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Medio ambiente: el round parlamentario que se viene

El proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente establece multas de más de $ 4 mil millones por incidentes ambientales, un tema que generará discusión. Viernes 6 de junio de 2008

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró en La Moneda con la firma de los proyectos que crean el Ministerio y la Superintendencia para que ingresen al Parlamento. Ese lugar será el escenario donde se moldeará la nueva institucionalidad. Como en toda negociación, quedarán heridos en el camino.

“Este ministerio es el eje del desarrollo sustentable y existe el compromiso de empoderarlo. ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de la expansión de la ciudad si no es desde esta mirada?”. Con esta premisa, la presidenta de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Denise Pascal Allende, le dio la bienvenida a los proyectos que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental que la Presidenta Bachelet firmó ayer y que en el transcurso de la próxima semana -faltan un par de firmas- deberían hacer su ingreso a la Cámara para iniciar su discusión.

“Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión”, comentó Bachelet en la ceremonia realizada en el salón Montt Varas de La Moneda. Pascal Allende lo sabe y entiende que su comisión será el primer ring. “En estos proyectos se topan muchos ministerios. Con algunos sólo en temas de coordinación y con otros hay topones que van a sacar roces”, comentó la parlamentaria. “Existe la voluntad para avanzar. ¿Si es posible adelantar una fecha para tener ministerio? Es muy pronto para establecer plazos”, agregó.

El mundo ambientalista será parte en la discusión. “Este proyecto es perfectible y vamos a dar esa pelea en el Parlamento”, adelantó Sara Larraín. Su mirada está puesta en algunos ejes: la participación ciudadana y las políticas sobre recursos naturales. También hay que pujar por la equidad en los plazos para la sociedad civil y las empresas en la discusión y evaluación de proyectos, y asegurar la eliminación de las autorizaciones provisorias.

Multas y atribuciones

En cartelera, hay que esperar la respuesta del mundo empresarial por las 10.000 Unidades Tributarias Anuales (más de 4 mil millones de pesos) como máximo de multa ante incidentes ambientales y por la tecnificación de la decisión de aprobar proyectos; el muñequeo entre ministerios (Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales por áreas protegidas, por ejemplo); o la pérdida de atribuciones políticas (intendentes y Coremas). Hay mucho paño por cortar.

Fair play

La numerosa presencia del mundo ambiental no pasó desapercibida. El envío de los proyectos al Parlamento era el primer punto del Acuerdo de Chagual que la entonces candidata presidencial de la Concertación firmó con los ambientalistas en noviembre de 2005. Su asistencia fue una suerte de “fair play” luego que en abril pasado el mundo ambiental rompiera relaciones con Bachelet por no cumplir el punto referido a la energía nuclear. “Como organizaciones ambientalistas la creación de un ministerio de medio ambiente -una de nuestras demandas por años- es algo en que nos vamos a restar. No vamos a dejar dar el apoyo a una iniciativa que va en esa dirección. Sería absurdo”, comentó Sara Larraín, quien estaba junto a Flavia Liberona, Manuel Baquedano y el presidente del Partido Ecologista, Félix González, entre otros.

Alfredo Ovalle. Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio: “La ley de Medio Ambiente llegó a funcionar bien, lo que pasa es que había mucha lentitud en la aprobación de los proyectos, tanto en las Declaraciones como en los Estudios de Impacto Ambiental. Esperamos que con esta nueva legislación se dé un paso en la dirección correcta. ¿Las sanciones más duras que aplicará la Superintendencia de Fiscalización Medioambiental? Tenemos que estudiarlas”.

Sara Larraín. Directora Chile Sustentable: “Es un consenso país que estamos mal y que la institucionalidad es insuficiente para que el desarrollo tenga criterios de sustentabilidad. Los empresarios también lo reconocen. Si queremos insertarnos en la comunidad internacional, se requiere una institucionalidad de este tipo. Ya no se puede esperar más. Se ha dilatado esta decisión porque no había una masa crítica y porque funcionó el lobby de quienes no querían avanzar en este tema”.

Marigen Hornkohl. Ministra de Agricultura: “La prueba más evidente de que la expertiz de la Conaf es importante es el hecho de que la Ministra de Medio Ambiente pasa a formar parte del Consejo de la Conaf que preside la ministra de Agricultura. De esta manera, lo que se está haciendo se seguirá haciendo de la misma forma. Nosotros tenemos áreas protegidas en la Conaf y lo queremos es protegerlas y fortalecerlas con las diversas política que ha anunciado la Presidenta, los proyectos de ley aprobados y los que pronto ingresaremos”.

Ecologista Sara Larraín denuncia ‘chantaje’ en favor de represas y termoelectricidad

Acusó una “nueva escalada monopolista” en el mercado eléctrico de Chile:

La directora del Programa Chile Sustentable declaró que “grandes actores del negocio eléctrico buscan la aprobación proyectos energéticos que externalizan costos sobre la salud de las personas y el patrimonio natural”.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) ambientalista Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó este miércoles “el interés por secuestrar el debate energético e imponer un chantaje para favorecer la instalación de megarrepresas hidroeléctricas y megatérmicas a carbón”.

El monopolio de Endesa

A juicio de Larraín, la inclinación empresarial por el carbón y las megarrepresas “devalan el usual sesgo de mercado: menor precio del carbón sin internalizar costos de emisión de CO2 y concentración de la propiedad de derechos de agua en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el cambio climático”. En este sentido, la ecologista dijo recordó que Endesa ya posee el 80% de los derechos de aguas no cosuntivos del país y “hoy demanda ante la justicia al fisco para que en sus proyectos prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre el Código de Aguas. Si lo consigue, sucederá que en caso de sequía, aun cuando los derechos de todos los titulares deban reducirse proporcionalmente, los suyos no sufrirían esa restricción ni estaría sujeta a la normativa de extracción ilegal de agua ni debería responder ante juntas de vigilancia, conformadas por los demás usuarios del agua en cada cuenca”.

A renglón seguido, dijo que “con enorme despliegue comunicacional, actores del mercado eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es factible avanzar con represas, centrales térmicas o tecnología nuclear, y quienes se oponen a la idea son catalogados de marginales o contrarios al progreso”.

Energía y democracia

Sara Larraín dijo que el tema energético “no sólo es una cuestión económica y financiera, como pretenden algunos, sino que es un tema que pone en juego la profundización de nuestra democracia, pues el país enfrenta un mercado eléctrico monopolizado, con empresas que cada vez obtienen mayor influencia política”

La representante del Programa Chile Sustentable recordó que una encuesta municipal determinó que el 78% de los tortelinos rechaza represar ríos de la Región de Aysén y que según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 70% de los chilenos estima que las megarrepresas dañarían el ambiente. “Esto implica evaluar si el gobierno propiciará la internalización de costos socioambientales; si exigirá una competencia justa entre opciones tecnológicas; si conciliará desarrollo energético y desarrollo regional o aplicará el dogma de la ‘neutralidad tecnológica’, para permitir que ‘el mercado energético’ -hoy, peligrosamente monopolizado- perpetúe su influencia sin contrapeso y la vulnerabilidad energética”, aseveró la líder ambientalista.-