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Polémica por luz verde a perforación en geysers El Tatio

Mientras comunidades indígenas rechazan luz verde a proyecto de exploración geotérmica en el sector, la sociedad empresarial responsable de la iniciativa destaca la posibilidad de nuevas energías para el país.

La aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta del proyecto “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”, de la Empresa Geotérmica del Norte S.A. despertó gran rechazo en las comunidades que se verían afectadas con la iniciativa.

La decisión fue adoptada el jueves por el voto a favor de 15 de los integrantes de la Corema y uno en contra (el consejero Claudio González) y incluye también diversas exigencias ambientales para llevar a cabo el proyecto, cuya inversión estimada es del orden de los 20 millones de dólares.

Esta primera fase busca realizar perforaciones geotérmicas profundas, con fines de exploración, en el sector del ex campamento CORFO, ubicado al sur del campo de géiseres de El Tatio, con el propósito de verificar la factibilidad técnica y económica de generar energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos existentes.

Ante la luz verde al proyecto, que contempla la perforación de cuatro pozos a una profundidad de 2.000 a 2.500 metros cada uno, la comunidad de Toconao realizó una declaración pública donde rechaza lo que considera una “nefasta noticia” y un “claro ejemplo del hambre del imperialismo neoliberal del estado de Chile y su desprecio por el reconocimiento a los territorios indígenas”.

“Teníamos la convicción que las llamadas ‘autoridades de la Corema’ votarían en contra de este proyecto que le da al alma de la cultura lickan antay ( ) Sólo somos unos pobres indios que nada tienen que decir, que les venden los territorios demandados a las transnacionales, que les venden el subsuelo a las empresas mineras, que usurpan el agua subterránea a diestra y siniestra”.

La comunidad acusa que “la estrategia del gobierno es inteligente y dilatará la entrega de nuestras demandas territoriales lo más que se pueda para que de aquí a 50 años las mineras no dejen nada para nuestro hijos y sólo quede desolación y muerte”.

En tanto, la Agrupación Turística y Medioambiental de San Pedro de Atacama (Atyma) también ha expresado su “rechazo absoluto” al permiso al proyecto por Geotermia del Norte, formada por la empresa italiana ENEL, junto a Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Codelco, componen Geotérmica del Norte.

“La experiencia internacional de la explotación geotérmica tiene como resultado la destrucción total o parcial de las fumarolas, las cuales han tenido que reactivar con un sistema de reinyección teniendo resultados relativos, según lo demostró la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y su experto”, indicó Atyma.

“El proyecto se contradice con la voluntad política demostrada por los gobiernos de la concertación al firmar acuerdos internacionales y leyes nacionales de preservación de áreas de ecosistemas únicos y frágiles y de patrimonio cultural. Expresados en la Ley 19.300 de Bases general de Medio Ambiente, la ley 19.253 Ley Indígena. Pacto de derechos civiles de Costa Rica, Manifestación por parte de la ONU de considerar a Chile dentro de los países que protegen las áreas y grupos étnicos”, agrega la agrupación en un comunicado.

Sin embargo, el representante de ENEL en Chile, Oscar Valenzuela, defendió el proyecto de exploración geotérmica en los geysers de El Tatio, señalando que “este proyecto puede llevar a que generemos una energía eléctrica sustentable, una energía limpia que va a permitir avanzar en lo que requiere el país que es energía menos contaminante”.

Ayer, la ministra de Bienes Nacionales, que se encontraba de visita en la región, se refirió a la aprobación del proyecto de Geotermia y destacó la necesidad de “atender las necesidades energéticas del país y de la región”, a la vez que subrayó el tener que “respetar las tradiciones, la cultura y los derechos ancestrales en un adecuado equilibrio de ambas necesidades”.

Se inicia trámite para crear Ministerio de Medio Ambiente

La nueva cartera tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Ayer se inició en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto de ley que crea por primera vez en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Según la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, “estamos hablando, de la mayor reforma ambiental de los últimos 14 años en nuestro país”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo final de esta discusión, es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente, que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad, velando por los equilibrios entre crecimiento económico y protección de la naturaleza”.

El nuevo ministerio tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto contempla además la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la cual tendrá un conjunto de facultades para gestionar un sistema integrado de fiscalización ambiental, de manera de resolver las principales deficiencias del actual modelo.

Del mismo modo, la iniciativa permitirá que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental.

Ministra Uriarte afirma que las Coremas serán eliminadas para terminar con su politización

La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICION

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

UACh desacreditará tesis que exculpa a Celco con nuevo estudio

UACh desacreditará tesis que exculpa a Celco con nuevo estudio
Que Conaf le quitara el piso a la hipótesis de la U. de Chile -que libra a Celulosa Arauco de la responsabilidad por la crisis ambiental en el río Cruces- no fue suficiente. El investigador que culpó originalmente a la planta Valdivia prepara un nuevo golpe y acusa al profesor Víctor Marín de no tener fundamentos científicos.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACION LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

Conaf y Río Cruces: “No es tiempo de nuevas hipótesis”

<P>Conaf y Río Cruces: “No es tiempo de nuevas hipótesis”</P>Directora del organismo se refirió así al informe de la Universidad de Chile que señala que procesos naturales y no la contaminación de Celco, como lo concluyó la UACh- habrían provocado desaparición del luchecillo, alimento principal de los cisnes que habitaban el humedal. Catalina Bau aclaró que nuevo estudio fue encargado en el marco del proceso de recuperación del Santuario de la Naturaleza “Carlos Andwanter”.
 
 
La directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Catalina Bau, aclaró este miércoles que el estudio encargado a la Universidad de Chile sobre el río Cruces no tenía la finalidad de revisar ni levantar nuevas tesis sobre el desastre ambiental, sino como parte del plan de recuperación del ecosistema.

“Creemos que ya pasó la etapa de las hipótesis. No hemos contratado un estudio para hacer nuevas hipótesis”, indicó la titular de Conaf, quien agregó que el organismo aún “no ha dado la aprobación a dicho informe, y prontamente le vamos a dar nuestros comentarios técnicos. Pero lo que se ha publicado no es para el objetivo para el cual fue contratado”, insistió.

En esa misma línea Bau indicó que si el informe “está más allá de los términos de referencias por los cuales fue contratada la Universidad de Chile, vamos a tomar las medidas que nos corresponden como corporación”.

El polémico estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile dirigido por el profesor Víctor Marín, cuyas conclusiones que salieron a la luz a fines de mayo señalaban que el desastre ecológico producido en el humedal del río Cruces fue producto de factores naturales. Una tesis opuesta a la  Universidad Austral de Chile, cuyo informe encargado por la Conama, atribuyó los cambios en el santuario “Carlos Andwanter” a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

“Lo que vale acá es lo que determinó la resolución de la Corema, donde está claramente establecido qué pasó y cuáles eran las medidas que tomar, y en base a esa resolución, a la Conaf se le encargaron una serie de tareas. Y entre ellas, el Plan Integral para el Río Cruces, donde está claramente establecido qué fue lo que le causó el daño al humedal”, aseguró Catalina Bau.