Una fuerte ofensiva fiscalizadora está llevando adelante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados con el fin de conocer en detalle la forma en que el Estado está reaccionando ante los proyectos de represas en los ríos Baker y Pascua que planean Endesa y Colbún, a través de la sociedad Hidroaysén.
Un total de 9 oficios a autoridades de Gobierno ha enviado -por mandato de sus pares- el presidente de dicha instancia, diputado Enrique Accorsi, con el fin de inquirir sobre diversos temas relacionados con la iniciativa que busca embalsar en la Patagonia chilena dos de los más importantes cursos hídricos del país y construir la línea de transmisión eléctrica más larga del mundo.
Una de las notas fue enviada a la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, a quien -al igual que al director de la Conama, Alvaro Sapag- se le solicita incorporar como normativa aplicable al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente suscrito con Argentina a principios de los 90. En el mismo sentido solicitan al Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°67 de 1993, en este caso respecto de la necesidad de diseñar un Plan General de Utilización asociado a la cuenca compartida del Baker.
También a Uriarte y a Sapag se les pide entregar antecedentes sobre la forma en que se enfrentará la evaluación ambiental de los megaproyectos de las empresas HidroAysén (represas) y Transelec (línea de transmisión) “habida consideración de que éstos forman parte de un mismo emprendimiento y de que dependen entre sí en lo que respecta a su desarrollo o explotación efectiva, lo cual haría necesario que ambos proyectos sean evaluados conjuntamente y por una misma autoridadâ€. En particular a la ministra de Medio Ambiente le plantean la necesidad de emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia de exigir que en los Estudios de Impacto Ambiental que presenten las empresas hidroeléctricas, se considere la fase de cierre y/o abandono de las instalaciones.
En el caso del director general de Aguas, Rodrigo Weisner, se le solicitó información sobre la naturaleza y el caudal de los derechos de agua no consuntivos que Endesa posee en la Región de Aysén, y de aquéllos que ha solicitado constituir HidroAysén además de dar a conocer las oposiciones presentadas a las solicitudes formuladas por dicha empresa, y los fundamentos de éstas. También requieren a la autoridad nacional “informar a la Fiscalía Nacional Económica respecto del porcentaje de derechos de agua no consuntivos que Endesa habría transferido en uso a HidroAysén S.A. y de la eventual situación monopólica que se produciría si esta última lograse obtener íntegramente los derechos solicitados a esa direcciónâ€. Este aspecto se refuerza con una nota similar al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara.
Los oficios, enviados a principios de noviembre, se complementaron con la nota que Enrique Accorsi despachó al presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker para reiterar a diversas autoridades, entre ellas la intendenta de Aysén, Viviana Betancourt, la solicitud de antecedentes que varias organizaciones requirieron a la máxima autoridad de dicha región en el marco de la “Cabalgata Patagonia Sin Represasâ€, las cuales no fueran respondidas a satisfacción por parte de la autoridad de Gobierno.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente está integrada por 13 diputados de diversas colectividades.
