En Tumbes, un pueblo en el sur de Chile, las redes de pesca de plástico desechadas están abarrotadas entre los autos estacionados y los puestos del mercado; evidencia de un problema global de desechos que la ciudad está trabajando para resolver.

Hasta hace poco, la mayoría de las redes de pesca desechadas en este poblado costero eran arrojadas directamente al mar, lo que contribuyó a la crisis masiva de contaminación plástica que está asfixiando los océanos del planeta.

“Si tienes una red rota, la arrojas en cualquier lugar que puedas”, dice Ramón Maldonado, un pescador en Tumbes.

Pero una startup llamada ‘Bureo’, fundada por tres surfistas norteamericanos, está colaborando con pescadores -como Maldonado- para mantener cientos de toneladas de redes desechadas fuera del océano cada año.

Las redes se clasifican, limpian y cortan en el almacén de ‘Bureo’ en Concepción, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de Tumbes. Aquí se convierten en gránulos de poliéster y nylon 100% reciclados, llamados NetPlus, que se venden a las empresas como una alternativa sostenible a los plásticos de primer uso.

Hoy en día, NetPlus se utiliza en las alas de los sombreros de la marca ‘Patagonia’, las piezas de bicicleta ‘Trek’, las sillas de oficina ‘Humanscale’ e incluso en los juegos Jenga sostenibles.

‘Bureo’ se une a docenas de iniciativas que abordan una cuestión ambiental urgente: ¿cómo tratar la presencia del plástico en el océano? ¿Podemos enfrentar el problema sin reducir el uso de este elemento?

8 MILLONES DE TONELADAS

Si bien es difícil medir exactamente cuánto plástico se ha acumulado en los océanos del mundo, se estima que 8 millones de toneladas de nueva contaminación plástica ingresan a los océanos cada año.

La industria petrolera está invirtiendo en un gran aumento de la producción del material, que se espera que crezca 40% para 2030. Los estudios también han demostrado que la proliferación de “plástico de un solo uso” está acelerando el cambio climático, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa de su ciclo de vida.

Si las tendencias actuales continúan, para 2050 podría haber más plástico en el océano que pescado (cuantificado en peso), según la Fundación Ellen MacArthur.

Northern Point, Girlfriend Collective y Rothy’s son empresas en ciernes que producen ropa completamente de plásticos oceánicos. Marcas más grandes como Nike, Adidas y Fjallraven también lanzaron prendas de plástico oceánico reciclado.

La industria del plástico impulsó durante mucho tiempo el reciclaje como la solución a la contaminación. En realidad, menos del 10% del plástico producido en los Estados Unidos cada año se recicla. Esto se debe, en parte, a que es difícil hacer que las iniciativas de reciclaje sean rentables; como ‘Bureo’ aprendió -de primera mano- cuando intentaron producir patinetas sostenibles en 2013.

“El plástico oceánico no es un tipo de plástico que pueda usarse para productos de alto valor, se mezcla y degrada y necesita ser separado”, dice David Stover, quien fundó ‘Bureo’ junto a Ben Kneppers y Kevin Ahearn.

Los productos duraderos deben estar hechos de sustancias de calidad. Vadear a través de masas de basura oceánica y obtener material clave consume mucho tiempo y es económicamente agotador.

COMPAÑÍA

La compañía se reunió con científicos y comunidades costeras en Chile para examinar diferentes materiales. Descubrieron que, en lugar de plásticos más pequeños, como botellas y anillos de seis paquetes, las comunidades costeras estaban especialmente cargadas por las redes de pesca que se acumulaban en las playas.

Las redes representan el 10% de los plásticos del océano, según un informe de las Naciones Unidas. Pesados ??y engorrosos, ahogan a los mamíferos terrestres y contaminan los fondos marinos y las playas; y los pescadores en Chile estaban desesperados por deshacerse de ellos.

“Era una carga y no tenían solución”, dice Kneppers.

Kneppers pasó dos años viviendo en aldeas costeras chilenas, trabajando directamente con los pescadores para descubrir cómo recolectar y procesar las redes. ‘Bureo’ compensa a los pescadores artesanales por su colaboración, mientras que las embarcaciones industriales pueden obtener certificaciones ambientales al participar.

DESAFÍO

Sin embargo, frenar la producción mundial de plástico puede ser el desafío más grande, especialmente dado el probable aumento de los nuevos plásticos baratos como resultado de la caída de los precios del petróleo.

“Reemplazar los plásticos vírgenes en el mercado con materiales reciclados es importante para llegar a una economía circular”, dice Luisa Santiago, quien dirige las operaciones latinoamericanas en la Fundación Ellen MacArthur. El objetivo final, enfatiza, debe provenir de soluciones que erradiquen la producción de desechos, en lugar de confiar en él. “No podemos reciclar para salir del problema”.

Mientras tanto, ‘Bureo’ está haciendo mella en el problema de los desechos netos de Chile. La instalación de Concepción procesa 800 toneladas de redes anualmente, registrando 2 millones de libras de plástico crudo reciclado hasta la fecha. Alcanzaron rentabilidad en 2019.

El equipo ha escalado la producción, lanzando sitios en Perú y Argentina. También firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria de la Pesca Comercial de Chile, y están en camino de reciclar el 100% de los desechos netos capturados en el país.

Todas las alas de sombrero de la marca ‘Patagonia’ ahora usan Netplus, que representa 60 toneladas de material reciclado. Matt Dwyer, quien dirige el equipo de innovación y desarrollo de materiales de ‘Patagonia’, dice que los sombreros son solo el comienzo.

Fuente: El Naveghable

Pese a que algunas personas querían comerse al animal, miembros del Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos (Cifamac) de Mejillones y el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA), junto al apoyo de Carabineros, lograron salvaguardar el cadáver y con autorización de Sernapesca realizar la necropsia para determinar la causa y condiciones de muerte.

Tras dos día de trabajo, el Cifamac confirmó que se trataba de un delfín macho subadulto de 1.76 metros de longitud y pesaba 58.6 kilogramos

Una de las tesis de los investigadores es que el delfín habría muerto producto de la pesca con dinamita, que “es un secreto a voces en el balneario Juan Lopez. La utilizan para pescar dorado, provocando una intensa explosión en el fondo marino, que no solo mata los peces, sino toda la fauna del ecosistema marino como este pobre delfín”, afirmó Cifamac.

La necropsia señala que el animal “presentaba sangre en sus oídos e intensa hemorragia interna (…) los pulmones presentaban una fuerte hemorragia y también agua de haberse ahogado. El resto de órganos estaban con fuerte hemorragia, su estómago vacío tan solo contenía restos de arena del mismo varamiento”.

Según Cifamac, “esto indica que el animal anduvo varios días desorientado y sin poder alimentarse producto probablemente de la explosión. No había presencia de parásitos internos.

El Centro de Investigación de Fauna Marina y Avistamiento de Cetáceos hizo un llamado a las autoridades para investigar la situación y “dar fin a este tipo de pesca prohibido a nivel Nacional e Internacional”.

Fuente: 24horas.cl

Organización de pescadores que agrupa a unos 50 mil hombres y mujeres de la pesca de pequeña escala comenzaron a participar en las discusiones que implementa la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Aseguran que la privatización de las pesquerías significará el fin de la actividad pesquera artesanal. Frente a la solicitud, los diputados informaron que el retiro del proyecto de ley es solo de facultad del gobierno. Los pescadores además solicitan que se elabore una ley exclusiva para el sector artesanal. En la fotografía aparecen los pescadores de Magallanes y Aysén, junto a la diputada Carolina Goic.

La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales, presidida por el dirigente de la Región del Bío Bío, Nelson Estrada, se declaró en estado de alerta y exigió al gobierno que retire del parlamento el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, argumentando que su ejecución significaría “la muerte” de la pesca artesanal, porque entrega en propiedad los recursos de todos los chilenos al sector empresarial y profundiza la desigualdad social.

Dirigentes de esta agrupación de las Regiones de Aysén y Magallanes expusieron sus demandas ante la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, que sesionó este lunes 2 de abril en el Congreso de Santiago. En la cita los pescadores demandaron además la presentación de un proyecto de ley exclusivo del sector artesanal y el cierre de las 5 millas marinas de Chiloé al sur a los barcos industriales y que sea declarada como un área de protección de los recursos pesqueros.

En la exposición ante los diputados, el presidente de la Comisión Nacional Sur de Armadores y Pescadores Artesanales de Magallanes, Fernando Carmona, dijo que “estamos exigiendo el retiro del proyecto de ley de pesca porque privatiza los recursos pesqueros en desmedro de los intereses del sector artesanal y de las comunidades costeras”.

Para el dirigente, “esta iniciativa debe ser discutida a nivel regional porque no se puede trabajar detrás de un escritorio. Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, la pesca artesanal muere en menos de dos años”.

Carmona informó que están gestionando una reunión con el ministro de Economía, Pablo Longueira, luego de declarar interlocutor no válido al Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. El último acercamiento con Galilea se realizó el viernes 30 de marzo en Aysén, donde los pescadores artesanales de esta región austral no aceptaron las ofertas entregadas por este funcionario público y exigieron el retiro inmediato del cuestionado proyecto de Ley. Los pescadores artesanales indicaron que sólo tras esta condición, será posible reanudar las conversaciones.

Al respecto, el dirigente de la pesca artesanal de la región de Aysén, Honorino Angulo, aseguró que “al Subsecretario de Pesca le hicimos entrega de un acta del sector exigiendo el retiro del proyecto de ley. Queremos ser parte de la discusión de un nuevo proyecto con indicaciones referidas a nuestra región, porque por ejemplo tenemos pesquerías intocables, como la sierra, la corvina, los recursos pelágicos. Además solicitamos que el registro artesanal no se cierre para que nuestros hijos tengan derechos a esos recursos”.

PARO NACIONAL DE PESCADORES

Tras la reunión en el Congreso en Santiago, el presidente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales, Nelson Estrada, dijo que “vamos a convocar a un paro nacional si no se acoge la demanda del sector de retirar el proyecto de ley de pesca para poder consensuar una Ley que sea exclusiva para el sector de la pesca artesanal. Este proyecto es un traje a la medida de los industriales”.

Según el dirigente, “la Subsecretaría de Pesca se encuentra intervenida por la industria pesquera. Los que representan al gobierno en esta discusión trabajan para la industria. Es el caso de la abogada María Alicia Baltierra”.

“El acuerdo de 50 mil pescadores es no retomar el diálogo con el Subsecretario Pablo Galilea, porque anda repartiendo proyectos por todas las regiones, comprando conciencias con plata de todos los chilenos”, agregó el dirigente.

Estrada afirmó que “la mayoría de las autoridades de este gobierno son gerentes que no entienden la realidad del pueblo. El presidente Piñera fue elegido democráticamente y tiene que actuar como tal y no como un dictador”.

NO QUEREMOS DESAPARECER COMO PESCADORES

Por su parte Cosme Caracciolo, dirigente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales en la Región de Valparaíso, dijo que “50 mil pescadores están exigiendo al gobierno el retiro del proyecto de ley, porque fue inconsulto y se mantiene la distribución de los recursos, es decir los industriales en forma eterna se apropiarían del 90% del jurel y el 60% de la merluza”.

Caracciolo agregó que “esta forma de explotación irracional donde se pone de manifiesto primero la utilidad económica de las grandes empresas antes que la conservación de los recursos, va a provocar que las pesquerías desaparezcan en poco tiempo. Esta es la última batalla de la pesca artesanal, si la perdemos desaparecemos y nos negamos a morir. Si vamos a desaparecer lo haremos pelando en la calle”.

Frente a la demanda de los pescadores para que se retire este proyecto de Ley, el diputado Jorge Ulloa (UDI), que actuó como presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados (en reemplazo del diputado Sergio Bobadilla), dijo que el retiro del proyecto de ley de su tramitación en el Congreso era facultad exclusiva del Gobierno. De los 13 diputados que conforman esta comisión, solo asistieron cinco a la sesión parlamentaria

Según la seremi de Salud, Ana Bonell, “se encontraron muchos peces muertos y algunos agonizando, de distinto tamaño. Sacamos muestras de los peces y del agua, para efectuarles análisis”, sostuvo, al tiempo de explicar que no es posible determinar una causa para el fenómeno sin los resultados de tales estudios.

“En su mayoría se trató de carpas y lisas, más algunos jureles”, indicó el director regional de Sernapesca, Eugenio Bruce.

Dado que las dos primeras especies habitan preferentemente en el mismo estuario del río, el agente químico o físico que provocó la muerte debió estar presente en el agua del río. Sin embargo, el Elqui presentaba niveles normales de oxígeno en el agua.

La titular regional de Salud agregó que se estudia una presunta vinculación de este hecho con una descarga de aguas servidas ocurrida el 27 de mayo a unos 300 metros río arriba, desde un ducto de la empresa sanitaria local, Aguas del Valle. Esto aunque la posible relación entre ambos acontecimientos queda en duda a raíz del tiempo transcurrido entre uno y otro.

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLEMICA POR LOS ANTIBIOTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

En abril pasado el Juzgado de Garantía de Talcahuano formalizó la investigación en contra de tres ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a raíz de la emergencia ocurrida el 25 de mayo de 2007. Los ejecutivos enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que genere daños en los recursos hidrobiológicos.

Los pescadores artesanales de Chaitén y sus alrededores han manifestado su preocupación por la contaminación de las aguas marinas producto de la caída de cenizas en la zonas tradicionales de pesca.

“Este es un impacto que nos tiene muy preocupados, porque los caladeros históricos donde hemos trabajado ya están sufriendo algunos efectos y los peces se han corrido de lugar hacia el mar exterior y la flota está preparada sólo para operar en aguas interiores”, informó el dirigente de los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos, Eric Vargas.

El dirigente manifestó que los efectos de la erupción del volcán Chaitén están dañando más allá de los 50 kilómetros fijados por la autoridad como área de exclusión de la “zona cero”, donde no se puede operar, “sino que también hay muchos efectos colaterales en muchas comunidades costeras de la provincia de Palena, la comuna de Chaitén, de los sectores de Ayacara, Huila y la península de Comao hasta la comuna de Halaihué”, agregó.

Vargas señaló que muchos pescadores se encuentran en albergues de la isla de Chiloé y Puerto Montt, y que hay un número aproximado de dos mil personas que están aisladas por la falta de medios de transportes y que muchas caletas pesqueras no tienen acceso por tierra, por lo que hizo un urgente pedido a la autoridad para que no los abandonen.

“Esta situación la queremos hacer ver en los comités de emergencia para que no nos abandonen en las caletas que muchas veces no tienen accesos por caminos y que sólo se accede por vía marítima”, aseveró.

Vargas también manifestó su preocupación que debido a los vientos, corrientes y mareas la mancha de cenizas se expanda hacia otros sectores de Chiloé y del Golfo de Ancud que dependen mucho de la pesca.

Finalmente, dijo que la magnitud del impacto en el sector pesquero artesanal se va a apreciar en aproximadamente dos meses más.

Fuente: La Tercera.

La Subsecretaría de Pesca se adelantó a todos. El pasado 8 de enero, la Comisión de Medio Ambiente del Senado le encargó a esa repartición trabajar en un reglamento que proteja a las ballenas. La tarea está casi hecha.

Durante estos tres meses, el organismo se abocó a la adecuación del decreto 225-95 que protege a los cetáceos hasta el año 2025 para hacerlo extensivo en el tiempo. El documento debiera ver la luz esta semana. Durante la siguiente, el ministro de Economía Hugo Lavados le pondrá la firma para luego ser publicado en el Diario Oficial.

La norma prohibirá la captura, con resultado de muerte, o retención de animales vivos, exceptuando de esta medida la captura y retención de ejemplares vivos para su mantención en cautiverio exclusivamente dentro del territorio nacional, y para investigaciones de carácter temporal o rehabilitación de animales enfermosos o heridos. Así también podrán ser capturados en el marco de planes de recuperación de especies en peligro de extinción o con poblaciones muy disminuidas, asociadas a programas de reinserción al ambiente natural.

Santuario a la vista

Las ONG Centro de Conservación Cetácea (CCC) y Ecoceanos, y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) quieren seguir de cerca la confección del documento que creará un Santuario de Ballenas. “Demasiadas manos echan a perder la sopa”, comenta Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos. “Queremos un texto legal específico y corto posible, que sea fácil de aplicar. Cuando se le agregan elementos, es para interpretar. Eso no es bueno”.

Para ese objetivo, ayer se reunieron con la ministra Uriarte y le solicitaron trabajar juntos en el borrador. Objetivo logrado: tienen cita el martes en el ministerio. “Vamos a estar siguiendo este tema”, advierte Cárdenas.

La creación de un santuario no es sólo cosa de las ONG. La CCC dio a conocer un estudio a 1.282 personas encargado a Adimark-Gfk donde se demuestra que la preocupación por las ballenas está “in”: 97% se muestra a favor de la creación de un santuario para ballenas; el 99% quiere una ley que prohíba para siempre su caza. Más: El 81% de los encuestados sabe que existen leyes en Chile para proteger a las ballenas de la caza y el 71% cree que la conservación de las ballenas debiera ser tema de la agenda ambiental para las próximas elecciones.

Los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Baldo Prokurica (RN), presentes en la entrega de la encuesta, comprometieron una ágil tramitación del proyecto y lanzaron duras críticas a Japón por insistir en la caza de cetáceos. Prokurica apuntó a la norma de TV digital. “Le planteamos públicamente al gobierno que no tome la norma japonesa porque se trata de un país que vulnera las normas internacionales sobre las ballenas.

El ejecutivo indicó que “es un accidente industrial y tiene un impacto porque nosotros no deberíamos estar vertiendo ningún líquido al río, cumpla éste o no con la norma, y hay un incumplimiento. Pero el impacto ambiental no se va a producir, porque se hizo una limpieza en la zona donde se derramó, y porque la cantidad de efluente que cayó, producto del caudal del río, desaparece instantáneamente”.

En entrevista con radio Agricultura, Kimber manifestó que “hay que aclarar que son eventos muy distintos. Los eventos que sucedieron hace un par de semanas atrás tenían relación con la puesta de marcha de una planta de celulosa de Licancel, en la cual sucedió una serie de anomalías y se descubrió al mismo tiempo la mortandad de peces río abajo. Lo que ha sucedido ayer es un lamentable accidente en un momento totalmente inesperado y muy poco oportuno”.

El ejecutivo reiteró que la empresa decidió paralizar indefinidamente el funcionamiento de la planta Licancel, y que asumirán la responsabilidad que les cabe en ambos incidentes.

“La imagen nos preocupa mucho y tenemos que tomar medidas duras como lo fue detener el funcionamiento de la planta, el despido de tres ejecutivos o ahora el anuncio de la suspensión o cierre indefinido hasta que implementemos nuevas tecnologías”, señaló.

Señaló además que la planta estaba cumpliendo la prohibición de funcionar decretada por las autoridades y que hasta antes del segundo vertido, sólo se realizaban labores de tratamiento de líquidos para mantenerlos neutralizados.

Ante la posibilidad de nuevos derrames, Kimber indicó que “se ha trabajado junto con la autoridad, para que si hay exceso de lluvia que ponga en riesgo los niveles de estas lagunas se tomen medidas de emergencia a objeto de prevenir cualquier desastre al interior de la planta que pueda impactar al río”.

Fuente: www.latercera.cl

G. ORELLANA y M. TERESA SOLINAS

Reconociendo la existencia de “graves anomalías” en la operación de su planta Licancel, el gerente general de Celulosa Arauco, Matías Domeyko, salió a enfrentar personalmente el serio conflicto ecológico que atraviesa la firma tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el río Mataquito, Región del Maule (VII), las que son atribuidas al funcionamiento de dicha planta, que descarga sus residuos precisamente en ese curso fluvial.

La primera determinación de Domeyko fue separar de sus puestos al gerente de planta de Licancel, Eduardo Quezada, al subgerente de operación, José Bello, y su subgerente de Medioambiente, Carlos Valenzuela.

Estos tres ejecutivos, según reconoció el gerente de asuntos corporativos y comerciales de Celulosa Arauco, Charles Kimber, ocupaban cargos de directa relación con la operación de la cuestionada planta.

Kimber reconoció que, efectivamente, los resultados preliminares que arrojan los estudios de la empresa sobre la situación detectaron una serie de anomalías e incumplimientos de los procedimientos, pero aún no hay información concluyente que determine que la operación de Licancel es la responsable de la muerte de peces en Mataquito.

“Lo que se está reconociendo es que los procedimientos internos de la compañía no fueron respetados”, dijo el ejecutivo.

Recuperación del río

Domeyko, además, informó que el actual gerente del área Celulosa del brazo forestal del grupo Copec, Jorge Garnham, encabezará la intervención que Celulosa Arauco hará de la planta industrial, que tiene como desafíos inmediatos terminar la investigación interna y concretar la regularización del funcionamiento de la planta.

La empresa también iniciará un programa de recuperación de las aguas del río Mataquito, en coordinación con las autoridades locales. Esto, según explicó el ejecutivo, “a pesar de que aún no se han emitido los informes técnicos” que establecen las causas del desastre ecológico.

Tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el mencionado curso fluvial, tanto la empresa como los entes fiscalizadores -como Corema y Seremi de Salud- iniciaron sendas investigaciones para determinar las causas del fenómeno.

El pasado domingo, la Seremi de Salud del Maule prohibió el funcionamiento de la planta Licancel debido a que, a su juicio, existen una serie de antecedentes que dejan de manifiesto que fueron los derrames de residuos industriales líquidos los que provocaron la mortandad de peces. Además, una inspección efectuada el pasado viernes por la directora regional de la Conama, Mónica Rivera, detectó la presencia de ductos no autorizados para descargar riles.

La empresa sostuvo que esos ductos estaban cerrados.

Operación suspendida

Además de la investigación que inició la empresa para determinar las causas de la muerte de los peces del río Mataquito, Celulosa Arauco decidió no retomar las operaciones en la planta de Licancel, lo que estaba programado para estos días, al menos en su fase de “marcha blanca”.

La empresa anunció, además, que se hará cargo de la asistencia económica a los pescadores del río Mataquito, sobre quienes pesa una prohibición de ejercer su actividad.

INTERVENCION

LA EMPRESA dejó a su gerente del área Celulosa, Jorge Garnham, al mando de Licancel.
Discrecionalidad y falta de normas claras marcan la realidad chilena en materia de contaminación de las empresas
Las normativas que regulan las emisiones de sustancias contaminantes en Chile son escasas. Es por eso que las ONG ambientalistas tienen en la mira a las empresas y las sanciones que éstas reciben por parte de las autoridades.

Existen casos, como la contaminación que afectó al río Loa, en que la resolución de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decretó no ejercer acciones contra Codelco ni empresa alguna, ya que según el informe de ese organismo “no se lograron reunir antecedentes que permitieran imputar responsabilidad”.

La minera estatal estuvo en medio de la polémica cuando un decreto supremo -cuya legalidad fue reconocida recientemente por el Tribunal Constitucional- le concedió, a la División El Teniente, la posibilidad de emitir sustancias por sobre los niveles máximos permitidos a otras empresas. Según Samuel Leiva, de Greenpeace, la situación se debe a que “las empresas estatales no sufren la misma fiscalización que las privadas y tampoco cumplen con los estándares internacionales”.

Otro ejemplo es la Empresa Sanitaria de Antofagasta. En sólo cinco años, desde 2002, se le han cursado 12 sumarios sanitarios, los cuales le han significado multas que van desde 50 a 1.000 UTM. El abogado Fernando Dougnac, quien hoy presentará un recurso de protección en contra de la entidad, señala que la falta de normas duras provoca que muchas veces las empresas prefieran pagar multas.

También difieren las decisiones de las empresas que reconocen anomalías. Por ejemplo, Enap asumió el costo de limpieza por el reciente derrame de petróleo en Talcahuano, pero aún no ha definido responsabilidades individuales, a diferencia del caso de Licancen.

Fuente: www.elmercurio.cl