Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas

“Hoy ganó el medio ambiente. Gracias a una gran defensa frente a estos retrocesos, logramos que una norma que debilitaba la protección de nuestros océanos no siguiera adelante. El Tribunal Constitucional confirmó que las micro-relocalizaciones de centros salmoneros no pueden quedar fuera de la evaluación ambiental. Esta victoria demuestra que defender las protecciones ambientales sí hace la diferencia y que no podemos dejar pasar ningún retroceso en esa materia.

La decisión del tribunal confirma que una distancia de hasta 350 metros no puede, por sí sola, ser utilizada para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos ambientales. Como planteamos ante el Tribunal, en los fiordos y canales de la Patagonia esa distancia puede implicar condiciones ambientales completamente distintas y modificar los impactos de una actividad sobre el ecosistema.

Esta es sin duda una buena noticia para la protección de nuestros océanos y, especialmente, para las áreas protegidas de la Patagonia. La evaluación ambiental debe ser una herramienta preventiva y no puede ser reemplazada por criterios meramente cartográficos.

La resolución también aborda otros aspectos relevantes para la institucionalidad ambiental que implicaban importantes retrocesos en la materia. Entre ellos, el Tribunal declaró inconstitucional la norma que pretendía establecer indemnizaciones cuando un permiso ambiental fuera anulado por la justicia. Se trata de una decisión relevante, porque este tipo de mecanismos podía debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales y generar incentivos para mantener vigentes permisos que posteriormente fueran considerados ilegales, puesto que la alternativa era que el costo de esas decisiones recayera sobre toda la ciudadanía. 

Esperamos conocer la sentencia completa para poder evaluar con precisión todos sus alcances. Sin embargo, lo resuelto hoy entrega una señal muy potente y puede marcar un precedente fundamental frente a los retrocesos ambientales: la protección del medio ambiente no puede ser sacrificada simplemente para acelerar inversiones.

El Tribunal Constitucional puso un límite concreto a normas que debilitaban nuestras protecciones ambientales y reafirmó que existen estándares que deben ser respetados. Hoy quedó demostrado que frente a los retrocesos ambientales, defender lo avanzado sí hace la diferencia”. 

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Author: Prensa Chile

Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas

Para Greenpeace, la exclusión de las denominadas micro-relocalizaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental plantea serias dudas de constitucionalidad, porque reduce una herramienta destinada precisamente a prevenir daños ambientales antes de que ocurran.

Una distancia de hasta 350 metros puede parecer pequeña en un mapa, pero en ecosistemas frágiles -como lo son los fiordos y canales de la Patagonia- puede significar condiciones ambientales completamente distintas, con nuevos impactos sobre el fondo marino, la biodiversidad y la salud general del ecosistema. Por eso, no basta con establecer una distancia al azar para asumir que una relocalización no tendrá impactos relevantes.

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A nuestro juicio, esta exclusión debilita el deber constitucional del Estado de proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza, y puede significar un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados por nuestro país. La protección del medio ambiente debe ser preventiva, lo que implica que si se cambia el lugar donde una actividad genera sus impactos, es necesario conocer las condiciones del nuevo emplazamiento y evaluar sus efectos antes de autorizarlo.

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Por eso, desde Greenpeace esperamos que el Tribunal Constitucional acoja los requerimientos presentados y resguarde que cualquier modificación que pueda generar nuevos impactos ambientales sea debidamente evaluada. No se trata solo de cumplir con un procedimiento: se trata de garantizar el mandato constitucional de prevenir el daño ambiental, proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza.

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Author: Prensa Chile

Mientras el Hemisferio Norte atraviesa otro verano de temperaturas récord, sus consecuencias dejan una advertencia para todo el planeta: el calor extremo ya no es una excepción y prepararnos para enfrentarlo también es una decisión política. 

Por Mehdi Leman, Editor de contenido de Greenpeace Internacional, radicado en Francia

Como si vivieran dentro de un horno, así se sintieron las últimas semanas las millones de personas que viven desde Canadá y Estados Unidos a Francia y España, de Japón a Marruecos, de India a Pakistán. Aunque hoy estas imágenes nos lleguen desde el otro lado del mundo, lo que está ocurriendo no es un problema lejano ni exclusivo de su verano. El aumento de las temperaturas está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas en distintas regiones del planeta, también en el Hemisferio Sur. 

En Europa occidental este junio fue el más caliente desde que se tienen registros, a lo que se sumaron incendios feroces en julio y olas de calor repetidas en Francia, España, Italia, Alemania y el Reino Unido. Los primeros análisis sugieren que a finales de junio de 2026 la ola de calor habría causado la muerte de 20.000 personas en una sola semana (más de 10.000 muertes por encima de lo esperado para esa época del año), sobre todo en adultos de más de 65 años. En particular, las autoridades de salud francesas reportaron que hubo 5700 muertes más durante la ola de calor histórica de junio.

A la par, los países que ya están acostumbrados a veranos brutales están siendo empujados más allá de los límites humanamente tolerables. En India, un estudio estimó que un solo día de calor extremo podría provocar alrededor de 3.400 muertes más de las esperadas, mientras que una ola de calor de cinco días podría elevar esa cifra a cerca de 30.000 en todo el país. Pakistán y otros países del Golfo Pérsico también están sufriendo condiciones “muy calurosas y muy húmedas” que hacen que trabajar al aire libre sea insoportable y que inclusive caminatas cortas, sean peligrosas. Japón declaró a las recientes olas de calor “un desastre”, después que más de 10.000 ciudadanos acudieran al hospital en una semana sólo por golpes de calor.

En tanto, Marruecos enfrenta sucesivas olas de calor, estrés hídrico y alertas naranjas, con temperaturas que alcanzan los 44 a 46°C en distintas provincias, y condiciones que aumentan el riesgo de  nuevos incendios forestales.

Este combo de eventos extremos no puede adjudicarse “al verano”. Hay que hablar con precisión y decir que estamos ante una crisis climática alimentada por la industria de combustibles fósiles y recargada por un fuerte fenómeno de El Niño. El resultado: temperaturas récord y regiones enteras cada vez más expuestas a incendios forestales, que arrasan bosques secos y obligan a cientos de miles de hombres y mujeres a huir de las zonas afectadas. A la par, ni el hecho de que el Tour de France deje de permitir espectadores ni que los jugadores del torneo de tenis Roland Garros o del Mundial de fútbol se esfuerzan por recuperar el aliento y rendir en un clima peligroso, termina de llamar la atención. 

Las consecuencias del calor extremo en las personas, el sistema alimentario y los ecosistemas

El calor extremo no sólo genera estrés a nivel físico sino también mental y del sueño. Puesto que, cuando las noches continúan siendo calientes y húmedas, el cuerpo no puede bajar su temperatura y esto lleva a perder horas de descanso. Investigadores comprobaron que durante los últimos cinco años, las altas temperaturas hicieron que una persona promedio perdiera alrededor de 56 horas de sueño por año. Además, puede hacer que las reacciones sean más lentas, empeorar la concentración y la toma de decisiones. A su vez, está ligado a un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, en especial en personas mayores y aquellas que ya viven con enfermedades de este tipo. 

Los daños también se dan en los sistemas de los que dependemos. El calor extremo y la sequía ponen en riesgo las cosechas y la seguridad alimentaria en muchas regiones, mientras empujan a especies claves y a ecosistemas enteros al colapso a través del blanqueamiento de corales, el deterioro de los bosques, los incendios más recurrentes y los océanos más calientes y ácidos. 

La experiencia de las ciudades que hoy enfrentan temperaturas extremas deja aprendizajes que trascienden fronteras. Cómo construimos nuestras viviendas y ciudades, cuánto verde tienen nuestros barrios, qué condiciones enfrentan quienes trabajan al aire libre y qué capacidad tienen los Estados para responder ante una ola de calor pueden marcar una enorme diferencia.

Cómo hacer habitables las ciudades en un mundo más caliente 

Proteger a la ciudadanía de las amenazas que implican las temperaturas en aumento requiere de decisiones políticas ambiciosas que busquen adaptar a las ciudades, mejorar viviendas y espacios públicos y abrir refugios climáticos donde refrigerarse.  El calor tampoco afecta a todas las personas por igual: quienes viven en viviendas precarias, trabajan al aire libre o habitan barrios con menos árboles y espacios verdes suelen estar mucho más expuestos a las altas temperaturas. Hay ejemplos de varios gobiernos municipales que empezaron a adaptar conjuntos habitacionales mediante el uso de aislamiento térmico, sistemas de sombreado, una mejor ventilación y techos fríos para reducir la temperatura en el interior en varios grados, especialmente en edificios de mala calidad constructiva y en asentamientos informales. 

Asimismo, programas en España, Francia (aunque está bastante rezagado en sus metas) y Alemania muestran que renovar viviendas sociales en pos de lograr eficiencia energética puede reducir los costos de las facturas de energía en los crudos inviernos y en los veranos de calor extremo, en particular cuando se acompañan de techos solares y energía comunitaria. 

Hay que tener presente que en este contexto, la infraestructura verde es tan importante como las cañerías y el asfalto. Las imágenes térmicas tomadas por Greenpeace en Madrid, Roma, Londres y ciudades de India dejan en evidencia que las calles y manzanas sin árboles ni parques cercanos pueden estar 10°C más calientes que las zonas con áreas verdes cercanas, mientras que la vegetación y los espacios con agua pueden reducir la temperatura de la superficie entre 15 °C y 20 °C en algunas zonas. 

Abrir los parques y las piscinas públicas por las noches y los fines de semana, plantar más árboles en las calles y en las veredas, en especial en las cercanas a escuelas, restaurar humedales urbanos y ríos y reducir el tráfico urbano son todas medidas que ayudan a enfriar las ciudades y protegerse del calor. 

Los recubrimientos blancos o reflectantes para techos, desde los tradicionales encalados del Mediterráneo hasta las modernas pinturas “frías” utilizadas en ciudades como Ahmedabad, Los Ángeles y Casablanca, también están demostrando ser una forma económica de refrescar barrios enteros. Sus beneficios son especialmente importantes para las comunidades de menores recursos, que a menudo viven en las viviendas más expuestas al calor. 

Nuevas reglas y servicios públicos para una era de calor extremo 

Mientras el calor extremo se convierte en una amenaza habitual, los gobiernos están empezando a introducir leyes y protecciones que deberían existir desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, Sevilla y Atenas comenzaron a nombrar y clasificar las olas de calor según su gravedad, de manera que activan planes de emergencia según su categoría. En París y Bangkok se abren refugios climáticos (lugares de paso donde se para para refrigerarse) en librerías, escuelas, iglesias y salas comunitarias. Sin embargo, su cobertura suele ser desigual y no llega a los barrios más pobres ni a las personas que no cuentan con medios de transporte. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de salud recomiendan desarrollar planes de acción para enfrentar las olas de calor que contemplen inversiones en servicios públicos, sistemas de alerta temprana y redes eléctricas capaces de resistir eventos extremos. La OMS y otros organismos de salud recomiendan poner especial foco en las personas que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares ni de refugiarse en zonas más frescas. 

Frenar el calor producido por los combustibles fósiles, desde la fuente 

Finalmente, debemos decir que “Beber agua y mantenerse en lugares frescos” no es ya una  medida de prevención suficiente en un mundo donde el calor está matando a una persona por minuto en el mundo, aproximadamente, y donde eventos extremos como los de junio y julio de 2026 se están convirtiendo en la norma y no en la excepción. Entonces, lo más eficaz que podemos hacer para combatir el calor extremo es dejar de quemar carbón, petróleo y gas lo antes posible y reemplazarlos por energías renovables y sistemas más eficientes, que sean justos para los trabajadores y para las comunidades. 

Hay que remarcar que esta crisis es profundamente injusta. Las personas que están muriendo primero y en mayor número a causa del calor en India, Pakistán, Marruecos o los países del Golfo Pérsico son quienes menos contribuyeron a provocarla. Y esa desigualdad también se reproduce dentro de cada país y cada ciudad: no enfrenta el calor de la misma manera quién puede refrigerar su vivienda, trabajar en un espacio acondicionado o trasladarse a un lugar más fresco que quien trabaja al aire libre o vive en un barrio con menos árboles, espacios verdes y servicios públicos. Un reducido grupo de países ricos y grandes corporaciones fue responsable de la mayor parte de la quema de combustibles fósiles y continúa obteniendo beneficios de ella. 

Por fortuna, muchas de las muertes y la devastación que estamos viendo todavía pueden ser prevenidas. Hemos llegado a un punto en que las políticas y las reglas moldean, casi de manera literal, quién vive o muere en una ola de calor, y quiénes deben enfrentarla solos.

Por todo lo dicho, el calor es político. O bien las compañías fósiles siguen cobrando regalías mientras la ciudadanía colapsa de calor en sus hogares, o los gobiernos comienzan a respaldar viviendas mejor preparadas para enfrentar el calor, ciudades más verdes, servicios públicos más robustos y una transición rápida y justa para dejar atrás los combustibles fósiles que están convirtiendo el calor extremo en un fenómeno con víctimas masivas. 

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Author: Meri Castro

En el marco del Día de la Niñez, la organización advirtió que niños, niñas y adolescentes siguen siendo los principales afectados por los episodios de contaminación que afectan a Quintero y Puchuncaví, una realidad que se ha repetido durante los últimos años y que evidencia la deuda pendiente con quienes crecen en las zonas de sacrificio.

08 de agosto, 2026. Mientras este domingo Chile celebra el Día de la Niñez, en Quintero y Puchuncaví cientos de niños, niñas y adolescentes continúan enfrentando una realidad muy distinta: asistir a clases con el riesgo permanente de sufrir episodios de contaminación que terminan en intoxicaciones, atenciones de urgencia y suspensión de actividades escolares.

Solo entre el 21 de abril y el 14 de mayo de este año, según datos recopilados por la organización (tras solicitar antecedentes a la Seremi de Salud de Valparaíso, la Municipalidad de Puchuncaví y la Subsecretaría de Educación), seis episodios de contaminación ambiental han afectado a ocho establecimientos educacionales de ambas comunas. En ese período se registraron 170 atenciones de salud, de las cuales 108 correspondieron a menores de edad.

Los casos se concentraron en jardines infantiles, escuelas, colegios y un centro de formación técnica, con síntomas que se repitieron en cada uno de los episodios: cefalea, dolor abdominal, náuseas, mareos, vómitos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, prurito ocular y dolor torácico. Además, 95 personas fueron diagnosticadas con sospecha de intoxicación por gases y vapores (el famoso código T-59 de la Clasificación Internacional de Enfermedades).

Para Greenpeace, estos antecedentes demuestran que las intoxicaciones continúan ocurriendo y que la niñez sigue siendo la principal víctima de la contaminación generada por el cordón industrial de la bahía. “Niños y niñas deberían poder crecer en entornos seguros, donde respirar no represente un riesgo para su salud. Sin embargo, en Quintero y Puchuncaví seguimos viendo que son precisamente ellos los más afectados cada vez que ocurre un episodio de contaminación. Como país, no podemos continuar normalizando estas ‘excepciones’ en la protección a las infancias”, aseguró Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

Los episodios registrados este año se suman a los ocurridos entre septiembre y noviembre de 2025, cuando se registraron cientos de atenciones de salud entre estudiantes y funcionarios de establecimientos educacionales.

Firma ahora la carta de las Infancias en Sacrificio de Quintero-Puchuncaví


Exige acciones inmediatas

Para la organización, la reiteración de estos eventos demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un problema ambiental y sanitario que continúa afectando de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes. “No basta con reaccionar cada vez que ocurre una intoxicación. Después de años de episodios similares y de sentencias categóricas desde la propia Corte Suprema, el Estado chileno sigue sin garantizar el derecho de estos niños y niñas a vivir, estudiar y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación. Ese es un derecho básico que hoy continúa siendo vulnerado”, agregó Núñez.

En el marco del Día de la Niñez, Greenpeace hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas efectivas que prevengan nuevos episodios de contaminación, permitan identificar oportunamente las sustancias responsables y aseguren la protección de quienes viven en la bahía.

“En esta celebración hablamos de regalos, de cuidados y del cariño con que queremos que crezcan los niños y niñas. Pero antes de todo eso hay algo que el Estado debe garantizar: su derecho a vivir, jugar y estudiar en un ambiente libre de contaminación. Mientras eso no ocurra en Quintero y Puchuncaví -y en cualquier otra parte de nuestro país- seguiremos teniendo una deuda inaceptable con estas infancias”, concluyó la abogada de Greenpeace.

Cierre de las termoeléctricas de Quintero-Puchuncaví

Exige el cierre de las centrales en Quintero-Puchuncaví de manera inmediata y un plan de cierre total de carboneras.

Involúcrate

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Author: Prensa Chile

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar recuerda que las ballenas son mucho más que una especie emblemática. Son parte de la memoria, la espiritualidad y el equilibrio del territorio. Una forma de entender el océano que hoy contrasta con las crecientes amenazas que enfrentan estos gigantes marinos en los canales australes.

08 de agosto, 2026. Para algunas comunidades Kawésqar, el mar nunca ha sido solo un paisaje. Es el lugar donde se construye la identidad, donde habita la memoria y desde donde se transmite el conocimiento entre generaciones. En sus aguas se aprende cuándo navegar, cuándo pescar, qué especies respetar y cómo convivir con un territorio cuyos ciclos naturales son la base de la vida.

“Para nuestra comunidad el mar, representa identidad, subsistencia, modo de vida; es una gran energía, el mar son miles de años de recorrido, la memoria recorre cada ola y cada marejada, está en primer lugar por eso lo defendemos“, asegura Leticia Caro, de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar.

Esa forma de entender el territorio se transmite de generación en generación. Según relata Caro, el conocimiento sobre el mar no se aprende únicamente desde la experiencia cotidiana, sino también a través de relatos que enseñan a observar y respetar los ciclos de la naturaleza. De esa manera, la comunidad distingue qué especies pueden aprovecharse, cuáles deben permanecer intactas y en qué momentos corresponde hacerlo, entendiendo que la subsistencia depende precisamente de mantener el equilibrio del ecosistema.

Más que reglas, se trata de una forma de habitar el territorio. El respeto por los ciclos reproductivos, por los lugares de pesca, por el viento, el oleaje y ciertos sitios considerados sagrados constituye un conocimiento construido durante siglos de convivencia con el mar.

Dentro de esa cosmovisión, las ballenas ocupan un lugar especialmente significativo. Su presencia anuncia cambios en los ciclos naturales, conecta a las comunidades con su historia y forma parte de relatos y ceremonias que han acompañado a algunas comunidades desde tiempos ancestrales. Cuando antiguamente una ballena varaba de manera natural, no solo proveía alimento y materiales para fabricar herramientas, sino que también daba origen a ceremonias donde distintas familias se reunían durante semanas para compartir, descansar y fortalecer los vínculos espirituales con sus antepasados.

“Las ballenas forman parte importante del modo de vida antiguo y actual pues forman parte de los ciclos naturales del territorio; el tiempo de las ballenas trae consigo alimento, historias y conexiones, son espíritus antiguos”, resume Caro.

Desde esa mirada, proteger a las ballenas significa también proteger la historia y la memoria del territorio. No solo porque cumplen un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema, sino porque representan una forma de relacionarse con la naturaleza que ha permitido a diversas comunidades convivir con ella durante generaciones, incluso en aquellos lugares donde los elementos golpean con más fuerza.

Sin embargo, esa convivencia enfrenta hoy crecientes amenazas. La expansión de la salmonicultura, el aumento del tráfico marítimo y la contaminación han transformado profundamente los canales australes. Según explica la dirigenta, estos cambios han reducido la disponibilidad de especies nativas, deteriorado playas de pesca y modificado incluso las formas tradicionales de vida de las comunidades costeras, obligando a muchas personas a abandonar las actividades de subsistencia.

Es en ese contexto donde adquiere especial relevancia la preocupación por las ballenas que mueren producto de actividades humanas. Hace poco más de un año, la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, junto a Greenpeace, presentó una querella tras el hallazgo de una ballena jorobada muerta y enmallada al interior de la Reserva Nacional Kawésqar. Para la comunidad, el caso refleja una amenaza que trasciende la pérdida de un ejemplar: representa el impacto que la actividad industrial puede tener sobre especies que forman parte del patrimonio natural y cultural del territorio.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la invitación de la comunidad es también una llamada a mirar el océano desde otra perspectiva: entender que conservar la biodiversidad implica reconocer los conocimientos de quienes han convivido con ella durante siglos.

De ese modo, la invitación de Caro es a unirse a los esfuerzos para proteger el mar: “Aprenderemos que es posible un mundo distinto sin depredación, sin ballenas enmalladas… aprendan lo magnífico que es el mar que nos provee gratis de todos sus parabienes, vengan con nosotros a proteger el mar”.

Defiende a las ballenas

En la actualidad, la cacería sigue siendo una amenaza para estos cetáceos, aunque otras causas ambientales también están afectando su supervivencia.

Involúcrate

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Author: Prensa Chile

La organización advierte que el país ha destinado más de mil millones de dólares tras diferentes eventos climáticos extremos, y plantea que la adaptación debe convertirse en una política de Estado para reducir los impactos humanos y económicos de futuras emergencias.

Santiago, julio de 2026. En los últimos años, Chile ha destinado más de US$1.000 millones a enfrentar algunos de los principales desastres asociados a precipitaciones extremas de la última década. Sin embargo, expertos advierten que el país sigue planificando ciudades, infraestructura y territorios bajo un paradigma climático que ya cambió. Mientras un nuevo sistema frontal afecta gran parte del país, Greenpeace llamó a acelerar la adaptación climática y dejar de concentrar los esfuerzos únicamente en reconstruir después de cada emergencia. 

Según datos recabados por la organización, solo las inundaciones de junio de 2023 representaron un costo fiscal de US$536 millones, mientras que los aluviones que afectaron Atacama y Antofagasta en 2015 obligaron al Estado a movilizar más de US$500 millones para la reconstrucción. A esto se suman las inversiones realizadas para reparar los socavones de Viña del Mar, que a 2025 ya superaban los $32.000 millones, y los nuevos recursos extraordinarios que comenzaron a activarse en los últimos días para enfrentar el más reciente sistema frontal.

No es “mal tiempo”, es la crisis climática golpeando nuestra puerta

Firma para pedir medidas urgentes para mitigar y prevenir los impactos de la devastadora crisis climática

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“Cada vez que enfrentamos un temporal importante volvemos a preguntarnos si habrá inundaciones, cortes de servicios o daños en infraestructura. Sin embargo, seguimos discutiendo muy poco cómo evitar que estos eventos se transformen en desastres. La adaptación climática no puede seguir siendo una respuesta reactiva; debe convertirse en una prioridad permanente para proteger a las personas y al país“, señala Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Greenpeace Andino,

Greenpeace recordó que los eventos meteorológicos extremos forman parte de la variabilidad natural del clima, pero advirtió que la crisis climática incrementa el riesgo de impactos más severos, haciendo aún más urgente fortalecer la resiliencia de ciudades, infraestructura y comunidades, haciendo un llamado a avanzar en una estrategia nacional de adaptación climática que priorice la prevención, la planificación territorial, la protección de infraestructura crítica y soluciones que permitan reducir los costos humanos, sociales y económicos de futuras emergencias.

De acuerdo con los expertos, el principal problema ante estos eventos extremos no está en la respuesta, sino en la falta de planificación para minimizar sus efectos, y coinciden en que el mayor riesgo surge no desde el fenómeno natural específico, sino desde la vulnerabilidad de los territorios. En general, existe un consenso sobre que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en responder mejor a las emergencias, sino en tomar decisiones distintas sobre cómo planificamos, protegemos e invertimos en nuestros territorios para reducir los riesgos antes de que ocurran los próximos desastres. 

Para Cecilia Ibarra, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y profesora asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, nuestro país mantiene importantes deudas en prevención, regulación e inversión frente a los eventos extremos. “La prioridad es prevenir, y para eso se necesita regular e invertir”, sostiene. Esto implica mantener altos estándares de evaluación ambiental, actualizar los planes reguladores, conservar cauces y reforzar riberas, además de incorporar criterios climáticos en las inversiones destinadas a prevenir inundaciones y remociones en masa.

Por su parte, Pamela Smith, también investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señala que este sistema frontal vuelve a mostrar que el riesgo no es únicamente meteorológico, sino también territorial. “Chile ha planificado históricamente pensando en un clima estable, cuando la evidencia acumulada, especialmente en los últimos años, muestra que la variabilidad climática está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos”, advierte. De acuerdo con la experta, esta falta de planificación adecuada deriva en que los mayores daños se den en quebradas, planicies de inundación y sectores cercanos a humedales, reflejando el impacto acumulado de decisiones de planificación territorial que no incorporaron adecuadamente el riesgo, y son las comunidades más vulnerables las que enfrentan las consecuencias más severas de esta negligencia.

De acuerdo con Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora asociada del CR2 y coordinadora académica del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, los ecosistemas cumplen un rol fundamental en la reducción del riesgo de desastres socioambientales. “Invertir en la protección y conservación de estos ecosistemas puede ser más efectivo y eficiente que construir infraestructuras de alto costo orientadas a resolver problemas puntuales”, afirma. Explica que humedales, bosques, cuencas y otros ecosistemas actúan como mitigadores naturales al abordar simultáneamente distintos riesgos. Por ejemplo, un bosque puede disminuir la probabilidad de remociones en masa, favorecer la infiltración del agua durante lluvias intensas y generar paisajes más resilientes frente a incendios forestales. Además, destaca que estos ecosistemas aportan beneficios que van más allá de la reducción del riesgo, como la regulación de la temperatura, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo de actividades recreativas y económicas. 

Azócar señala que Chile cuenta con una política nacional renovada orientada a fortalecer la preparación y la prevención frente a los desastres, y destaca que los eventos recientes muestran avances en la capacidad de respuesta, especialmente en la zona centro-sur del país. Sin embargo, advierte que una de las principales lecciones que dejan los sistemas frontales es la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en la zona norte y de avanzar hacia una planificación adaptada a las características climáticas, territoriales y sociales de cada lugar. “Una política nacional homogénea no es efectiva“, sostiene, enfatizando la importancia de reforzar la descentralización en el diseño de planes y soluciones para cada territorio.

Las recientes opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia marcaron un precedente al reafirmar que los Estados tienen obligaciones para proteger a las personas frente a la crisis climática. Ambos tribunales sostienen que enfrentar sus impactos ya no es solo una aspiración de política pública, sino una responsabilidad vinculada a la protección de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más expuestas y vulnerables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático”.

En ese contexto, la abogada de Greenpeace señala que la adaptación al cambio climático no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino que debe traducirse en decisiones concretas para reducir los riesgos antes de que ocurran los desastres. Para esto, la abogada sostiene que “la justicia climática también significa proteger a quienes históricamente han soportado los mayores impactos sociales y económicos de la crisis climática. Proteger los ecosistemas, planificar mejor los territorios e invertir en prevención no es solo una decisión ambiental: es una forma de proteger derechos y de cuidar la vida“.

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Author: Prensa Chile

A ocho años de la Ley Chao Bolsas Plásticas

Las precipitaciones de las últimas semanas volvieron a evidenciar cómo los residuos abandonados terminan acumulándose en alcantarillas, cauces y riberas. Greenpeace reconoce el avance que significó la prohibición de las bolsas plásticas de comercio, pero advierte que Chile debe avanzar hacia una reducción efectiva de los plásticos desechables y una mayor responsabilidad de quienes los ponen en el mercado.

03 de agosto, 2026. Los intensos sistemas frontales que han afectado a distintas regiones del país durante las últimas semanas dejaron nuevamente una imagen conocida: residuos acumulados en alcantarillas, canales, quebradas, cauces urbanos y, finalmente, playas y borde costero. En ese contexto, cuando este 3 de agosto se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas“, Greenpeace destaca que la normativa marcó un cambio importante en la forma en que el país enfrenta la contaminación por plásticos, aunque advierte que el problema sigue lejos de estar resuelto.

Cabe recordar que Chile fue el primer país de América Latina en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Antes de la entrada en vigor de la ley se estimaba que en el país se utilizaban cerca de 3.400 millones de bolsas al año y, según el Ministerio del Medio Ambiente, hacia 2020 su implementación ya había evitado la entrega de aproximadamente 4.800 millones de bolsas plásticas.

Pese a lo anterior, según la organización, el escenario actual demuestra que la contaminación por plásticos continúa siendo un problema estructural. El Plan de Invierno 2026 considera el retiro preventivo de cerca de 4.000 toneladas de basura desde la red de alcantarillado de la Región Metropolitana, mientras que durante 2025 ya se extrajeron más de 4.100 toneladas de residuos de ese sistema, incluyendo plásticos, neumáticos, textiles, aceites solidificados y otros desechos. Aunque no existe un desglose oficial que permita identificar qué proporción corresponde específicamente a residuos plásticos, la evidencia muestra que estos forman parte de los materiales que deben retirarse año tras año.

“La lluvia no crea la basura: revela y moviliza los residuos que ya estaban abandonados en nuestras ciudades. Cuando aparecen bolsas, botellas y otros plásticos en alcantarillas, canales y ríos, estamos observando el resultado de una gestión deficiente que comienza mucho antes de la tormenta“, afirma Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

En efecto, las precipitaciones movilizaron residuos que pueden haber permanecido durante meses o incluso años acumulados en calles, quebradas, riberas, vegetación y sedimentos. Parte de ellos terminó obstruyendo la infraestructura urbana y otra parte continúa desplazándose hacia ríos, estuarios y zonas costeras, donde agrava la contaminación de los ecosistemas acuáticos. De hecho, diversas investigaciones científicas han demostrado que los eventos de crecida aumentan el transporte de plásticos desde las cuencas hacia los cursos de agua, mientras que un estudio publicado en Science Advances concluyó que más de mil ríos concentran cerca del 80% de las emisiones fluviales de plástico que llegan al océano.

“A ocho años de la Ley Chao Bolsas Plásticas, Chile puede reconocer un cambio importante en los hábitos de consumo. Pero prohibir la bolsa del comercio fue solo el primer paso: todavía debemos reducir la producción de desechables, exigir mejores diseños y asegurar que las empresas se hagan responsables de los residuos que generan”, agrega Espinosa.

En este contexto,  la vocera de Greenpeace destaca que durante los últimos años Chile ha dado pasos importantes con leyes como Chao Bolsas Plásticas, la de Plásticos de un Solo Uso o la de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normas que buscan avanzar hacia una mayor responsabilidad de quienes ponen productos y envases en el mercado. Sin embargo, la organización advierte que su implementación aún no ha logrado traducirse plenamente en una reducción efectiva de los residuos, por lo que, en la práctica, gran parte del esfuerzo sigue recayendo en las personas consumidoras y el Estado.

“No es razonable ni económicamente viable que el Estado, los municipios y las personas tengan que retirar cada invierno miles de toneladas de basura desde alcantarillas y cauces. La prevención debe comenzar en el diseño, la producción y la comercialización, no solamente cuando el residuo ya está obstruyendo la ciudad o llegando a los ríos“, señala la especialista.

De este modo, desde Greenpeace enfatizan que el principal desafío es avanzar hacia una economía donde se produzcan menos residuos desde el origen. “La Ley REP establece que quien introduce envases al mercado debe financiar su gestión. El desafío ahora es que esa obligación se traduzca finalmente en menor producción de residuos, mayor reutilización, recolección efectiva y productos que no estén diseñados para convertirse rápidamente en basura”, puntualiza Espinosa.

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Author: Prensa Chile

La organización recurrió al Comité de Ministros para solicitar la revisión de la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, el que estiman no tomó en consideración las observaciones ciudadanas hechas en su tramitación, poniendo en riesgo a todo el cauce ribereño y a comunidades de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

31 de julio, 2026. Greenpeace presentó una reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso. En este documento, la organización sostiene que, al aprobar el proyecto, la autoridad no respondió ni consideró debidamente diversas observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación ambiental, por lo que solicita que esa decisión sea revisada por la máxima instancia político-administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La acción se presentó luego que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), también recurriera al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas por la autoridad ambiental. Para Greenpeace, este hecho confirma que ha sido la propia empresa la que ha prolongado la tramitación del proyecto: primero, al ingresar en 2020 un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser complementado y corregido en reiteradas oportunidades para cumplir con los estándares exigidos por la institucionalidad y, ahora, al impugnar las medidas establecidas por la autoridad para hacerse cargo de esos mismos impactos.

“Nuestra reclamación busca que el Comité de Ministros revise una aprobación ambiental que no se hizo cargo adecuadamente de las observaciones presentadas por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, se produce mientras el propio titular intenta reducir drásticamente las exigencias ambientales establecidas para su proyecto. Eso demuestra que aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva durante su evaluación y que, aun así, sigue representando riesgos relevantes para un ecosistema tan frágil como la cuenca del río Maipo, desde los glaciares hasta su desembocadura en el mar”, señaló Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

La abogada de la organización enfatizó que el país necesita desarrollar proyectos de inversión que impulsen el empleo y fortalezcan la infraestructura estratégica. Sin embargo, sostuvo que ese desarrollo debe ser compatible con la protección ambiental y con una adecuada planificación territorial, especialmente cuando se trata de intervenciones de gran escala sobre ecosistemas de alta relevancia ecológica.

En ese sentido, Greenpeace planteó que la discusión trasciende este proyecto en particular y abrió una pregunta de fondo sobre el desarrollo portuario del país: si Chile requiere concentrar gran parte de su expansión logística en un solo megaproyecto o avanzar hacia un fortalecimiento más equilibrado de la red de puertos existente, reduciendo los impactos ambientales para los distintos territorios.

Las preocupaciones de Greenpeace son compartidas por diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades que también presentaron acciones para la revisión del proyecto, argumentando que sus observaciones no fueron debidamente consideradas y que persisten ilegalidades relevantes sobre la biodiversidad, la salud de las personas y el funcionamiento de la cuenca del río Maipo.

Para las comunidades, evaluar el megaproyecto como una intervención aislada desconoce la interdependencia ecológica entre los glaciares, el río Maipo, su desembocadura y el océano Pacífico. En particular, advierten que la construcción del molo portuario podría alterar el transporte natural de sedimentos, modificar el estuario e incrementar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

“No podemos entender los glaciares como masas de hielo aisladas en la alta montaña. Proteger la naciente helada de la cuenca tiene como fin garantizar que el ciclo hidrológico fluya de cordillera a mar. Si el río Maipo no logra llegar al océano debido a la intervención severa de su estuario y la retención de sus sedimentos, el ciclo ecológico completo de la cuenca se fractura. La salud de los glaciares y la cuenca hidrológica está ética y sistémicamente ligada a que las aguas fluyan y permanezcan libres hasta el Pacífico”, afirmó Constanza Espinoza, representante de Fundación Glaciares Chilenos.

Por su parte, desde ONG Ecosistemas argumentaron que llevan años “resistiendo” la extracción desmedida por diversas industrias, la contaminación y el deterioro del Río Maipo: “Este río es la arteria vital de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Aceptar una RCA que aprueba un molo de 4 kilómetros, sabiendo que actuará como una barrera de sedimentos que provocará el embancamiento de la desembocadura, afectando el ciclo hídrico e incrementará el riesgo de inundaciones en eventos extremos, es condenar al colapso definitivo a una cuenca que ya está al límite, Chile debe pensar en proyectos para su protección y restauración de la cuenca más importante de la zona central vs este tipo de proyectos”.

Para Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, la discusión que abre este proyecto trasciende las acciones presentadas por las diversas organizaciones y comunidades locales, planteando una pregunta de fondo sobre el desarrollo que Chile necesita. “Chile necesita mejorar su infraestructura y logística portuaria y avanzar en proyectos que impulsen el desarrollo del país. Esa discusión no está en cuestión. Lo que debemos preguntarnos es si este es realmente el proyecto que Chile necesita; un proyecto que arrasa con el territorio y con sus funciones ecosistémicas, incluida su enorme relevancia en materia de resiliencia climática, como quedó comprobado con los últimos sistemas frontales; un proyecto que en seis años no ha sido capaz de mejorar sus graves problemas. Vale la pena perseverar con proyectos que amenazan ecosistemas, comprometen la biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades. Creemos que no”, aseguró la abogada

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Author: Prensa Chile

Se cumplen 40 años desde la primera vez que se conmemoró el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Desde entonces, cada 23 de julio -por  iniciativa de la Comisión Ballenera Internacional (CBI)-, se busca generar conciencia sobre la importancia de estos animales que no sólo son maravillas de la naturaleza sino ingenieros ecosistémicos indispensables.

Greenpeace está ligado a la protección de las ballenas desde sus inicios. De hecho, fuimos un actor fundamental para lograr que la CBI decretara, en 1982, una moratoria a la caza comercial que se hizo efectiva cuatro años después (y que esta efeméride recuerda). Este logro tuvo consecuencias muy positivas, como lograr que especies icónicas, como la ballena jorobada, regresaran del borde de la extinción, logrando restablecerse con éxito en varias de sus rutas históricas.

Sin embargo, países como Japón, Islandia y Noruega pasaron por alto la normativa intencional y continuaron con las capturas bajo la implementación de un falso programa científico. Para fines del siglo XX, se estimó que la caza comercial llevó a la desaparición de tres millones de ballenas. 

Considerando que al día de hoy no sólo hay que defenderlos de la caza con arpón, es un buen momento para que sigamos hablando sobre las ballenas y los delfines para conocerlos y entender que sin ellos, no hay clima estable ni océanos saludables.

¿Cuál es la situación actual de las poblaciones de ballenas y delfines? 

Lamentablemente, alrededor de un tercio de las especies de cetáceos del mundo están en peligro crítico. Para entender la magnitud de la amenaza, podemos citar casos extremos como la ballena franca del Atlántico Norte, de la cual quedan menos de 250 ejemplares, o la vaquita marina en México.

En tanto, también las 5 especies de delfines de río (como el delfín rosado del Amazonas o el del Ganges) se encuentran en la misma situación alarmante. Las causas detrás de esta triste realidad son la contaminación y fragmentación de hábitats, que han hecho caer las subpoblaciones por debajo de los 100 individuos.

¿Cuáles son los principales peligros que acechan a ballenas y delfines? 

Son diversos los peligros que acechan a ballenas y delfines, entre ellos la contaminación acústica generada por prospecciones sísmicas que buscan combustibles fósiles en el lecho marino, el choque contra embarcaciones de carga pesada producto del aumento del tráfico marítimo y la ingestión masiva de microplásticos y desechos plásticos que inundan su hábitat. 

La captura incidental en redes de pesca industrial (conocida como  bycatch) es otro gran peligro. Esta causa por sí sola se estima que provoca la muerte de unas 300.000 ballenas y delfines al año a nivel global.

¿Cuáles son las especies de delfines y ballenas que viven en Chile? 

En nuestras aguas podemos encontrar al animal más grande de la Tierra: la Ballena Azul (Balaenoptera musculus).  Tiene sus áreas críticas de alimentación al noroeste de la Isla de Chiloé y el Golfo de Corcovado, donde se han censado al menos 100 individuos. Esta maravilla se ve amenazada principalmente por las colisiones con grandes embarcaciones mercantes y la destructiva industria salmonera.

La Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) frecuenta los canales australes de la Patagonia chilena. Sufre enredos constantes en la infraestructura pesquera y acuícola abandonada.

Otros cetáceos que habitan aguas de Chile son franca austral, jorobada, rorcual común, minke enana, sei, de Bryde, franca pigmea, minke antártica. 

¿Qué se puede hacer para protegerlos? 

Hay que tener en cuenta que las ballenas y delfines recorren los corredores biológicos de América del Sur. Entonces, si queremos cuidarlos de verdad, debemos empezar por proteger sus rutas migratorias, para que puedan desarrollarse y prosperar. Y esto sólo puede lograrse si hay una acción unificada para poner fin a la impunidad corporativa en el mar. 

El Tratado Global de los Océanos, que puede proteger el 30% de las aguas internacionales para 2030, es una herramienta central para cambiar esta historia. En América Latina y el Caribe, sólo han ratificado cinco países: Chile, Cuba, Belice,  Panamá y  Santa Lucía. Desde Greenpeace exigimos la ratificación e implementación efectiva cuanto antes.

Tal vez haya que cerrar diciendo lo obvio, las ballenas y los delfines merecen vivir en un planeta sano -como todos los seres vivos que habitamos este planeta- porque, además de todo, son nuestros aliados. Por ejemplo, las ballenas ayudan a mitigar la crisis climática -la misma que causa la actividad humana- al capturar dióxido de carbono (33 toneladas de CO2 en su cuerpo a lo largo de su vida que, al morir, Bse fija en el fondo marino) y al multiplicar el fitoplancton gracias a sus rutas de alimentación, contribuyendo indirectamente a la producción del 50% del oxígeno del planeta de la atmósfera terrestre.

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Author: Meri Castro

Desde la alerta por fuertes vientos y trombas marinas en La Araucanía hasta la llegada de un intenso río atmosférico que afectará a gran parte del país, esta semana Chile enfrentará una nueva sucesión de fenómenos meteorológicos extremos. Con esto, se vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿está preparado Chile para enfrentar un clima donde las lluvias intensas, los incendios y los eventos extremos serán cada vez más frecuentes? 

Santiago. 14 de julio, 2026. La llegada de un intenso río atmosférico que dejará abundantes precipitaciones entre Atacama y Biobío, junto con fuertes vientos pronosticados para el sur del país, marcará esta semana el primer gran sistema frontal que enfrentará Chile desde que la Dirección Meteorológica confirmó el establecimiento de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial en pasado 1 de julio. Si bien ningún fenómeno meteorológico puede atribuirse exclusivamente a este evento climático, especialistas coinciden en que su presencia favorece un escenario con mayores probabilidades de precipitaciones intensas durante el invierno y la primavera.

Aunque los ríos atmosféricos forman parte de la dinámica natural del clima, la comunidad científica advierte que hoy se desarrollan en un planeta más cálido, donde la atmósfera contiene mayor cantidad de energía y vapor de agua. Esa combinación puede favorecer precipitaciones mucho más intensas y aumentar el riesgo de inundaciones, remociones en masa y otros impactos sobre las personas y la infraestructura.

“Este sistema frontal es un ejemplo de cómo distintos factores pueden coincidir y aumentar el riesgo para las personas. El Niño puede favorecer un invierno más lluvioso en Chile, pero además estamos viviendo una crisis climática que está cargando de más energía a la atmósfera. Esa combinación hace que eventos como éste puedan ser más intensos y tener consecuencias más severas para las comunidades y los territorios. No hablamos de fenómenos aislados, sino de un sistema climático que está cambiando y que cada vez cuesta más pronosticarlo”, explica Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

La importancia de la adaptación climática en Chile

Sobre los efectos que podría tener El Niño en Chile y el escenario que enfrenta actualmente el país, el geógrafo y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, advierte que “se espera más lluvia este segundo semestre que en años normales, lo que de acuerdo con los modelos podría ocurrir desde julio en adelante“. 

Considerando aquello, el académico recomienda prepararse para la ocurrencia de lluvias en cotas más altas, un fenómeno que en años recientes ha provocado deslizamientos, crecidas de caudales e inundaciones, especialmente en la zona central del país. A la vez, resultará clave prepararse para una primavera con algo de lluvias (que afectarán la agricultura) y un verano con olas de calor.

Pamela Smith, también académica de la FAU, plantea que la experiencia de los últimos años permite fortalecer la adaptación frente a eventos extremos mediante medidas como la limpieza de drenajes y cauces, la protección de infraestructura crítica, la identificación de zonas vulnerables y la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la planificación territorial.

“Muchas de estas estrategias (y otras) están siendo consideradas en instrumentos a escala nacional, regional y comunal en nuestro país, a través de planes de adaptación y acción climática, y planes de reducción de riesgo de desastres, que se encuentran en el marco de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley de Reducción del Riesgo de Desastres. Estos eventos nos recuerdan la importancia de seguir fortaleciendo la formulación e implementación de estos instrumentos, ya que sus acciones impactan de manera significativa el bienestar y calidad de vida de nuestros habitantes”, sostiene Smith, a la vez que añade que es fundamental lograr avanzar en integrar sinérgicamente la gestión del riesgo de desastres con la adaptación climática sectorial a las diferentes escalas y sectores.

Las recomendaciones de los especialistas apuntan en la misma dirección: prepararse ya no puede ser una tarea reactiva, sino una política pública permanente. En ese contexto, Espinosa advierte que ya no basta con responder cada vez que se anuncia un sistema frontal. “El país necesita una estrategia clara para enfrentar un clima que está cambiando y, lamentablemente, esto no parece ser una prioridad para la actual administración”, asegura la vocera.

A su juicio, mientras el Ejecutivo ha impulsado diversas políticas para enfrentar el crimen organizado o fortalecer la economía -ambas materias fundamentales para el país-, no se observa el mismo nivel de urgencia para avanzar en una estrategia de seguridad climática; pese a que proteger a las personas y fortalecer la capacidad de respuesta del país debería convertirse en una prioridad de Estado, sobre todo en un escenario de eventos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.

“Cada invierno nos cuestionamos si habrá suficientes cuadrillas, si se cortarán los servicios básicos o si los ríos se desbordarán, mientras que en verano nos preguntamos qué ciudad o pueblo arderá con los incendios forestales. Pero casi nunca discutimos cuál es el plan del país para enfrentar una realidad donde estos eventos ya no son excepcionales. ¿Cómo se está preparando Chile? ¿Estamos invirtiendo lo suficiente para adaptar nuestras ciudades, proteger la infraestructura crítica y reducir los riesgos para las comunidades? Esa conversación debería ser tan prioritaria como cualquier debate sobre delincuencia o desarrollo económico, ya que esta también es una discusión sobre seguridad, infraestructura crítica y calidad de vida”, concluye.

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Author: Prensa Chile