Greenpeace junto al destacado artista visual Claudio Caiozzi (Caiozzama) realizaron una intervención en el frontis del Museo de Arte Moderno (MAC) en donde se desplegó una enorme obra de 15 por 15 metros titulada Soltemos el Agua, la cual busca alertar respecto de la situación de crisis hídrica que enfrenta el país y la necesidad de incorporar el tema del agua en caso de aprobarse la redacción de una nueva Constitución.
“A las puertas del Plebiscito de este domingo, y en conjunto con uno de los artistas más destacados del país y que ha tenido distintas intervenciones visuales en el contexto del estallido social, quisimos exponer la necesidad de que la crisis del agua que enfrenta el país sea asumida como una cuestión prioritaria en caso de que se confirme la opción de redacción de una nueva Constitución. El agua, lejos de ser una tema de división política, debe ser un punto de unión para los chilenos en el sentido de que no puede seguir siendo un recurso privado, sino un elemento indispensable cuya prioridad debe ser su acceso a toda la población y entender que su disponibilidad constituye un derecho humano básico y un elemento clave para los ecosistemas”, dijo Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
Por su parte, Caiozzama -cuyas obras en el centro de Santiago se han multiplicado durante el estallido social- explicó el sentido de una obra digital que fue trabajada en distintas capas: “Quise exponer el problema que tenemos hoy con la falta de agua en distintas partes de Chile. Y esta obra lo que hace es mostrar la idea del agua liberándose de los captores que la han tenido retenida por largo tiempo. Y todo bajo la atenta mirada de ángeles y una divinidad hindú que pide liberarla. Creo que hay algo de espiritualidad en el agua”.
Respecto de la situación que enfrenta el país en relación con la falta de agua, Caiozzama señaló que es indispensable un cambio de trato y mirada: “Y me refiero al gobierno, porque la gente sabe perfectamente la importancia que tiene el agua y que se trata de un derecho humano básico. El problema es que la autoridad cree que el agua es como el cobre o el oro y que solo tiene una evaluación económica. Quise sumarme a esta campaña para que se acabe la injusticia que hoy existe con el agua en Chile. No puede ser que sigan siendo unos pocos los que nos regalan las sobras de algo tan importante como el agua”.
La campaña Suelta el Agua de Greenpeace ha sido firmada por casi 100.000 personas y ha denunciado el accionar de distintos actores, como la transnacional Anglo American, como responsables de la falta de agua en la zona central del país.
Recuadro:
Datos situación del agua en Chile:
383.204 viviendas no cuentan con agua potable.
El 47,2% de la población rural en Chile no cuenta con abastecimiento formal de agua potable (se abastecen de pozos el 58,8%, 25,8% en ríos y vertientes y por camiones aljibes el 15,4%). En total, corresponden a 1.011.981 personas.
Actualmente, 10 regiones del país tienen municipios que se abastecen de agua a través de camiones aljibe. Hay 147 comunas con escasez hídrica.
Nota: La acción de Greenpeace fue desarrollada siguiendo todos los protocolos sanitarios exigidos por la autoridad de salud.
Imagen: Gentileza Comunidad Índigena Yagan Bahía Mejillones
El día 18 de octubre, falleció el miembro del pueblo Yagan Martín González Calderon a los 67 años, perteneciente a la comunidad indígena Yagán Bahía Mejillones, con la cual hemos desarrollado un estrecho trabajo de colaboración para la protección del mar y el territorio.
Martín González en palabras de la propia comunidad “hombre sabio, cultor de su artesanía, lengua y navegación, continúa su navegación por los canales de la eternidad, ahora en compañia de nuestros ancestros“ Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad Yagan en este dificil momento, les enviamos fuerza y nuestros respetos y cariño.
Desde Greenpeace, hemos sido afortunados testigos de cómo su legado vive diaramente en cada una de las personas de la comunidad Yagan, pueblo vivo, actualmente presente en el territorio y que trabaja por su protección.
Greenpeace alertó que los últimos informes hídricos respecto de la situación en los embalses del país, y de manera especial la compleja la situación que enfrenta el embalse El Yeso, principal proveedor de agua para la capital, hacen pensar que la situación de escasez de agua está en una situación especialmente compleja para los próximos meses.
“Las lluvias del invierno, en apariencia abundantes, están lejos de haber terminado con el problema de la escasez de agua. Es cierto que el 2020 fue mejor que el 2019, pero seguimos en un año muy lejos de lluvias normales y el 2020 sigue siendo uno de los más secos de la década. De hecho, buena parte de los embalses de país presentan hoy niveles críticos de agua. Y, entre ellos, lo que pasa en El Yeso, principal fuente de abastecimiento de agua potable para Santiago, es especialmente grave, ya que en solo un mes, entre agosto y septiembre, su capacidad disminuyó un 14%. Las autoridades deben sincerar que enfrentamos una situación crítica de disponibilidad de agua para Santiago”, explicó Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
Desde la ONG advirtieron que, según datos proporcionados por Aguas Andinas, el embalse El Yeso, pasó de 124,2 Hm3 en agosto a un nivel de 106,5 Hm3 en septiembre.
“En la práctica, hoy El Yeso está a menos de la mitad de su capacidad”, advirtió Estefanía González.
En este contexto, Aguas Andinas ha advertido que el embalse El Yeso “cerrará” a partir del 1 de noviembre, manteniendo la compra de agua durante febrero y marzo del 2021, medida que permitiría enfrentar abril con un volumen de 170 Hm3.
Greenpeace, sin embargo, resaltó que la compleja situación en El Yeso está lejos de ser aislada y es una muestra de lo que sucede con el resto de los embalses en el país.
Al respecto, la Dirección General de Aguas del MOP acaba de aclarar en su último informe hidrometeorológico que todos los embalses entre las cuencas del río Limarí y del Maipo mantienen un déficit respecto a sus volúmenes históricos de octubre. Especialmente crítica es la situación de los embalses Aromos y Peñuelas (Región de Valparaíso), los cuales no solo se encuentran bajo sus promedios mensuales, sino que presentan una situación peor que el 2019. De hecho, Aromos presenta un déficit de -63%.
“A esta realidad hay que sumar que la demanda de agua desde distintos sectores continúa presionando a todo el sistema hídrico del país. Lamentablemente, el suministro de agua para la población depende de los acuerdos a los que logren llegar los privados y no de una política pública que garantice el agua como un derecho humano básico”, explicaron desde Greenpeace.
En el inicio de las clasificatorias mundialistas en Sudamérica, Greenpeace denunció que Chile y Qatar, país sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol, comparten el triste registro de ser los países que encabezan el sobregiro ambiental a nivel continental y mundial, respectivamente.
“Chile fue el primer país de Sudamérica en alcanzar una situación de sobregiro ambiental. Fue el 18 de mayo y desde esa fecha, en la práctica, estamos utilizando una suerte de línea de crédito medioambiental”, explica Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
¿Y Qatar? “Su realidad es la peor a nivel internacional, ya que el país sede del próximo Mundial de Fútbol fue la primera nación del mundo en alcanzar ese sobregiro. Lo hizo el 11 de febrero”, dice la representante de la ONG.
Desde Greenpeace explicaron que el informe dado a conocer por la plataforma Earth Overshoot Day lo que hace es evidenciar y advertir qué pasaría si el planeta tuviera los parámetros de consumo que se observan en cada nación del mundo.
“En la práctica, si el mundo contaminara y consumiera como lo hace Chile, los recursos del planeta se habrían acabado el 18 de mayo. Ahora, si lo hiciera como Qatar, la situación sería mucho peor y la deuda ambiental habría comenzado el 11 de febrero”, señala Estefanía González.
En este Día del Medioambiente que vivimos en pleno coronavirus, donde se ha sido testigo de cómo la intervención humana desata un desequilibrio en la naturaleza, se presenta una oportunidad para ver los problemas ambientales que afectan al país y no repetir los errores que veníamos cometiendo hasta ahora. Desde la organización ambientalista, Greenpeacen señalan los aspectos que hoy revelan la necesidad de cambios profundos en materia ambiental en Chile.
Agua como un derecho para las personas y la naturaleza
La crisis por el agua que ha vivido Chile se ha visibilizado en estos tiempos de pandemia donde la medida básica para protegerse del virus es lavarse las manos no puede ser cumplida por todos quienes habitan en el país. En este contexto, y de manera inédita, en agosto la ONU emitió una dura declaración respecto de la situación de falta de agua en Chile, señalando de manera clara que “os derechos al agua y la salud deben estar por encima de los intereses económicos”.
Desde Greenpeace explican que: “El problema de falta de agua, pese a la incidencia de la sequía, tiene un alto componente de gestión y “apropiación” que ha quedado amparado bajo un controvertido Código de Aguas. La solución es cambiar el modelo de gestión del agua en Chile, por uno que reconozca desde la Constitución hasta la decisión administrativa más singular el valor de este elemento como pilar estructurante de la vida humana y planetaria. Para ello se requiere cambiar el sistema regulatorio por uno que reconozca que existe una estabilidad natural de los territorios absolutamente vinculado a sus sistemas hídricos, asimismo surge velar por la protección de los ecosistemas hídricos claves, como glaciares, pomponales, salares, humedales y quebradas, la priorización de los usos del agua, y la consagración del acceso a la misma en cantidades y en calidad suficiente para los seres humanos y otros seres vivos es una cuestión basal”.
Eliminar la pandemia del plástico
Este año las medidas de protección contra la pandemia del coronavirus parece poner una pausa en los avances alcanzados en Chile para lograr deslegitimar el plástico, debido a la idea de que el uso de desechables puede ayudar a protegerse del contagio. Para la organización ambientalista las medidas deben apuntar a un enfoque que elimine cada vez más los plásticos de un solo uso del consumo masivo. “En vez de eso, buena parte del esfuerzo tanto del gobierno como de los principales actores de la industria y del comercio ha pasado por aumentar los niveles de reciclaje de plástico utilizando las herramientas que entrega la ley de Responsabilidad extendida del productor (Ley REP) o mediante el anuncio de compromisos que no terminan por disminuir la enorme masa de elementos plásticos en el envasado, lo que limita las opciones de una ciudadanía que ha demostrado poder liderar el cambio hacia otras formas de relacionarse con el plástico.La mejor política es reducir el uso de plásticos de un solo uso, como apunta el proyecto de Prohibición de plásticos de un solo uso, actualmente en discusión en el congreso y sobretodo relevando la responsabilidad que tienen los fabricantes en no ofrecer las opciones para que la ciudadanía lleve adelante cambios en su forma de relacionarse con el plástico”.
Moratoria a la Salmonicultura
Durante esta pandemia hemos sido testigos de una serie de desastres ambientales protagonizados por la industria salmonera principalmente en las costas de la Región de los Lagos que ha desnudado la realidad en materia de fiscalización que protagonizan autoridades acuícolas y medioambientales, “las que incluso al ser llevadas al tribunal ambiental por no cumplir sus objetivos, amenazan a las organizaciones medioambientales a castigos económicos por exigir sanciones como ocurrió esta semana con la Superintendencia del Medio Ambiente que se ha negado a sancionar a los centros de cultivo que dejan sin oxígeno al mar” explican en Greeenpeace. “Estos casos son una prueba manifiesta de las limitaciones que presenta la legislación de la materia en la búsqueda infructuosa de una “Salmonicultura sustentable”. Por esto urge cuanto antes reducir las áreas en donde se extiende esta industria. Ante la incapacidad del Estado de poder controlar a la industria, una moratoria se presenta como fundamental para las tres regiones del sur donde hoy opera intensivamente.Por otro lado, respecto de las sanciones económicas a las empresas se debe avanzar hacia la pérdida de los permisos para operar, sobre todo si pensamos en que son espacios marinos que nos pertenecen a todos y que están siendo deteriorados a un ritmo vertiginoso. Al mismo tiempo, a Chile le urge que las solicitudes de Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) avancen y no sean postergados y bloqueados por los intereses de esta industria”.
Zonas de sacrificio.
El Estado durante este año se negó a dar cumplimiento por ejemplo, a la sentencia de la Corte Suprema por las intoxicaciones masivas en Quintero-Puchuncaví que vulneran a diario los derechos humanos de quienes habitan en esa zona. “Si bien en Coronel se anunció el cierre anticipado de central termoeléctrica bocamina I para fines de 2020 y la central Bocamina II para el 2023, gracias al trabajo de comunidades locales y organizaciones ambientales, aún quedan dudas respecto del daño ambiental acumulado que la operación de dichas centrales de la empresa Enel ha dejado en el territorio y faltan respuestas concretas a la comunidad sobre los niveles de exposición a contaminantes de aquí al cierre definitivo, lo que ocurrirá con los botaderos de cenizas. Por esto se requiere detener la degradación social y ambiental de aquellos territorios, exigir justicia, indemnización y reparación del daño ambiental. Dictación de normativas de calidad y emisión en dichos instrumentos que puedan hacer efectivo lo que allí se establece. Por último es urgente el inmediato de la sentencia de la Corte Suprema en Quintero-Puchuncaví, de lo contrario la sentencia seguirá siendo un saludo a la bandera” explican en Greenpeace.
“Las denominadas zonas de sacrificio son la expresión más fuerte de la injusticia ambiental que padece este país. Territorios que tienen que soportar una carga ambiental inmensa comparada con la amplia mayoría de los Chilenas y chilenos, sino que además las comunidades que allí habitan, no son solo vulneradas por las empresas públicas y privadas sino que el Estado, en su rol de administración pública, no ha procurado que puedan acceder a la información y ni a la justicia ambiental de una manera consistente”.
Clima y descarbonización
Para Greenpeace, los compromisos de Chile en materia de Cambio climático y energía “continúan siendo insuficientes, no solo para todos los que estamos convencidos que nos encontramos en una emergencia climática, sino que para las miles de personas que hoy habitan en las zonas de sacrificio que sufren los impactos directo de proyectos que afectan gravemente la condición climática y, por otro lado, muchas chilenas y chilenos y también los ecosistemas, se encuentran afectados por la condición de sequía prolongada que es el principal efecto de esta alteración planetaria en nuestro país. “Es urgente avanzar en la ambición climática, en hacer obligatorios los compromisos climáticos, que las medidas busquen principalmente la integridad ecosistémica. Urge la descarbonización total al 2025 – 2030 con transición en base a energías renovables y el fin progresivo de los combustibles fósiles, incluido el gas, lo que es posible en la medida que se dirija la reactivación económica a la transición de una economía ecológica. Al mismo tiempo Chile no debe promover a la industria forestal y la plantación de Pinos y Eucaliptos como actualmente lo hace en su Contribución Nacionalmente Determinada, se debe proteger el bosque nativo y no permitir que este sea reemplazado por especies agrícolas y/o forestales”
Economía para el bien común
El coronavirus ha impactado la economía con fuerza, impulsando a los Estados a ejercer un rol activo en la protección y estabilidad económica. La pregunta desde Greenpeace es a quién beneficia esa actividad del Estado que implica gasto en presupuesto público, exoneración de impuestos y subsidios a la industria privada. La organización ambientalista explica que el plan paso a paso presentado por el Presidente Piñera “vela marcadamente por el interés económico de las grandes empresas, abogando por la disminución de tiempos para el otorgamiento de concesiones y la aceleración a la tramitación de proyectos Cuestión que es acompañada por la mayoría de los miembros del congreso toda vez que en diversos proyectos que tratan la reactivación han aprobado por ejemplo exonerar de impuestos a titulares por el solo hecho de presentar proyecto de inversión al sistema de evaluación ambiental, sin que antes estos sean aprobados. Otro caso es el proyecto que trató el fondo de ayuda donde el congreso aprobó la entrega de presupuesto público a empresas que no necesariamente cumpliesen con criterios de beneficio social y protección ambiental”.
Por esto, agregan que “el Estado debe dar satisfacción al interés colectivo, resguardando la protección ambiental y la salud de la población en un primer orden de cosas. La economía está al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. El desafío es disponer los salvatajes estatales con un objetivo público, que no es otro que el de proteger las condiciones de la naturaleza que permiten la vida humana, y planetaria. La economía debiese posibilitar impulsar la transformación de la economía hacia una ecológica y justa que abra el camino para un Chile que desarrolle y transforme su fuerza de trabajo y productivo hacia una sociedad más sostenible socio ambientalmente hablando”.
Avanzar hacia una Constitución ecológica
La Constitución contiene las normas más importantes del sistema jurídico nacional, pero es también un texto político y social, que supone recoger los principios fundantes de la organización política de un país, y con ello asegurar la convivencia en paz. Desde esta premisa en Greenpeace enfatizan que “La Constitución de 1980 levanta y refuerza un modelo de desarrollo económico basado en la sobreexplotación de los componentes naturales que integran nuestro territorio. Esta cuestión puede parecer abstracta pero no lo es, la mayor parte de las chilenas y chilenos respiramos aire contaminado, el agua se encuentra entregada a privados sin ninguna protección al carácter de bien común, exponiendo a miles de chilenas y chilenos a tener que recibir agua comprada por el Estado en camiones aljibes, o que existe una moratoria para cultivar salmones en dos regiones porque las condiciones de explotación pusieron en peligro la sanidad y la vida de uno los mares más prístinos del mundo”.
Desde la organización ambientalista exponen también “la necesidad de la protección de la naturaleza, la ambición en el tratamiento de la emergencia climática y ecológica y el derecho a incidir, informarnos, y participar en las decisiones que nos afectan a todos, en todos los niveles”.
