La organización ambientalista aseguró que “en Chile hay más agua repartida que el agua real que existe en el país. Por eso hay comunidades que hacen filas para los camiones de abastecimiento como El Melón que debió demandar a una empresa privada para tener su derecho de acceso al agua y ahora es la Corte Suprema quien falla a su favor, pero le entrega la obligación al Estado de distribuirla, en tanto el agua sigue en manos de la empresa privada.

Santiago 21 de enero de 2020 –

El lunes 18 de enero la Corte Suprema revisó un recurso de protección presentado por la comunidad del Melón contra la empresa minera Anglo American S.A. y revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 9 de junio de 2020, ordenando al municipio de Nogales “adoptar todas las medidas necesarias” para asegurar un abastecimiento de agua no inferior a 100 litros diarios por persona.

En este escenario la organización ambientalista Greenpeace enfatizó que “esta sentencia de la Corte Suprema, que asegura un abastecimiento no inferior a 100 litros de agua para la localidad de El Melón, sólo revela cómo en Chile hemos normalizado que el Estado compre el agua que entregó gratis para llevarla en camiones aljibes a la población, ello pese a que el consumo del agua representa el 2% del agua disponible y que el 98% está en manos de privados como Anglo American”. 

Desde la ONG explican que el fallo de la Corte Suprema sólo profundiza el conflicto por el agua en esta localidad, ya que al indicar que el municipio es el encargado de la distribución del agua está señalando que es el mismo Estado el que debe asegurar el derecho humano al agua y no reconoce que éste ha sido el responsable del sobre otorgamiento de derechos de agua para las grandes empresas como Anglo American.

La Región de Valparaíso es claro ejemplo de las consecuencias de una gestión deficiente del agua, donde actualmente se han sobre otorgado más de siete veces los derechos de agua existentes. Ya para el año 2017 casi el 92% de la población que se abastece de agua a través de sistemas de agua potable rural, sufrió interrupciones en el suministro de agua. Asimismo, movimientos territoriales han logrado evidenciar desde hace años el grado de vulneración y violación a sus derechos humanos provocados por la utilización del agua para usos industriales principalmente agrícolas y mineros.

Josefina Correa, directora Política de Greenpeace, explica que “El uso desmedido de sus derechos de agua de la empresa a través de la Mina El Soldado, es brutal. Mientras Anglo American alcanza más de 453 litros por segundo, en derechos totales otorgados de agua, toda la población de El Melón debe conformarse con sólo con  los 55 litros. No son ni los municipios ni la Corte Suprema quienes deban hacerse cargo de las condiciones de acceso al agua de los habitantes, sino un nuevo modelo de gestión del agua que comienza con la redacción de una nueva Constitución la que debe asegurar que todas las personas, sin importar condición económico social, tienen el derecho a acceder a agua potable en cantidad y calidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas”. 

En Chile, la escasez de agua afecta a casi 1 millón de personas que hoy no tienen acceso asegurado al agua quienes presentan altos índices de vulnerabilidad social, ambiental y económicas. Asimismo 383.204 viviendas no cuentan con agua potable. A estas viviendas se suman, cerca de 350.000 personas que se ven afectadas por cortes de suministro de agua potable rural. Estos cortes afectan mayoritariamente a las regiones de Valparaíso (60% de los sistemas de agua potable rural), Tarapacá (51%), Arica-Parinacota (46%), Antofagasta (40%) y Atacama (40%).

Respecto a la indicación que señala a la Municipalidad de Nogales como la responsable de implementar el plan de entrega de agua potable, la representante de Greenpeace indicó que “poco a poco los problemas de la crisis hídrica se endosan a servicios públicos con baja capacidad de ejecución, como los municipios, cuando la verdadera urgencia es que el Estado recupere el agua y garantice el acceso en cantidad y calidad para cubrir las necesidades básicas de las personas y los ecosistemas”.

Desde la ONG afirmaron que es urgente avanzar en las reformas a la gestión del agua, que ponga en el centro la vida, abordando los cambios por acceso al agua en la Constitución, la reforma al modelo de gestión implementado por el Código de Aguas, el avance en la protección de ecosistemas hídricos claves – glaciares, salares, turberas y humedales-, y en el manejo integrado de cuencas, entre las cosas más prioritarias.

La organización ambientalista Greenpeace alertó sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, que reveló que habrá una fuerte baja en la disponibilidad de agua dentro de 10 años, de hasta un 50%, debido a que disminuirán los caudales de los ríos y se incrementarán las temperaturas. 

Sin embargo, Greenpeace advirtió que la crítica situación ya se está apreciando en los diferentes ríos y embalses del país, lo que lleva a Chile a estar en el lugar 18, a nivel mundial, a punto de entrar en extremo estrés hídrico, según un informe del Water Resource Institute.

Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace, recordó que la escasez de agua afecta a casi un millón de chilenos que hoy no tienen su acceso asegurado. “Hoy lo que vemos es que el otorgamiento de derechos sigue aumentando exponencialmente, donde 98% del agua es utilizada para usos industriales, agrícolas, forestales y mineros, mientras el 2% restante del agua es para el consumo de la población. Aún con este panorama, la política pública ha ido en la dirección contraria a la realidad climática e hidrológica que considera el estudio de la Universidad de Chile: mientras las lluvias disminuyen y la disponibilidad de agua sigue reduciéndose, entre 2016 y 2020 el número de derechos de agua otorgados aumentó en todas las cuencas. Eso es incomprensible”, denunció.

Añadió que todas las proyecciones científicas apuntan a que el escenario que vivimos actualmente se agudizará, lo que hace más urgente priorizar el agua y garantizarla como derecho. Por ello, Greenpeace Chile hizo un llamado a los futuros constituyentes -convocados a redactar un nuevo contrato social- a poner fin al modelo de gestión actual que no solo le entrega derechos de agua a grandes empresas, poniendo en riesgo el suministro de personas y ecosistemas, sino que entrega hasta tres veces más agua que la disponible, y en regiones como la de Valparaíso, este número aumenta a siete. Algo que quedó reflejado en la última encuesta realizada por la organización, donde el 97% de los encuestados se manifestó a favor de que el derecho al agua para consumo humano esté contemplado en la nueva Carta Fundamental.

“Hoy tenemos la oportunidad de saldar esta deuda y asegurar el acceso al agua para miles de personas, así como para valiosos ecosistemas que se secan. Es incomprensible que a la luz de los datos y las proyecciones, que hace más de una década solo empeoran, no se haga nada. El problema del agua es nacional, histórico y colectivo. Por eso, debemos resolverlo en conjunto y qué mejor que hacerlo en el marco de una nueva Constitución”, recalcó Estefanía González. 

“El agua en Chile se compra como ‘títulos de propiedad’, por lo que empresas transnacionales son dueñas de ríos completos. Dado que es cada vez más escasa debido al cambio climático, la competencia es feroz y los ‘dueños’ están tentados a hacer negocios con ella. El agua en el mundo vale tanto que ahora en otros países se cotiza en la bolsa de Wall Street. Y Chile es el epicentro de la apropiación de las aguas en manos de unos pocos”, destacó.

El estudio “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, hecho por la Universidad de Chile para la Dirección de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, se extendió por cinco años y analizó 174 cuencas hidrográficas a lo largo del país. En sus principales conclusiones advirtió una fuerte reducción del agua en el país para el período 2030-2060. Las precipitaciones podrían caer hasta 25% en la zona centro y hasta 40% en la zona sur, según sus estimaciones. 

La organización además señaló que el anuncio del ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, para ser candidato en la Convención Constituyente “no se ajusta a la línea de constituyentes que buscan avanzar a favor de las demandas ambientales”.

Santiago, 08 de enero de 2021 – La organización ambientalista Greenpeace, hizo un llamado a los candidatos de la Convención Constituyente “a proponer cambios reales para la redacción de una nueva Carta Magna y no perpetuar los intereses particulares que distintos sectores políticos y gobiernos han tenido durante décadas frente a la emergencia climática y en particular la crisis hídrica que hoy afecta al país”.

Actualmente, Chile es el 18vo país con mayor riesgo hídrico del mundo, y el 1° en toda América, según el World Resources Institute, donde el 98% del agua es para usos industriales, agrícolas, forestales y mineros y el 2% restante del agua es para el consumo de la población.

El llamado es a pocos días de conocer nuevos candidatos a la Convención Constituyente y justo cuando se cumple un año desde que el Senado desechara asegurar el agua para las personas y los ecosistemas en la Constitución, contabilizando 24 votos a favor y 12 en contra, pero que al no cumplirse la regla de los dos tercios necesarios para su aprobación (29 votos a favor), la idea de legislar fue rechazada.

En este contexto y ante los nuevos anuncios de candidatos para la Convención Constituyente, como el realizado ayer por el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, Greenpeace aseguró que “una persona que tiene conflictos de interés por los más de 300 litros en derechos de agua que él mismo ha reconocido, hace cuestionar su candidatura y su posición frente a la situación hídrica que hoy vive Chile, donde el agua está en manos de grandes empresarios, los mismos responsables de tener al país completamente seco. Alguien con este historial no se ajusta a la línea de constituyentes que buscan avanzar a favor de las demandas ambientales”.

“Haber votado la Convención Constitucional implica elegir a aquellos constituyentes que se encarguen de los temas que la actual Carta Magna no ha permitido avanzar, como los más de nueve años que llevan estancadas las conversaciones por el Código de Aguas y los más de 15 años para la protección de glaciares, ambas normativas fundamentales para la vida y los ecosistemas. Que el agua deje de ser un problema entre grandes empresas, está en manos de los constituyentes, por eso es fundamental que la ciudadanía priorice en la votación de abril próximo a quienes demuestran compromiso con los derechos fundamentales para todos los chilenos y chilenas”, enfatizó Matías Asun, director de Greenpeace en Chile.

La organización además destacó los resultados de su estudio “Chile Gota a Gota: pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica”, donde 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución y 76% identificó que el responsable de la falta de agua en Chile, entre otros factores, son las leyes que no priorizan el agua para el consumo humano ni reconocen este bien común como un derecho.

Greenpeace inició en 2020 la campaña Suelta el Agua para recuperar y priorizar el agua para las personas y el medioambiente, evidenciando la gravísima situación de crisis hídrica que afecta al país producto de la privatización de facto de las aguas y las graves consecuencias que ello está generando, agravadas además, por la crisis climática y la pandemia de Covid-19. Actualmente más de 100.000 personas ya se han sumado a la petición.