Tras 10 meses de tramitación, el proyecto de ley que promueve el uso de medios de generación renovables no convencionales (ERNC) entre las empresas generadoras eléctricas, fue aprobado el pasado miércoles en el Congreso, quedando en condiciones de ser remitido a la Presidenta de la República para su firma y promulgación.

El último paso se completó en la Cámara de Diputados, la cual apoyó por unanimidad las modificaciones realizadas a la iniciativa por el Senado.

La normativa busca establecer condiciones para atraer inversiones en proyectos de ERNC, favoreciendo su incorporación al mercado eléctrico. Para ello, una de las principales medidas es la obligación que tendrán las generadoras de incorporar un porcentaje creciente de energías renovables no convencionales a los sistemas interconectados que abastecen. Esto comenzará a regir el año 2010 y hasta el 2014, el mínimo exigido será un 5% anual de la energía que cada empresa comercializa. A partir de esa fecha, dicho porcentaje se incrementará gradualmente en 0,5% anual, hasta llegar al 10% en el año 2024.

Las obligaciones que impone la ley regirán por 25 años, a contar del año 2010. Las empresas que no cumplan con ello, deberán pagar un cargo de 0,4 UTM por cada megawatts hora de energía renovable no convencional no acreditado, el que aumentará a 0,6 UTM en caso de que las empresas reincidan en incumplimiento.

El proyecto entiende como ERNC a las energías provenientes de centrales hidroeléctricas pequeñas (menos de 20 Mw de potencia máxima), así como plantas eólicas, solares, de biomasa y de energía maremotriz.

Al respecto, la iniciativa perfecciona algunas definiciones: en materia de biomasa se incluyeron los biocombustibles y el reconocimiento a la fracción biodegradable de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios; mientras que en energía de los mares, se explicitó el uso de las mareas, las olas y el gradiente térmico de los mares.

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, destacó que este proyecto se enmarca en una política de mediano y largo plazo que apunta a diversificar la matriz energética como la base para enfrentar los riesgos y desafíos futuros del país en esta materia.