Aunque el Presidente anunció la relocalización del proyecto, el hecho de que la decisión fuese al margen de la institucionalidad, provocó la extraña situación de que los pasos de aprobación y estudio siguieran su curso. La Tercera, 12 de septiembre 2010.

Doce días después de que el Presidente Piñera anunciara la relocalización de la central Barrancones, en medio de las protestas de grupos ecologistas que veían amenazada la fauna del Parque Nacional Pingüino de Humboldt, en Punta de Choros, la Conama de la IV Región notificó oficialmente a la empresa GDF Suez Energy Andino de la aprobación ambienta: para la construcción del proceso.

El trámite reglamentario se cumplió el martes, a las 15.30 horas, momento en que la secretaria de la Conama regional entregó a la empresa la resolución ambiental que le permite construir la planta generadora, a 21 kilómetros al sur de Punta de Choros. La Conama deberá notificar de esta aprobación a todas las instituciones que participaron del proceso, entre ellas, unas 40 organizaciones ecologistas y ciudadanas que se opusieron al proyecto. De acuerdo con la ley medioambiental, las ONG tienen un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo ante la Conama, para pedir la revocación de esta resolución, de lo contrario, ésta se da por aprobada y la empresa Suez quedaría en condiciones de iniciar de inmediato la construcción de la central.

La paradojal situación se debe a que la intervención del Mandatario no se ajustó al procedimiento medioambiental, por lo que el proceso de estudio ad hoc y de aprobación siguió su curso.

Por lo mismo, sólo pocas horas después de la notificación, el intendente de la IV Región, Sergio Gahona, llamó a los ejecutivos de la empresa Suez para saber “¿qué iban a hacer?”. La decisión de la compañia seria seguir adelante con todas las etapas que fija la institucionalidad.

Hasta el momento, el gobierno no ha entregado a Suez una alternativa para la relocalización de esta central, que implicaba una inversión de US$ 1.100 millones. Con la aprobación ambiental en sus manos, la empresa tiene un plazo de cinco años para iniciar la ejecución del proyecto, sin necesidad de pedir nuevas autorizaciones medioambientales, periodo que excede al gobierno de Piñera.