Cuando la vuelta al colegio es motivo de angustia para las familias

En la comunidad genera preocupación que la mayor parte de las personas afectadas por las intoxicaciones masivas de septiembre a noviembre de 2025 fueron afectadas al asistir a establecimientos educacionales, y que sobre el 80% de ellos hayan sido menores de edad.

25 de febrero, 2026.- Entre los últimos días de septiembre y mediados de noviembre del año pasado se registraron una serie de intoxicaciones masivas en las comunas de Quintero y Puchuncaví: alrededor de 200 personas (principalmente, menores de edad) debieron recibir atención en centros de salud, aquejados de fuertes cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos, entre otros síntomas. Producto de estos, más de un centenar de estas personas fueron diagnosticadas con “intoxicación T59”, un sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores en los seres humanos. 

Los principales afectados de esta nueva serie de intoxicaciones fueron estudiantes, académicos y funcionarios de nueve recintos educacionales de la zona: el Liceo Politécnico, Colegio Alonso, Colegio Valle Narou, Colegio Artístico Costa Mauco y el Colegio Santa Filomena, en la comuna de Quintero y el Colegio José General Velásquez, la Escuela Básica Campiche y la Escuela Básica de Horcón, en la comuna de Puchuncaví. 

Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, puso en relieve la lamentable recurrencia de estos acontecimientos en la zona: “Esta no es la primera vez que los vecinos de la bahía de Quintero viven episodios de intoxicaciones masivas, y probablemente no sea la última, pues a la fecha no se han generado acciones efectivas -pese a existir un fallo de la Corte Suprema que así lo exige- para que este tipo de problemas no ocurran más”.

La abogada además recordó que en 2023 (precisamente entre los meses de marzo y abril) se produjo otro episodio grave de intoxicaciones masivas, afectando en esa oportunidad a 368 personas, de las cuales casi 300 eran menores de edad. “Como sociedad no nos podemos acostumbrar a esta realidad; los niños de nuestro país no pueden seguir arriesgando su salud por asistir a sus colegios”, aseveró Núñez.

Katherine Inostroza, madre de una de las menores intoxicadas el año pasado, aseguró que existe una preocupación permanente de que estas situaciones se repitan y, especialmente, que sigan afectando a niños y niñas en sus colegios: “En mi caso, mis hijos ya han sufrido consecuencias en su salud y han perdido clases, lo que implica una vulneración directa de sus derechos a la salud y a la educación”. 

Inostroza comentó que no sólo les preocupa la salud de los estudiantes, la suspensión de clases o la falta de información clara y oportuna, sino que también la falta de respuesta de las autoridades. “Además, hay un problema estructural que agrava la situación: no existe monitoreo suficiente ni transparente. En muchos casos no se sabe con precisión cuándo comienzan los episodios de contaminación, qué niveles se están registrando ni qué sustancias están presentes. Sin información confiable, las medidas de prevención llegan tarde o simplemente no funcionan. Por eso, más que anuncios, se necesita fiscalización constante, sistemas de monitoreo robustos y total transparencia sobre las fuentes contaminantes, para realmente prevenir nuevos episodios y proteger a los niños”, añadió la habitante de esta zona.

Con el objetivo de buscar los responsables y, de una buena vez, terminar con estos episodios de intoxicaciones, Greenpeace y AIDA, en representación de diversos menores de edad y sus familias, interpusieron un recurso de protección en noviembre pasado en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, recurso que aún se encuentra en tramitación.

“Es necesario que el Estado sea capaz de garantizar de forma efectiva garantías constitucionales -como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación- a los habitantes de estas comunas, particularmente a niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir que la única salida que muchos padres ven sea cerrar anticipadamente los años escolares de estos menores (como ocurrió con las intoxicaciones de 2025) para poder mantener la integridad física de sus hijos. La solución a las intoxicaciones no puede pasar por alejar a estos menores de edad de sus hogares o establecimientos educacionales”, puntualizó la abogada.