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Conaf y Río Cruces: “No es tiempo de nuevas hipótesis”

<P>Conaf y Río Cruces: “No es tiempo de nuevas hipótesis”</P>Directora del organismo se refirió así al informe de la Universidad de Chile que señala que procesos naturales y no la contaminación de Celco, como lo concluyó la UACh- habrían provocado desaparición del luchecillo, alimento principal de los cisnes que habitaban el humedal. Catalina Bau aclaró que nuevo estudio fue encargado en el marco del proceso de recuperación del Santuario de la Naturaleza “Carlos Andwanter”.
 
 
La directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Catalina Bau, aclaró este miércoles que el estudio encargado a la Universidad de Chile sobre el río Cruces no tenía la finalidad de revisar ni levantar nuevas tesis sobre el desastre ambiental, sino como parte del plan de recuperación del ecosistema.

“Creemos que ya pasó la etapa de las hipótesis. No hemos contratado un estudio para hacer nuevas hipótesis”, indicó la titular de Conaf, quien agregó que el organismo aún “no ha dado la aprobación a dicho informe, y prontamente le vamos a dar nuestros comentarios técnicos. Pero lo que se ha publicado no es para el objetivo para el cual fue contratado”, insistió.

En esa misma línea Bau indicó que si el informe “está más allá de los términos de referencias por los cuales fue contratada la Universidad de Chile, vamos a tomar las medidas que nos corresponden como corporación”.

El polémico estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile dirigido por el profesor Víctor Marín, cuyas conclusiones que salieron a la luz a fines de mayo señalaban que el desastre ecológico producido en el humedal del río Cruces fue producto de factores naturales. Una tesis opuesta a la  Universidad Austral de Chile, cuyo informe encargado por la Conama, atribuyó los cambios en el santuario “Carlos Andwanter” a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

“Lo que vale acá es lo que determinó la resolución de la Corema, donde está claramente establecido qué pasó y cuáles eran las medidas que tomar, y en base a esa resolución, a la Conaf se le encargaron una serie de tareas. Y entre ellas, el Plan Integral para el Río Cruces, donde está claramente establecido qué fue lo que le causó el daño al humedal”, aseguró Catalina Bau.

UACH exige no avalar nueva tesis en caso Celco

Académicos envían carta a Conaf desechando hipótesis que exculpa a la celulosa

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Bachelet aboga por una institucionalidad medioambiental “moderna y eficiente”

Jefa de Estado firmó proyecto de ley que crea el Ministerio del ramo y la Superintendencia de Fiscalización ambiental.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

Se Congela Ley sobre Protección de Glaciares.

Acusan al Ejecutivo de desistir en la idea de legislar por presiones de mineras. En la Sociedad Nacional de Agricultura explican que hubo reuniones con el sector minero para evitar confrontaciones, pero no se llegó a puerto. El autor del proyecto de ley, el senador Antonio Horvath, critica la decisión de las autoridades y asegura que, con o sin el apoyo del Gobierno, habrá ley.

Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. “Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras”, dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

“Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares”, explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos”.

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. El mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. “Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades”, cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. “Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto”, acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. “Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto”, cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. “Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley”, sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. “Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí”, dice Horvath.

DGA FISCALIZARÁ PASCUA LAMA

A fines de enero de 2007, el MOP creó la Unidad de Glaciares en la DGA para monitorear reservas de agua dulce con un presupuesto de $ 625 millones. Uno de los objetivos que tiene esa unidad para este año es la construcción de un refugio de alta montaña en el valle de Huasco para la fiscalización del proyecto Pascua Lama -uno de los reparos de la aprobación de ese proyecto se relaciona con no tocar los glaciares-, lo que corresponde a un compromiso que Bachelet hizo en Copiapó hace diez meses.

Otro refugio se construirá en el valle de Copiapó para monitorear los glaciares en el Cerro Tronquitos y realizar mediciones de la nieve acumulada en los alrededores. El plan incorpora convenios con centros de investigación: la Universidad de Chile para el estudio de glaciares y nieve de la región de Aconcagua; la U. de Magallanes para monitoreos hidrometeorológicos del Glaciar Tyndall, en Campo de Hielo Sur; y con el Centro de Estudios Científicos (CECS) para el balance glaciológico e hídrico en el glaciar Nef, Campo de Hielo Norte. Precisamente el ministro del MOP, Sergio Bitar, visitará esta tarde el CECS en Valdivia.

Rechazan solicitud de sanción de la Superintendencia de Servicios Sanitarios contra Minera Pelambres

La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo rechazó, al menos temporalmente, sancionar a la Compañía Minera Pelambres por un incidente ambiental ocurrido el 26 de octubre de 2007, descartando así una solicitud planteada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

La decisión de la Corema, tomada en la reunión semanal de la instancia, celebrada en la tarde de este lunes en La Serena, se fundamentó en que la empresa ya había sido multada en 500 unidades tributarias mensuales por el mismo caso, por parte de la propia comisión. Dicha resolución, tomada el pasado 15 de febrero, implicaría la imposibilidad de juzgar a Los Pelambres nuevamente por el mismo hecho.

Debido a lo anterior, la entidad ambiental dictaminó regresar el expediente remitido por la SISS a la dirección regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), para que se pronuncie jurídicamente sobre el requerimiento.

El incidente en cuestión se refiere a una falla ocurrida a las 03:57 de la madrugada del 26 de octubre de 2007, cuando una falla en una bomba provocó un rebalse de “aguas claras” (aguas usadas en la planta de procesos) recuperadas del sistema de drenes, desde la piscina de la Estación de Bombeo Choapa 2 de la planta de la compañía, con un caudal de 128 litros cúbicos por segundo durante aproximadamente 40 minutos, los que alcanzaron al río Cuncumén.