NUEVAS ACTIVIDADES IRREGULARES Y DELICTIVAS DE ENDESA-ENEL  EN LA PRINCIPAL RESERVA DE AGUA DEL SUR DEL MUNDO

Las últimas informaciones de la zona revelan que la empresa hidroeléctrica italiana ENDESA-ENEL se encuentra en una fase de desesperación ante la firmeza de las comunidades mapuches y organizaciones civiles de la zona de Panguipulli.

Endesa había anunciado mediante oficio a los organismos regionales que pretendía dar inicio a las tronaduras en medio de la comunidad Juan Quintumán[1] de Lago Neltume antes del 31 de octubre. La empresa no ha podido cumplir su anuncio, debido a la negativa de los comuneros en darle permiso para ingresar a sus predios, los cuales son parte de un territorio ancestral, de derecho colectivo.

Los ejecutivos han intentado reiteradamente ingresar a los terrenos a la fuerza o a escondidas, cosa que los comuneros no han permitido durante ya tres años.

Las comunidades han recibido en las últimas semanas la visita de observadores italianos, que se han llevado y difunden en Europa toda la información sobre las prácticas irregulares de la empresa.

La legislación vigente exige que ante todo proyecto que afecte territorios indígenas, debe darse cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, suscrito por el estado chileno, que exige que debe realizarse un proceso de consulta previa, libre, informada y de buena fe.

El Frente Ambientalista señala que “En vez de ello, ENDESA-ENEL ha multiplicado sus actividades irregulares , tales como:

• División de la comunidad y clima de violencia, como el hecho que a comienzos de Noviembre, testigos presenciales informan que un comunero estuvo a punto de ser agredido con palos y piedras por un par de vecinos que reciben financiamiento de ENDESA.

• Terrorismo empresarial: en las comunidades ubicadas en su proyectado tendido de torres de alta tensión, los funcionarios Armando Yañez y Elías Sandoval, amenazan a los comuneros que “si Ustedes no negocian y firman ahora, el tendido se va a hacer todos modos y mañana no podrán recibir nada”. Los comuneros relatan que sienten un clima de angustia y terror.

• Nuevo ciclo de las denominadas “capacitaciones” a miembros de la comunidad, que abarcan extraños conceptos como “liderazgo social” y otros temas.

• Soborno social: ENDESA sigue ofreciendo pantallas plasma, camas de dos plazas, artefactos de todo tipo, a cambio de firmas”.

El FAP, por todo lo señalado,  indica que “tales prácticas no tienen validez, que son ilegales, que constituyen delito, y que podrían ser punibles con cárcel y otras sanciones judiciales”.

Agrega que “no se condicen con la verdadera vocación de Panguipulli, que es una reserva de agua, de bosque, de biodiversidad y de vida para las generaciones futuras, las que están mucho más preocupadas de asegurar nuestra sobrevida ante el desastre climático que de producir más megawatts para una minería que está empobreciendo nuestro país”.

23 de noviembre de 2010-11-23

FRENTE AMBIENTALISTA DE PANGUIPULLI

EQUIPO DE DIFUSION

PANGUIPULLI, RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

Hernán Salazar, gerente general de la sociedad HidroAysén, que el jueves ingresó a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para construir cinco represas en la Patagonia, tiene clara la película: ni el auge mundial del carbón, que de aquí a seis años verá la entrada en funciones de cerca de 300 nuevas generadoras termoeléctricas a lo largo del planeta, ni las voces que piden que el Estado subsidie a las energías renovables no convencionales (ERNC) para hacerlas competitivas le nublan el discurso: “La energía hidroeléctrica a gran escala es la más competitiva del mundo”, asegura, y aterriza sus palabras en la realidad del país: Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad hidroeléctrica y queda mucho por hacer.

–Las universidades que desarrollaron el estudio Aporte potencial de energías renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025 piden subsidios para desarrollar las ERNC. ¿Qué le parece la propuesta?

-Eso es parte de las limitaciones de las energías renovables no convencionales, que nacieron, se han desarrollado y se van a morir en base a subsidios. Esa es una realidad y no porque los ingenieros que las desarrollaron no sean competentes, sino porque la naturaleza ofrece y dispone la energía en el viento, marea o el sol de una manera muy difusa, cuando las necesidades humanas son mucho más intensas. Entonces hay una limitación natural. Los países de la OCDE no subsidian las energías renovables sino hasta 4,8% de su matriz energética, y eso que son países tres veces ricos que nosotros. Usted no le puede imponer a la billetera de los chilenos que paguen energía cara por promover una forma de energía.

-Pero sí tenemos leyes aprobadas que las promueven.

-Y es necesario que sea así. Esas leyes fomentan una cobertura de energía renovable del 10% de la matriz energética del país de aquí a un cierto período (2024), lo cual es posible pero también es un desafío. Las energías renovables las vamos a usar, no hablamos en contra de ellas, pero hay que tener claro que son un complemento. No se puede pensar que el país va a descansar en las energías renovables. La pregunta es cuál va a ser el respaldo cuando no haya viento o sol. Las renovables tienen un factor de planta muy bajo y esos costos hay que sincerarlos. Esas energías, en realidad, cuestan de cuatro a ocho veces más caras que la hidroelectricidad convencional.

-Estos estudios aparecieron como una alternativa al proyecto HidroAysén.

-Una alternativa al proyecto HidroAysén es real cuando ingresa como una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con una cantidad de energía y potencia como la que nosotros ingresamos. Mientras eso no ocurra es un tema que ayuda al debate y a la conversación, pero no representa una alternativa.

-¿Conoce la alternativa que plantea Hernán Sandoval, de un proyecto termosolar en el norte que incluso ha presentado en círculos políticos?

-El proyecto HidroAysén es mucho eficiente y respetuoso en sus aportes al país y a la competitividad nacional, que ha caído casi a los niveles que tenía en 1999. La energía juega un factor importante en eso y hay que pensar en soluciones sustentables y de bajo costo. No tenerlo claro es trabajar de espaldas a toda nuestra capacidad de producción de bienes y servicios exportables.

-¿Ve la opción nuclear como una amenaza al negocio de la hidroelectricidad?

-En ningún caso. Nuestro país tiene que duplicar su fuente de abastecimiento en los próximos diez años y todo ayuda; si hay que estudiar energía nuclear, hay que hacerlo. También ayudan la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, pero por cierto que lo más importante es generar un abastecimiento competitivo y potente como lo es en base a energía hidroeléctrica, de la que Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad.

-¿Por qué presenta el proyecto HidroAysén como un “proyecto país”, si en realidad es un proyecto privado?

-Esas cosas nacen del reconocimiento de la comunidad, de las entidades académicas, de los políticos que están atentos al tema de la energía. Es un proyecto país porque las escalas de tiempo que toman involucran varios períodos presidenciales, que a lo mejor pueden ser de partidos políticos distintos, y para que esto se desarrolle necesita ser entendido como un proyecto que el país necesita, más allá de cualquier visión política particular. //LND

La esperanza renovable

Un estudio de investigadores de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María, presentado la semana pasada, señala que dentro de 17 años las energías renovables no convencionales (ERNC) podrían abastecer hasta un 47,5% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC), que representa el 69% de la matriz energética del país. Según el mismo informe, si las autoridades promovieran una buena política de eficiencia energética, este tipo de energía podría abastecer hasta el 70,8% del consumo del SIC. En base a estas proyecciones, diversas organizaciones ambientalistas propusieron que se aumentara el porcentaje que, según una ley de reciente aprobación, las empresas generadoras deben producir a partir de fuentes renovables, y que debería llegar al 10% del total en 2024.

Tal como ocurre en Londres, Roma, Oslo o Nueva Delhi, el ya saturado mercado automotor de Santiago -con un 1,2 millón de vehículos livianos colapsando el aire, calles y autopistas-, contará a partir de 2009 con un inédito modelo ciento por ciento eléctrico y, por tanto, de cero emisión de monóxido de carbono y otros tóxicos gases que contaminan la ciudad. Es decir, mejor que los híbridos.

Si bien antes de salir a la venta debe ser homologado por el Ministerio de Transportes, su valor bordeará los seis millones y medio de pesos, en tiempos en que el costo de la bencina está por las nubes. Con una carga de 900 pesos, el usuario del pequeño y silencioso “City Car Reva” puede recorrer 60 kilómetros, asegura la empresa importadora, filial de la multinacional Endesa.

El auto eléctrico -que pese a su diminuto tamaño, poco podrá hacer para reducir la congestión vehicular, el polvo resuspendido o la contaminación por desgaste de neumáticos y frenos- no usa embrague ni cambios, funciona con acelerador y freno, alcanza una velocidad máxima de 70 km/h y su batería se carga conectando el cable a cualquier enchufe de la casa. Para cargar el 100% se necesitan ocho horas, y para el 80% de capacidad sólo dos horas y media.

Por su diminuto tamaño y su limitada autonomía (80 kilómetros con carga completa), el auto está diseñado especialmente para viajes cortos en urbes como Santiago (de Quilicura al centro hay unos quince kilómetros). El pequeño auto de ciudad es todo un éxito en Londres, por ejemplo, donde no pagan tarificación vial para ingresar al centro y cuentan con cargas gratuitas.

El auto de fabricación india fue elegido City Car del año en 2006 y 2007, consta de dos puertas y tiene capacidad para dos personas adultas de contextura razonable y dos niños (227 kilos en total), en siete segundos alcanza los 40 kilómetros por hora (y una máxima de 80 kilómetros por hora). Mide 2,5 metros de largo, 1,3 de ancho y un metro y medio de alto. Aunque parece de juguete, posee una estructura reforzada con barras de acero. El motor no requiere mantenimiento especial.

La directora del Programa Chile Sustentable declaró que “grandes actores del negocio eléctrico buscan la aprobación proyectos energéticos que externalizan costos sobre la salud de las personas y el patrimonio natural”.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) ambientalista Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó este miércoles “el interés por secuestrar el debate energético e imponer un chantaje para favorecer la instalación de megarrepresas hidroeléctricas y megatérmicas a carbón”.

El monopolio de Endesa

A juicio de Larraín, la inclinación empresarial por el carbón y las megarrepresas “devalan el usual sesgo de mercado: menor precio del carbón sin internalizar costos de emisión de CO2 y concentración de la propiedad de derechos de agua en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el cambio climático”. En este sentido, la ecologista dijo recordó que Endesa ya posee el 80% de los derechos de aguas no cosuntivos del país y “hoy demanda ante la justicia al fisco para que en sus proyectos prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre el Código de Aguas. Si lo consigue, sucederá que en caso de sequía, aun cuando los derechos de todos los titulares deban reducirse proporcionalmente, los suyos no sufrirían esa restricción ni estaría sujeta a la normativa de extracción ilegal de agua ni debería responder ante juntas de vigilancia, conformadas por los demás usuarios del agua en cada cuenca”.

A renglón seguido, dijo que “con enorme despliegue comunicacional, actores del mercado eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es factible avanzar con represas, centrales térmicas o tecnología nuclear, y quienes se oponen a la idea son catalogados de marginales o contrarios al progreso”.

Energía y democracia

Sara Larraín dijo que el tema energético “no sólo es una cuestión económica y financiera, como pretenden algunos, sino que es un tema que pone en juego la profundización de nuestra democracia, pues el país enfrenta un mercado eléctrico monopolizado, con empresas que cada vez obtienen mayor influencia política”

La representante del Programa Chile Sustentable recordó que una encuesta municipal determinó que el 78% de los tortelinos rechaza represar ríos de la Región de Aysén y que según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 70% de los chilenos estima que las megarrepresas dañarían el ambiente. “Esto implica evaluar si el gobierno propiciará la internalización de costos socioambientales; si exigirá una competencia justa entre opciones tecnológicas; si conciliará desarrollo energético y desarrollo regional o aplicará el dogma de la ‘neutralidad tecnológica’, para permitir que ‘el mercado energético’ -hoy, peligrosamente monopolizado- perpetúe su influencia sin contrapeso y la vulnerabilidad energética”, aseveró la líder ambientalista.-

HidroAysén ha sido fuertemente rechazado por grupos defensores del medio ambiente, aunque los responsables de la iniciativa dicen que contribuirá a dar alivio y seguridad al suministro eléctrico futuro del país.

El plan ambiental del proyecto, desarrollado por las generadoras Endesa Chile y Colbún tiene un avance de un 95% y en junio, tras ser evaluado, se definirá su fecha de entrega a las autoridades, dijo el gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar.

“Es un proyecto en el que por su magnitud estamos privilegiando la calidad sobre los plazos”, dijo Salazar tras participar de un seminario energético.

La sociedad había dicho originalmente que el estudio ambiental sería presentado en marzo y luego aseguró que lo haría a mediados de año, pero por su complejidad HidroAysén había aclarado que las fechas no eran definitivas.

Salazar dijo además que hasta el momento se han invertido unos seis millones de dólares en los estudios que ha realizado la sociedad.

HidroAysén espera construir, con una inversión de unos US$3.000 millones, las cinco centrales sobre los cauces de dos caudalosos ríos en la boscosa Aysén, en la que abundan las precipitaciones.

El proyecto ha provocado la furia de los ambientalistas que advierten que su ejecución afectaría el ecosistema en una remota zona apenas tocada por el hombre, especialmente con la construcción de los embalses para las centrales.

“Estos son movimientos que van contra el desarrollo del país”, aseguró Salazar al defender el proyecto durante su exposición en el seminario.

Ante la Corema de la Región de Coquimbo y a través de la sociedad Central Eólica Canela S.A., Endesa Eco ingresó la semana recién pasada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Canela II, nuevo proyecto eólico que contempla la instalación de 46 aerogeneradores para una potencia instalada de 69 MW y una generación media anual de 180,1 GWh.

La filial para el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de Endesa Chile ingresó el 28 de abril al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo, la DIA de Canela II, iniciativa que permitirá ampliar el parque eólico Canela, el que desde diciembre de 2007 aporta 18,15 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).

De acuerdo con la DIA, la inversión estimada en el proyecto asciende a US$ 168 millones y considera el desarrollo de un nuevo parque eólico, que estará situado al sur de Canela I, en un predio de 1.082 hectáreas. Asimismo, se considera un período de construcción de 17 meses, lapso en el que se instalarán los 46 aerogeneradores, de 79 metros de altura y una velocidad promedio de giro de 15 rpm cada uno.

Además, Canela II aprovechará la sala de control de la central actualmente en operación y la cercanía de la línea eléctrica existente Los Vilos – Pan de Azúcar, para la transmisión de la energía generada. La conexión al Sistema Interconectado Central (SIC) se realizará mediante una subestación seccionadora, que permitirá entregar la energía de forma directa al sistema.

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.
 
 

Siguen las reacciones de organizaciones ciudadanas de la Región de Los Ríos
a cuestionamientos emitidos por el senador Eduardo Frei hace algunos días en
contra de quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos.

DECLARACION PUBLICA:

En relación al acuerdo en el Senado impulsado por el senador Frei y otros,
comunicamos lo siguiente:

1. Desconocemos la autoridad de los senadores Frei y Allamand en la Región
de Los Ríos, a pesar de que los ciudadanos los hayan elegido por votación
popular. Ellos no son de esta región y tampoco representan el espíritu de
nuestro territorio. Por lo tanto, creemos que no tienen la calidad moral
para tomar decisiones por nosotros ni menos impulsar iniciativas que
comprometan nuestro futuro.

2. El Senador Frei es sindicado por muchos pehuenches como el gran
responsable de los megaproyectos Pangue y Ralco y además fue el que puso la
primera piedra para la construcción de la fábrica de celulosa. Los problemas
que estos megaproyectos han generado son más que conocidos por toda la
comunidad nacional e internacional.

3. Cuando Frei fue presidente se privatizaron, entre otras cosas, los
servicios sanitarios, quedando en su mayoría en manos de los españoles ¿Por
qué el senador no explica qué negocio tiene con los españoles?

4. Es impresentable que estos senadores desconozcan el trabajo de base
realizadas por organizaciones que defienden el patrimonio social y ambiental
en la Región de Los Ríos, sobre todo en casos tan conocidos como Celco y las
hidroeléctricas de Colbún, Endesa España y SN Power. Estos grupos
denominados “ambientalistas” son conscientes y trabajan con y para la
ciudadanía, a diferencia de ellos que sólo actúan para acrecentar sus arcas
personales.

5. Son muchos los fundamentos científicos y técnicos para oponerse a la
construcción de centrales hidroeléctricas y no son solamente caprichos de
grupos minoritarios como se muestra por los medios de información. La
hidroelectricidad, más que una solución a los problemas energéticos de
nuestro país, es simplemente un gran peligro, representando una amenaza para
las comunidades humanas y para la biodiversidad en general.

Coordinadora de Defensa del Río San Pedro

Fuente: www.latercera.cl