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Gobierno no frenará expansión salmonera

Gobierno no frenará expansión salmoneraLa comisión gubernamental creada para abordar la crisis salmonera tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Los ambientalistas piden frenar el crecimiento de esta industria para hacer mejorías de fondo en este sector. 

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLEMICA POR LOS ANTIBIOTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

Sernapesca y Fundación Terram presentan dispar balance en torno al virus ISA

Dos visiones completamente distintas en relación al brote de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) que aqueja principalmente a la salmonicultura en el sur del país sostienen el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Fundación Terram, sobre todo en cuanto a las condiciones de los centros de cultivo y a las consecuencias económicas, laborales y de traslado a nuevos territorios que ha impulsado el virus.

El organismo gubernamental reconoce, en un informe actualizado al 4 de enero pasado y tras realizar un muestreo en el 93% de los centros de cultivo del país, que a la fecha la enfermedad- producida por un virus tipo influenza con alta capacidad de mutación- ha producido pérdidas asociadas a la mortalidad y eliminación de peces enfermos, que ascienden a 3.400 toneladas brutas, así como a los costos adicionales asociados al cumplimiento de las medidas de control.

Sin embargo, aclara que las pérdidas en cuestión “no afectarían significativamente los volúmenes de exportación, ya que según cifras de la industria se proyecta un aumento de un 5% respecto al año 2007, con una producción de 630.000 toneladas brutas y envíos que bordearán los US$ 2.600 millones”.

Esta visión es compartida por la Asociación de la Industria del Salmón (Salmonchile), que considera que la enfermedad no ha tenido incidencia en las exportaciones. Al respecto, su presidente, César Barros, asegura que “el ISA es un actor con el cual tendremos que convivir, al igual que con otros factores sanitarios. Este virus no afecta al ser humano y su control pasa por tomar medidas, como la cosecha anticipada y la cuarentena para el traslado de peces vivos, entre otras acciones”.

En este sentido, Sernapesca implementó un plan de contingencia obligatorio para frenar la expansión del virus hacia otros centros de cultivo, entre cuyas medidas se cuentan la eliminación o cosecha de las jaulas con animales afectados por ISA, delimitación de zonas de cuarentena y vigilancia, establecimiento de barrera sanitaria para las regiones XI y XII, así como medidas de control en la eliminación de peces infectados.

Críticas de Terram

Al otro lado de la balanza, la ONG Fundación Terram sostiene que, aunque la mayoría de las jaulas han sido cosechadas o eliminadas y once plantas de proceso ubicadas en Puerto Montt se mantienen en cuarentena, las medidas no han dado frutos, ya que el ISA seguiría propagándose.

Según su balance, esto ha tenido influencia directa en el tema social, ya que “el principal impacto que ha generado esta epidemia se vincula con las remuneraciones que reciben los trabajadores de la industria, que se han visto disminuidas”.

La explicación que dan es la composición de los sueldos, que consta de una parte fija y otra variable, dependiente, entre otros puntos, al bono asociado a la producción. Por otra parte, el cierre de centros infectados ha generado la relocalización de algunos trabajadores, pero también el despido de otros, que hasta la fecha sumarían un centenar.

Además, acusan que se realizan prácticas que propician la propagación del virus, como las altas densidades de cultivo permitidas en Chile, el número de balsas jaulas por centros de cultivo, la cercanía entre un centro de cultivo y otro, y la ausencia de una normativa que instale la rotación y descanso de sitios como práctica obligatoria.

A lo que se suma que “el bajo costo de las concesiones, que es cerca de $70.000 anuales por hectárea concesionada, hace de estos espacios de recursos no renovables un bien prácticamente desechable para los salmonicultores”, advierten en la organización ambientalista.

El avance del ISA

Durante de agosto y la primera quincena de diciembre se realizaron análisis para la detección del virus ISA y los resultados confirmaron que los casos positivos, que suman diez, “se encuentran limitados a la zona de Castro” y que ocho pertenecen a la multinacional Marine Harvest. Además, hay otros 17 centros “sospechosos” en los que se ha detectado la presencia del virus sin manifestación de la enfermedad, 16 correspondientes a la Región de Los Lagos y uno a la Región de Aisén.

Este último punto preocupa inmensamente a Terram, ya que implica que por primera vez se publica oficialmente que el virus se encuentra en la Undécima Región – detectado en un centro de cultivo de Salmones Mainstream-, lo que hablaría de una expansión de la enfermedad a otras zonas. Y según detallan, no se ha identificado el origen del brote.

A esto, se suma que en diciembre, Marine Harvest anunció la implementación de un nuevo plan de producción que contemplará rotación de sitios y menos densidad de peces por zona, además de la petición de nuevas concesiones y licencias de cultivo en la Región de Magallanes.

Frente a esto, los ambientalistas son categóricos, ya que sostienen que “mientras en Chile no se adopten técnicas de cultivo que mejoren la calidad de vida de los peces y por ende su vulnerabilidad a los contagios con enfermedades, no disminuirán las oportunidades de fomento y contagio. Hasta entonces, los planes de contingencia y el traslado de las balsas jaula y centros de cultivo hacia el sur-austral de Chile son solamente soluciones parche para frenar la propagación de las epidemias ya existentes”.

Por ello, plantean la urgencia de implementar un sistema de levantamiento de línea base de los sectores concesionados o aptos y una evaluación de impacto ambiental considerando la capacidad de carga de los ecosistemas, para que así la industria no se vea afectada nuevamente por epidemias o plagas difíciles de controlar “y que tiene como consecuencia graves impactos en los trabajadores del sector productivo e irreversibles consecuencias sobre el medio ambiente que alberga y posibilita la actividad”.

Fuente: El Mostrador