El coordinador de campañas de Greenpeace, Samuel Leiva, sostuvo que la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Celco) no tiene credibilidad para legitimar “su estrategia de autocierre y autofiscalización” tras los derrames de residuos industriales al río Mataquito, por parte de la planta Licancel en la Séptima Región.

A juicio de la organización, la autoridad sanitaria debía decretar la medida de cierre de la planta de celulosa, porque es “responsabilidad del Gobierno velar por el cumplimiento de las medidas tomadas, el cuidado del medio ambiente y los impactos a la economía local”.

De acuerdo con lo anterior, Leiva precisó que “nosotros entendemos que Celco trabaja de esta forma, o sea, sin ninguna capacidad de control de sus propios procesos. Esto está consignado en un amplio prontuario ambiental de CELCO que hemos concentrado en un documento y en cada una de sus plantas”.

Añadió que “basta con decir que la planta de Licancel es la tercera en la que se encuentran ductos ilegales, ya han muerto al menos dos personas en faenas de la empresa y es la única responsable de un accidente nuclear en el país, donde el principal afectado se encuentra abandonado por la compañía”.

Greenpeace destacó que “los llamados de la presidenta Michelle Bachelet a que Celco desarrolle su labor de forma ‘responsable’ carecen de sustento en este caso, pues Celco, a la luz de estos problemas constantes, deja en evidencia que sus procesos distan bastante de dar garantías reales y no van en la dirección correcta. Más que solucionar problemas específicos, el Gobierno debería impulsar la producción limpia integral en las plantas de celulosa que operan en el país”.

Finalmente Leiva agregó que “es el Gobierno y la autoridad ambiental quienes deberían, en estos casos, asegurar a los ciudadanos que estos hechos no se van a volver a producir. Es impresentable que una planta a la que la autoridad prohibió su funcionamiento, haya tenido este tipo de problemas. Es hora de las más duras sanciones, en caso contrario quedará establecido que el gobierno de Chile permite la reincidencia con impunidad”.

Fuentes: www.latercera.cl