“Tanto el aumento de la mortalidad como la disminución de la abundancia y los indicadores de reproducción -número de polluelos, parejas de cisnes y huevos-, sugieren que la población de cisne de cuello negro enfrentó una fuerte modificación del entorno natural desde el inicio del año 2004 ( ) Todos estos abruptos cambios observados en el humedal río Cruces coinciden con la puesta en funcionamiento de la planta Valdivia de celulosa Celco“.

Así de lapidaria es la conclusión a la que llegó Nelson Lagos, investigador asociado del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad Santo Tomás que, por encargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), realizó el informe “Variabilidad de eventos de mortalidad y reproductivos del cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter durante el período 2003 a 2005”, texto adjuntado a fines de 2008 al juicio seguido contra la celulosa Arauco por daño ambiental en el río Cruces.

Lagos basó su análisis en las bitácoras de observaciones que los guardaparques de Conaf realizan diariamente en el santuario por tratarse, señala, de “la única información disponible para cuantificar la magnitud de las fluctuaciones” del número de cisnes, huevos y polluelos. El biólogo marino analizó 2003, 2004 y 2005, cruzando los datos con los hitos de operación de la planta de Celco.

En este contexto, para el primer año de operación de la planta, el crecimiento de la mortalidad fue del orden del 669% entre el 2003 y 2004, en tanto que la abundancia del cisne de cuello negro bajó de 7.983 en mayo de 2004, a 518 aves en mayo de 2005.

“Concomitante” con el “aumento sostenido de mortalidad durante el año 2004”, Lagos registró una “severa disminución” en los eventos reproductivos del cisne.

“Entre 2003 y 2004, el número de polluelos y juveniles, y el número de parejas de cisnes cayó entre un 56% y 65%, respectivamente, mientras que en el año 2005 no se observaron polluelos y sólo una pareja de cisnes”, dice el texto. El número de huevos, además, bajó “drásticamente”, alcanzando un 97% menos en 2004.

NI CLIMA NI MIGRACION

El estudio apunta que el aumento de la mortalidad de cisnes, por causas desconocidas, y la “total ausencia de eventos reproductivos durante los años 2004 y 2005” no puede atribuirse a factores migratorios ni climáticos.

“Si bien la emigración es uno de los factores que explica una proporción de la drástica disminución de su abundancia durante el año 2004, este argumento no explica en forma alguna el aumento de la mortalidad por causas desconocidas ni la total ausencia de eventos reproductivos a partir de marzo del 2004”, dice el documento.

“Estas respuestas poblacionales no se manifestaron en relación a las variaciones climáticas registradas en el área. Estudios recientes han demostrado que, con excepción del río Cruces, las precipitaciones, radiación y temperatura no han presentado cambios significativos en la última década”.

FACTOR CELCO

El informe enfatiza que la “temporalidad de la desaparición de eventos reproductivos y el aumento de la mortalidad por causas desconocidas se corresponde con la puesta en marcha de la planta Valdivia de la celulosa Celco en el río Cruces”, pero además que el “patrón de variación espacial de la mortalidad” en 2004 “se asocia a los sectores norte y centro del humedal, que recibe aporte directo de los efluentes de la planta”.

EN QUE ESTÁ LA PLANTA

Tras operar casi tres años al 80% de su capacidad producto del escándalo ambiental, Celco Valdivia normalizó su operación en junio de 2008.

En febrero pasado, en tanto, presentó el estudio ambiental para construir el ducto que traslade sus residuos líquidos industriales hacia el mar, en la vecina comuna de Mariquina.

La causa contra la celulosa por daño ecológico continúa su tramitación en tribunales de Valdivia -y próximamente en el 13 Juzgado Civil de Santiago-, citando testigos de ambas partes.

En el fallo, los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez dispusieron que la firma deberá pagar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de 7 millones 522 mil pesos, por no cumplir con la obligación de contar con un sistema de medición continuo de gases generado por su proceso productivo.

De hecho, la misma empresa reconoce en sus descargos ante la autoridad sanitaria que las operaciones de calibración de gases TRS sufrieron algunas intermitencias, consigna el dictamen del máximo tribunal.

La multa también se funda en que la empresa no entregó la información en línea y en tiempo real respecto de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, reseña la resolución.

No obstante, los jueces consideraron que los olores molestos generados los días 8 y 15 de julio de 2004 por el proceso productivo de celulosa y que afectaron a la población del sector donde se ubica la empresa -que empezó a funcionar el 9 de febrero de 2004- se produjeron dentro del período de nueve meses que concede la autoridad sanitaria a las firmas para cumplir en forma permanente y sin equívocos con todos los requisitos de emisión de gases TRS, según establece el fallo.

Desde la puesta en marcha de la planta Valdivia de Celco, la industria ha tenido varios problemas. Primero fueron los olores molestos, luego se denunció la falta de patente municipal y lo último, y lo que causó mayor polémica, es su presunta vinculación con el deterioro del humedal del río Cruces luego que se la responsabilizara por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Esa indagación sigue en curso en los tribunales de Valdivia.

Casi tres años después del desastre ecológico del río Cruces y de que la Universidad Austral culpara a Celco, otro estudio de la U. de Chile niega la responsabilidad de la empresa en la muerte de los cisnes de cuello negro. Mientras los empresarios forestales destapan botellas de champaña, los expertos ecológicos niegan la validez del último informe y cuestionan la imparcialidad de quien encabezó la investigación.

El 27 de mayo el escándalo ambiental más grande de la historia de Chile dio un giro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por Víctor Marín, exculpó a Celco por la contaminación del santuario Carlos Andwanter que conmovió a Valdivia. El informe dice que las causas de la muerte de los cisnes fueron climáticas. La falta de agua y las bajas temperaturas habrían provocado la desaparición del alimento de las aves: el luchecillo.

Los empresarios celebraron, hicieron un acto de desagravio para la celulosa y manifestaron su “preocupación por el accionar de las autoridades”. La Universidad Austral aseguró que en un mes tendrá un estudio que vuelva a acreditar la culpa de Celco.

La socióloga y vocera de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, dispara sin piedad contra el estudio de la Universidad de Chile, e incluso pone en duda la objetividad del científico a cargo.

-El informe de la Universidad de Chile niega lo que publicó la Universidad Austral sobre el caso de los cisnes de cuellos negro y que lo habría creído todo el país. ¿Qué opina?
-Hay que hacer las distinciones. El informe de la Universidad de Chile no es un informe científico. El de la Universidad Austral sí lo es en el sentido de que hicieron estudios y análisis en terreno. Lo que hace el informe de Marín es algo totalmente distinto. No recoge datos, no hay toma de muestras, no hay análisis de aguas y tampoco elabora una hipótesis. Lo que ellos llaman hipótesis no lo es. Una hipótesis científica requiere una fundamentación mínima que implica haber sometido a prueba la situación que se está examinando.

-Si no es un informe científico, entonces ¿qué es lo que hizo la Universidad de Chile?
-Lo que hace Marín es simplemente una especulación. El especula que hay una relación causal entre los factores climáticos y la muerte de los cisnes, pero no lo somete a prueba. De haberlo sometido a prueba habría llegado a la conclusión de que los cisnes no pueden desaparecer sólo en un espacio limitado dentro de un ecosistema que es muy grande. Tampoco se hace cargo de todos los otros antecedentes que ya sabemos. ¿De dónde vienen los metales pesados que están depositados en el sedimento del humedal, que casualmente son los mismos que Celco ha depositado ilegalmente en el agua? Esta es una consultoría pagada por Celco.

-Pero Celco no le pagó a la Universidad de Chile, le pagó a la Conaf.
-La Conaf y Ramsar son los mandantes, pero el financiamiento es de Celco. Yo creo que si el señor Marín fuera serio, no se habría prestado para esta historia. Habría que preguntarse a qué intereses responde Marín. Esto no beneficia ni a la imagen de las autoridades públicas ni de las instituciones del Estado ni de la ciencia, que se está desprestigiando con esto. Claramente beneficia a Celco, porque así tiene más espacio para impugnar todas las responsabilidades que le caben.

-¿Usted quiere decir que Marín está relacionado con Celco?
-Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse eso. El debería despejar esa duda, porque todo el mundo se está cuestionando lo mismo.

-Los que están felices con el informe son los empresarios forestales.
-Bueno, yo creo que les va a durar muy poco la fiesta. A mí me parece casi patética la situación, porque Celco tiene un prontuario gravísimo en materia medioambiental. Un motivo para celebrar sería que el santuario esté recuperado y que Celco esté cumpliendo parámetros medioambientales. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Es triste que celebren.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACION LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Ciudad de papel, que recoje la crisis ambiental en el río Cruces de Valdivia, se distribuye con The Clinic y se estrenará en cines el segundo semestre.

En octubre del 2004, la aparición de decenas de cisnes muertos en el río Cruces de Valdivia, provocó un verdadero remezón ecológico y generó un movimiento ciudadano de inusitada fuerza y alcance. El documental Ciudad de papel recogió esta lucha entre estos sectores y la empresa Celco -acusada de contaminar el río-, y con ello se convirtió en un verdadero hito regional y en la cara visible de uno de los mayores conflictos ambientales del país. Hoy, el filme se distribuye junto al diario The Clinic y se apresta para su estreno en salas santiaguinas.

“Fue una bola de nieve que fue creciendo”, recuerda su productor ejecutivo Bruno Bettati. “El movimiento ciudadano tenía una verdad, que la planta (de Celco) era la fuente del desastre, y por ello se pensó que el conflicto iba a durar poco. Pero este dura hasta hoy, incluso en el transcurso del tiempo hubo un cambio para peor”, sostiene.

Ciudad de papel, dirigida por Jorge Garrido y Claudia Sepúlveda, fue presentado con gran éxito en el Festival de Cine de Valdivia, y muestra el origen del conflicto, con declaraciones realizadas por los ex presidentes Frei y Lagos, autoridades de la Décima Región y detalla con profusión el nacimiento del movimiento ciudadano valdiviano Acción por los Cisnes, el que llegó incluso a desbordar las instituciones ambientales.

Explicando la ausencia del filme en las salas santiaguinas, Bettati explica que la exhibición de documentales en cines ha tenido un bajo impacto de público, pese a la cantidad de títulos que se están estrenando, y eso explica que la cinta no haya sido presentada aún en el circuito de salas santiaguino. “Lo que sucede es que los últimos estrenos documentales, incluso algunos tan buenos como Los Angeles negros, fue muy poca gente al estreno. Por ello nos concentramos en el disco”. aludiendo a la banda sonora del documental, realizado por la banda valdiviana La Desooorden.

No obstante el productor sureño, quien está tras filmes nacionales como Ilusiones ópticas y El cielo, la tierra, la lluvia (ambas filmadas en Valdivia), planea estrenar Ciudad de papel el segundo semestre, para saldar la deuda y responder al esfuerzo de cuatro años de trabajo.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

Declaración Pública
El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

En el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en las localidades de Mehuín y Missisipi (Región de Los Ríos) y en concordancia con su misión y visión crítica del modelo forestal implementado en Chile, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN, considera fundamental hacer públicos los siguientes antecedentes:

1 – Existe una escandalosa, impresentable y vergonzosa estrategia recientemente implementada por CELCO, mediante la que solicita diversas concesiones mineras de explotación para una superficie de 600 hectáreas (considerando incluso el subsuelo de ambas riberas del río Lingue), catalogándolas de tierras abiertas e incultas, marcando incuestionablemente el trazado de un ducto que evacuará residuos industriales altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente.

2 – CELCO ha estado corrompiendo a pescadores y dirigentes mediante la entrega de dinero, con la intención de inmovilizar y dividir la oposición ciudadana a la construcción del ducto de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, que vertiría sus residuos tóxicos al mar. Ello ha generado un profundo conflicto social al interior de las comunidades, cuyo principal objetivo comprende anular el legítimo rechazo de los ciudadanos a las políticas productivas planteadas por dicha empresa, buscando someter la voluntad pública para el beneficio económico de la industria primaria de celulosa. Esta entrega de dineros ha sido efectuada en conocimiento del Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, a través de quien el Gobierno manifiesta su incompetencia en estas materias con el argumento de que se trata de un “asunto entre privados”, política aplicada en todo el territorio mapuche.

3 – El gobierno ejerce un rol facilitador a los intereses de la empresa y ha tenido un actuar errático en este conflicto, donde destacan acciones que involucran directamente a las autoridades regionales y de altas esferas gubernamentales:

• La Autoridad Marítima no interviene en el acontecimiento de robos en áreas de manejo pertenecientes a las comunidades opositoras a la construcción del ducto de CELCO, a pesar de la existencia de una resolución judicial a raíz del recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más aún, deriva responsabilidad en el intendente, quien ha utilizado medios violentos para reprimir las manifestaciones contrarias a la construcción del ducto.

• La permanencia de fuerzas especiales alojadas en un establecimiento educacional, interrumpiendo y atemorizando a niños y niñas totalmente ajenos al conflicto representa una prueba más de la política represiva del gobierno.

Ante el grave conflicto desarrollado, es necesario cuestionar las responsabilidades políticas de las autoridades locales. En este sentido, exigimos una posición clara del gobierno central, quien hasta ahora ha destinado recursos para proteger a la empresa CELCO en desmedro de sus obligaciones con la ciudadanía que los eligió.

4 – La estrategia de difusión implementada por CELCO a través de los medios de comunicación local es otra muestra del engaño de la empresa a la opinión pública, entregando una imagen preocupada por el medioambiente y por el desarrollo sustentable, mientras en sus prácticas productivas no duda en provocar serias intervenciones sociales y destructivas del entorno ambiental, confundiendo conceptos que afectan la ética profesional de los ingenieros forestales, posición compartida por el Colegio de Ingenieros Forestales del capítulo Valdivia.

5 – La AIFBN impugna las declaraciones de los senadores Frei y Allamand, en torno a su apoyo irresponsable e infundado a la empresa CELCO, y demanda una postura clara frente a la estrategia poco transparente, beligerante y corrupta implementada por la empresa, que actualmente tiene sumidas a las comunidades locales en una crisis social y en un clima de represión y beligerancia nunca antes visto.

6 – El conflicto desarrollado por la empresa CELCO plantea un peligroso precedente, a partir del cual la imagen internacional del país será irreversiblemente dañada, evidenciando el privilegio con que cuentan los proyectos industriales en desmedro del bienestar y de los intereses ciudadanos.

Frente a todo lo anterior, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifiesta su total rechazo a la planificada presión y amedrentamiento del que están siendo sujetos pescadores y comunidades lafkenche del borde costero de la Provincia de Valdivia, y declara también su rechazo al ducto industrial planificado por CELCO bajo las actuales condiciones de operación.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo AIFBN
Janequeo 355, Valdivia – Chile
56-63-333 233

La primera tarea la terminaron en pocos minutos, mientras un grupo de pobladores tiraba piedras desde la orilla y de un punto indeterminado se escuchaban disparos. Esto no los asustó, por lo que desembarcaron e iniciaron un ataque a piedrazos contra el recinto.

No hubo muertos, pero sí heridos. Y lo más grave, es que los casi 60 minutos que duró el enfrentamiento terminaron por quebrar aún más las fracturadas relaciones entre los habitantes de la zona, que desde el 18 de octubre del año pasado iniciaron una verdadera guerra entre vecinos.

Ese día, se hizo público un acuerdo entre Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del grupo Angellini, y tres sindicatos de pescadores de Mehuín. Por un total de US $ 8,9 millones éstos aceptaron respaldar el estudio de impacto ambiental (EIA) que la firma intenta materializar desde 1996 para construir un ducto submarino en la bahía de Mehuín que evacue los riles de la planta de celulosa de Valdivia, que actualmente se arrojan al río Cruces. La misma que protagonizó el desastre ecológico que ocasionó la muerte y migración masiva de los cisnes de cuello negro del santuario de la naturaleza Carlos Anwandter.

De esta forma, la férrea oposición que por casi 12 años los pescadores de Mehuín habían presentado a la instalación del ducto se dividió, y ahora existen dos categorías de pobladores: los “vendidos” y los “opositores”, que en su mayoría son comunidades lafquenches de los alrededores.

El interés de Celco por construir el ducto en cuestión, es simple: tras el desastre con los cisnes, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) ordenó a la compañía terminar con la descarga de riles en el río valdiviano, por lo que debían encontrar otro sitio. Y en la mira estaba el mar frente a Mehuín.

Concesiones mineras a la medida

El mismo día del “ataque” a la caleta de Mississipi, una nueva apuesta del grupo Angellini para asegurarse el ducto al mar tenía luz verde.

El 28 de marzo, Celco presentó una solicitud para concesiones mineras denominadas “Mariquina”, que incluye una franja de pedimentos mineros desde la planta de celulosa desde San José de la Mariquina a la costa valdiviana. O sea, cubre toda la ruta del ducto, hasta la bahía donde pretenden descargar los riles. En total, la zona cubre unos 70 kilómetros de largo, e incluso una de las peticiones incluye todo el pueblo de Mehuín.

Un pedimento minero es una solicitud al Estado para explorar la posibilidad de extraer minerales desde cualquier lugar del territorio nacional, no importando que ese terreno pertenezca a otra persona, institución u oficina fiscal. El Estado otorga esta especie de concesión por dos años, con lo cual la persona beneficiada asegura la intervención de ese lugar, además de proteger a esa zona para que no sea solicitada por otros individuos, ni para que ese terreno sea usado para otra actividad económica.

Con esto se abren las puertas para que Celco pueda finalmente desarrollar su controvertido proyecto de ducto submarino y descargar sus riles en Caleta Mehuín.
La solicitud salió a la luz porque casualmente a alguien se le ocurrió revisar el boletín oficial de minería publicado el 10 de abril. En vista de esto, lugareños y organismos de derechos humanos están barajando la posibilidad de presentar un recurso de protección para oponerse a la solicitud.

Far west

La otra fórmula elegida por Celco, ha redundado en que el quiebre entre los pobladores ha ido in crescendo y ha transformado la zona en una suerte de “far west”.

Los ataques, amenazas de muerte y secuestros son pan de cada día. Al igual que los encontrones entre parientes, ya que en uno y otro bando hay familiares que actualmente se han transformado en enemigos.

Boris Hualme, actual vocero del Comité de Defensa del Mar y werkén lafquenche, explica que son unos 250 los favorecidos “con la plata de Celco”, y que de esos alrededor de 60 forman parte del “brazo armado” que los hostiga constantemente para que dejen de ser “opositores”.

La situación se ha hecho tan insostenible, que el anterior vocero, Eliab Viguera, tuvo que dejar el cargo por una serie de acciones de amedrentamiento en su contra.

En este escenario, el codirector del Observatorio de los Pueblos Indígenas, José Aylwin –hijo del ex presidente Patricio Aylwin – junto a la dirigente mapuche Claudia Inglés, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

El objetivo, es proteger a 51 adultos y 20 menores de distintas localidades afectadas por los hechos de violencia protagonizados por pescadores vinculados a Celco. Para las autoridades regionales, la “guerra del ducto” responde a un asunto “entre privados”, por lo que no les competería tomar cartas en el asunto.

Se suman los “vendidos”

El 12 de abril hubo una reunión entre el lonko de Maiquillahue Agustín Ñancuán y varias comunidades “opositoras”, donde el tema central fue el conflicto con Celco. En el encuentro, Ñancuán explicó que el intendente Iván Flores le había encargado especialmente terminar con el conflicto, y dejó entrever que la vía era negociar con la empresa.

“Si usted me dice vamos a negociar, yo de buenas a primeras voy a decir que no…porque no somos baratos. Joaquín Vargas valía 3 millones. Nosotros no valemos 3 millones, valemos más”, aseguró el lonko a su audiencia, aludiendo al presidente del Sindicato Número 3 de Pescadores Independientes de Mehuin, otrora férreo opositor al ducto y que finalmente firmó el acuerdo con Celco. Pero los presentes no se tomaron para nada bien sus palabras.

Tan mal cayó la nueva postura “negociadora” del líder, que incluso recibió amenazas de muerte. Y aunque niega cualquier insinuación favorable a “venderse”, sus dichos quedaron grabados por uno de los vecinos que colgó el video en el sitio YouTube. Incluso desmiente que Flores le haya encargado terminar con los enfrentamientos, asegurando que la única fórmula es “sentarse a la mesa a dialogar”. Y recalca que “no puedo opinar hasta saber si Celco contamina o no”.

Para muchos, el lonko se transformó en un nuevo “vendido” a la compañía.

Fuente: www.elmostrador.cl