La coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, afirmó que el estudio de la Universidad Católica, que analizó la relación entre agua y constitución de 92 países del mundo, confirma “que Chile es el único que asegura la propiedad del agua en su Carta Fundamental”.

Santiago, 30 de marzo de 2021 –

Chile es el único país, entre 92 naciones, cuya Constitución consagra explícitamente la propiedad privada de derechos de agua. Esa es la principal conclusión del estudio realizado por el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica (UC) -que reúne a siete facultades- en que se analizó las cartas fundamentales de países de tres continentes. 

La coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, afirmó que el estudio “refuerza que asegurar la propiedad privada del agua en la Constitución es una aberración que debemos frenar ya”.

Y agregó que “es momento de modificar de fondo el modelo del agua, considerarla un bien común y garantizar a escala constitucional, no la propiedad privada sobre ella, sino su acceso como derecho para personas y naturaleza”. 

González afirmó que “en un contexto donde se han entregado -en promedio- tres veces más derechos de agua que la realmente disponible, y más del 50% de ella ni siquiera está catastrada, es urgente modificar todo esto en la nueva Constitución”.

Lo anterior es respaldado según una encuesta realizada por Greenpeace y la consultora internacional Offerwise en enero de este año, donde 89% de quienes contestaron manifestaron que el acceso al agua debe ser prioridad en la futura Carta Fundamental.

Por ello la coordinadora de campañas de la organización afirmó que “es urgente que las candidaturas a constituyentes manifiesten de manera clara su posición respecto al agua y sinceren si estarán dispuestos a consagrarla como derecho para las personas y proteger sus funciones ecosistémicas”.

Greenpeace presentó la plataforma www.yovotosueltaelagua.cl, que reúne a las más de 1.300 candidaturas a la Convención Constituyente y permite a la ciudadanía solicitarles el compromiso de asegurar que el agua sea considerado un derecho humano y un elemento vital para los ecosistemas en la redacción de la nueva Constitución.

La organización ambientalista valoró el reciente fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a abastecer de agua potable a vecinos de Petorca, y criticó “la falta de voluntad política” del Gobierno para asegurar el derecho humano al agua”. La organización invitó a la ciudadanía a exigir a sus convencionales constituyentes “una posición clara respecto al agua”.

Santiago, 25 de marzo de 2021

Greenpeace valoró este miércoles, el fallo de la Corte Suprema que, con fecha 23 de marzo del presente año, revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar un recurso de protección presentado por el Instituto de Derechos Humanos (INHD), en favor de vecinos de las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua.

Pero junto con destacar positivamente que “el poder judicial brinde protección a la vida de las personas”, criticaron la falta de voluntad política del Gobierno para asegurar el derecho humano al agua” y aseguraron que el fallo refleja “que el acceso al agua es un tema constitucional”.

RECURSO DEL INDH

El Máximo Tribunal revocó la sentencia de octubre de 2020 y junto con acoger el recurso ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso, y la Gobernación Provincial de Petorca, “adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar a los recurrentes (…) un abastecimiento de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por persona”.

Carlos Bellei, abogado y vocero del INDH explicó que “el agua es vital para la vida y en pandemia ha cobrado mayor relevancia porque es fundamental para evitar el contagio (…) por eso en 2020 presentamos un recurso de protección para que la Gobernación provincial como la Seremi de Salud proveyeran de agua potable en cantidad suficiente y adecuada a las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua”.

El tribunal de alzada rechazó el recurso, pero la Corte Suprema lo acogió, señalando “que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”, señala Belli. 

Por su parte Josefina Correa, directora Política en Greenpeace, señaló que “el fallo de la Corte Suprema recoge una demanda ciudadana transversal y reconoce que en el contexto pandemia el Gobierno ha evadido su responsabilidad de proveer de agua en calidad y cantidades suficientes para enfrentar el riesgo sanitario”.

Agrega que la sentencia “establece que, en virtud de los tratados internacionales, este derecho se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento y se entiende ligado de manera esencial a la dignidad. En palabras de la Corte, toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.

Para la vocera de Greenpeace, la Corte señala “que conforme al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los Estados tienen el deber de establecer garantías destinadas a impedir que terceros, incluidos agentes no estatales, menoscaben o pongan en peligro en modo alguno el disfrute del derecho al agua, por lo que se deben adoptar las medidas necesarias para impedir que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución”.

Desde Greenpeace afirman que valoran positivamente “que el Poder Judicial brinde protección a la vida de las personas y reconozca un derecho humano vigente hace más de 10 años, pero creemos que este Gobierno y los tomadores de decisión no han avanzado lo suficiente para proteger el territorio y a la población del riesgo hídrico que supone la gestión chilena del agua. Lo que es un claro reflejo de la falta de voluntad política gubernamental para asegurar el derecho humano al agua”.

La organización presentó la semana pasada la plataforma www.yovotosueltaelagua.cl, que reúne a las más de 1.300 candidaturas a la Convención Constituyente y permite a la ciudadanía solicitarles el compromiso de asegurar que el agua sea considerado un derecho humano y un elemento vital para los ecosistemas en la redacción de la nueva Constitución.

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