Daño ecológico en el río Mataquito, Región del Maule:

G. ORELLANA y M. TERESA SOLINAS

Reconociendo la existencia de “graves anomalías” en la operación de su planta Licancel, el gerente general de Celulosa Arauco, Matías Domeyko, salió a enfrentar personalmente el serio conflicto ecológico que atraviesa la firma tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el río Mataquito, Región del Maule (VII), las que son atribuidas al funcionamiento de dicha planta, que descarga sus residuos precisamente en ese curso fluvial.

La primera determinación de Domeyko fue separar de sus puestos al gerente de planta de Licancel, Eduardo Quezada, al subgerente de operación, José Bello, y su subgerente de Medioambiente, Carlos Valenzuela.

Estos tres ejecutivos, según reconoció el gerente de asuntos corporativos y comerciales de Celulosa Arauco, Charles Kimber, ocupaban cargos de directa relación con la operación de la cuestionada planta.

Kimber reconoció que, efectivamente, los resultados preliminares que arrojan los estudios de la empresa sobre la situación detectaron una serie de anomalías e incumplimientos de los procedimientos, pero aún no hay información concluyente que determine que la operación de Licancel es la responsable de la muerte de peces en Mataquito.

“Lo que se está reconociendo es que los procedimientos internos de la compañía no fueron respetados”, dijo el ejecutivo.

Recuperación del río

Domeyko, además, informó que el actual gerente del área Celulosa del brazo forestal del grupo Copec, Jorge Garnham, encabezará la intervención que Celulosa Arauco hará de la planta industrial, que tiene como desafíos inmediatos terminar la investigación interna y concretar la regularización del funcionamiento de la planta.

La empresa también iniciará un programa de recuperación de las aguas del río Mataquito, en coordinación con las autoridades locales. Esto, según explicó el ejecutivo, “a pesar de que aún no se han emitido los informes técnicos” que establecen las causas del desastre ecológico.

Tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el mencionado curso fluvial, tanto la empresa como los entes fiscalizadores -como Corema y Seremi de Salud- iniciaron sendas investigaciones para determinar las causas del fenómeno.

El pasado domingo, la Seremi de Salud del Maule prohibió el funcionamiento de la planta Licancel debido a que, a su juicio, existen una serie de antecedentes que dejan de manifiesto que fueron los derrames de residuos industriales líquidos los que provocaron la mortandad de peces. Además, una inspección efectuada el pasado viernes por la directora regional de la Conama, Mónica Rivera, detectó la presencia de ductos no autorizados para descargar riles.

La empresa sostuvo que esos ductos estaban cerrados.

Operación suspendida

Además de la investigación que inició la empresa para determinar las causas de la muerte de los peces del río Mataquito, Celulosa Arauco decidió no retomar las operaciones en la planta de Licancel, lo que estaba programado para estos días, al menos en su fase de “marcha blanca”.

La empresa anunció, además, que se hará cargo de la asistencia económica a los pescadores del río Mataquito, sobre quienes pesa una prohibición de ejercer su actividad.

INTERVENCION

LA EMPRESA dejó a su gerente del área Celulosa, Jorge Garnham, al mando de Licancel.
Discrecionalidad y falta de normas claras marcan la realidad chilena en materia de contaminación de las empresas
Las normativas que regulan las emisiones de sustancias contaminantes en Chile son escasas. Es por eso que las ONG ambientalistas tienen en la mira a las empresas y las sanciones que éstas reciben por parte de las autoridades.

Existen casos, como la contaminación que afectó al río Loa, en que la resolución de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decretó no ejercer acciones contra Codelco ni empresa alguna, ya que según el informe de ese organismo “no se lograron reunir antecedentes que permitieran imputar responsabilidad”.

La minera estatal estuvo en medio de la polémica cuando un decreto supremo -cuya legalidad fue reconocida recientemente por el Tribunal Constitucional- le concedió, a la División El Teniente, la posibilidad de emitir sustancias por sobre los niveles máximos permitidos a otras empresas. Según Samuel Leiva, de Greenpeace, la situación se debe a que “las empresas estatales no sufren la misma fiscalización que las privadas y tampoco cumplen con los estándares internacionales”.

Otro ejemplo es la Empresa Sanitaria de Antofagasta. En sólo cinco años, desde 2002, se le han cursado 12 sumarios sanitarios, los cuales le han significado multas que van desde 50 a 1.000 UTM. El abogado Fernando Dougnac, quien hoy presentará un recurso de protección en contra de la entidad, señala que la falta de normas duras provoca que muchas veces las empresas prefieran pagar multas.

También difieren las decisiones de las empresas que reconocen anomalías. Por ejemplo, Enap asumió el costo de limpieza por el reciente derrame de petróleo en Talcahuano, pero aún no ha definido responsabilidades individuales, a diferencia del caso de Licancen.

Fuente: www.elmercurio.cl