Celebramos un avance significativo en el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas, la sociedad civil y los ciudadanos en general al acceso a la justicia ambiental. La justicia declaró admisible la querella presentada por Greenpeace y la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas. Esta acción legal no solo representa un hito en materia de persecución de delitos contra la naturaleza sino también se trata de un caso histórico en la justicia penal del país.

Por primera vez que se aplican las modificaciones de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal, permitiendo la presentación de querellas por infracciones ocurridas dentro de áreas protegidas.

En este contexto, se destacan dos hitos históricos en materia ambiental:

–Primero, la presentación de la querella: Esta es la primera vez que se presenta una querella utilizando la Ley 21.595 para abordar presuntas infracciones ocurridas dentro de áreas protegidas.

Greenpeace, junto con la comunidad indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar, presentó el 11 de noviembre una acción legal contra los responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas encontradas entre el 29 y 30 de octubre en el Parque Nacional San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar. Este hecho marca un avance significativo en el acceso a la justicia ambiental, al permitir que entidades no directamente involucradas en los hechos (como Greenpeace) puedan presentar demandas relacionadas con la protección del medio ambiente.

–Segundo, la declaración de admisibilidad de las querellas: Los juzgados de Letras y Garantía de Puerto Aysén y de Punta Arenas declararon, por primera vez, “admisibles” las querellas presentadas.

Esta declaración es un paso crucial porque implica que las querellas cumplen con los requisitos legales y que los tribunales procederán con la investigación de los hechos denunciados. La admisibilidad no es solo un formalismo, sino que representa un avance significativo en el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas, la sociedad civil y los ciudadanos en general al acceso a la justicia ambiental.

La importancia de la Legitimación activa

Un aspecto fundamental de este proceso es el concepto de “legitimación activa”, que hace referencia al derecho de Greenpeace y la comunidad indígena de iniciar el juicio, dado su interés directo en el caso.

En este caso, se ha reconocido a Greenpeace y a la comunidad indígena la calidad de “víctimas”,esto constituye un hecho sin precedentes en la historia penal del país. Si bien, las víctimas directas en este caso son los individuos de ballenas jorobadas muertas dentro de áreas protegidas, se ha solicitado que se reconozca como víctimas a las comunidades indígenas debido a su vínculo ancestral con los cetáceos y su relación con la Reserva Nacional Kawésqar.

Por su parte, Greenpeace, como organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a la protección del medio ambiente, argumentó que su misión institucional es promover la preservación de la naturaleza, la fauna, la flora y los recursos naturales. En base a la Constitución Política de la República y a tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, Greenpeace defendió la legitimación activa para intervenir en la protección del medio ambiente.

La interpretación amplia de la legitimación activa para actuar en defensa del medio ambiente representa un avance significativo en la persecución de delitos ambientales y sienta un precedente en el ámbito penal y en el acceso a la justicia. Además, este precedente puede servir como una guía para los operadores de justicia, asegurando el cumplimiento efectivo de la normativa existente sobre delitos ambientales. A su vez, tiene el potencial de incentivar a la ciudadanía a hacer uso de la legislación vigente y a denunciar los atentados contra el medio ambiente.

“Esta acción se alinea con nuestro foco de trabajo, el que se fundamenta en el constante trabajo con las comunidades locales afectadas por los impactos ambientales y sociales de la salmonicultura en la zona, y que conocen profundamente las dinámicas de estas áreas protegidas”, destacó Matías Asun, director de Greenpeace Chile. 

Independiente de esta acción penal, desde Greenpeace se refuerza que es esencial avanzar en verdaderos y efectivos métodos de protección para la biodiversidad marina. 

Freno a la expansión salmonera 

Ya hay más de 1.300 proyectos salmoneros aprobados entre las regiones de Los Lagos y Magallanes ¡y van por más!

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