, el Ejecutivo tiene en sus manos evitar la extinción del pingüino de Humboldt. La comunidad científica lleva años reportando la disminución y extrema vulnerabilidad de esta especie, francamente cuesta entender la falta de premura del Ministerio de Medio Ambiente para actuar en esta materia. Hubiéramos esperado la misma agilidad que se mostró con la Ranita de Darwin”, puntualiza Espinosa, en referencia a la rápida reintegración del decreto que aprobaba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de esa especie. 

En este contexto, el potencial desarrollo del Proyecto?Dominga en esta área adquiere una dimensión aún más crítica, ya que la instalación de infraestructura portuaria, el aumento del tráfico marítimo, la alteración de rutas de alimentación y los consecuentes disturbios en sus colonias podrían agravar aún más la situación del pingüino de Humboldt. “Nos preocupa que la definición del gobierno en esta materia responda a la defensa de intereses privados. Eso sería tremendamente grave, considerando que el Estado de Chile tiene deberes legales, constitucionales e internacionales respecto de la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción. No se trata de esfuerzos ‘voluntarios’, sino que existen obligaciones concretas de prevenir daños, conservar biodiversidad y recuperar especies en riesgo”, sostiene la experta.

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Activistas de Greenpeace corrieron caracterizados de esta ave en un esfuerzo por llamar la atención sobre la relevancia de reingresar el decreto ambiental que declara a esta especie “Monumento Natural”.

26 de abril de 2026. Con mensajes como “Que el retroceso ambiental no gane esta carrera” o “Pingüino de Humboldt Monumento Natural”, activistas de Greenpeace captaron todas las miradas este domingo 26 de abril en la Maratón de Santiago, una de las principales citas deportivas del país. 

Caracterizados con poleras blancas y negras, máscaras de pingüinos de Humboldt y letreros con mensajes que apelan a la importancia de reingresar el decreto que declara a esta especie en peligro de extinción “Monumento Natural” -retirado por el Ejecutivo de su trámite de toma de razón en Contraloría en marzo pasado- los voluntarios corrieron la maratón simulando ser una colonia de pingüinos en pleno Santiago, a la vez que invitaron a los demás corredores y asistentes a informarse sobre los riesgos que enfrenta esta especie endémica de nuestro país. 

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Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, explica que el mundo ambiental se ha activado por la protección de esta especie, luego que el actual Gobierno retirara el decreto que declara al Pingüino de Humboldt Monumento Natural (D.S.13) el pasado 12 de marzo, junto a otros 42 decretos ambientales, y asegura que de su reingreso y las medidas que de esta declaración se desprendan depende la continuidad  de esta especie.

“Preocupa la falta de premura con la que opera el Ejecutivo en esta materia. Parece olvidar que el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt habita en Chile y que su situación de conservación se ha agravado fuertemente en el último periodo debido a las múltiples amenazas que enfrenta, la mayoría de ellas de origen humano”, asegura Espinosa.

En esta línea, la vocera de Greenpeace advierte que también es necesario acelerar el reingreso de un segundo decreto retirado de su tramitación en Contraloría en marzo pasado, que aprueba y oficializa el 20º Proceso de Clasificación de especies según estado de conservación (D.S.41),una herramienta clave para identificar qué especies están en mayor riesgo en el país y priorizar decisiones de protección y asignación de recursos en biodiversidad.

“Hoy, el Ejecutivo tiene en sus manos evitar la extinción del pingüino de Humboldt. La comunidad científica lleva años reportando la disminución y extrema vulnerabilidad de esta especie, francamente cuesta entender la falta de premura del Ministerio de Medio Ambiente para actuar en esta materia. Hubiéramos esperado la misma agilidad que se mostró con la Ranita de Darwin”, puntualiza Espinosa, en referencia a la rápida reintegración del decreto que aprobaba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de esa especie. 

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