La organización ambientalista junto a una comunidad Kawésqar presentaron querellas contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas, especie en Estado de Conservación Vulnerable, según la calificación del Ministerio de Medio Ambiente.

Esta acción legal representa un hito en materia de persecución de delitos contra la naturaleza, al utilizar la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, y su modificación al Código Penal para sancionar este tipo de infracciones al interior de áreas protegidas.

12 de noviembre, 2024. Greenpeace Chile presentó dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de la muerte de las ballenas jorobadas, dadas a conocer entre los días 29 y 30 de octubre, al interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas.

“Debido a la gravedad de ambos casos, consideramos de suma importancia utilizar las herramientas de protección ambiental disponibles en nuestra legislación, con el objetivo de conocer las causas y responsables de estas muertes y que hechos de esta naturaleza nunca vuelvan a ocurrir en nuestros mares, y mucho menos en nuestras áreas protegidas”, explicó Roxana Núñez, abogada y especialista en Incidencia de Campañas de Greenpeace Andino, agregando que, con esta querella, desde la organización también esperan aportar con nuevos antecedentes a las investigaciones de ambos acontecimientos.

Esta acción legal representa un hito inédito en la historia penal del país, ya que se utilizarán por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para querellarse por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas. En este cuerpo legal, se menciona claramente que las penas serán aplicables a quienes afecten gravemente ‘uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional’, por lo que los responsables podrían ser sancionados con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, lo que podría equivaler a una pena privativa de libertad desde 5 años y 1 día, hasta 10 años más multa.

“La muerte de especies al interior de áreas protegidas es algo a lo que como país no sólo no nos debemos acostumbrar, sino que, por el contrario, debemos sancionar duramente. Contamos con un texto legal que fue creado precisamente para perseguir delitos como éste, por lo que nos parece que es momento de convertir esta ley en un texto vivo, que nos permita velar por la protección de nuestras áreas protegidas y las especies que las habitan”, manifestó Núñez

La primera querella, se interpuso por la muerte de una ballena jorobada en las inmediaciones de uno de los centros de engorda de salmones de la compañía Cooke Aquaculture, ubicado al interior del Parque Nacional San Rafael, en la Región de Aysén; mientras que la segunda acción legal se refiere a la muerte de otro ejemplar de la misma especie, esta vez en las instalaciones de la compañía salmonera Australis Mar, al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, Región de Magallanes, donde, junto a Greenpeace Chile, se está querellando la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar.

“Para nosotros es importante querellarnos porque en los casos previos de ballenas muertas en nuestro territorio, así como en otros, no ha habido una investigación exhaustiva, ni tampoco sanciones para quienes resultaren en responsables concretos”, comentó al respecto Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar.

Caro subrayó que éste representa un hito importante para avanzar en la conciencia sobre los territorios ancestrales y las áreas protegidas. “La ballena ocupa una parte importante en nuestra historia y también en la memoria de nuestros antiguos: en tiempos de navegación libre, su presencia era objeto de ceremonias y grandes encuentros de significancia espiritual y de subsistencia, representando una conexión importante con nuestra espiritualidad y cosmovisión. Ahí radica la importancia para nuestra comunidad de cuidar a esta especie y proteger nuestro territorio ancestral, y que estas muertes no queden en la impunidad”, destacó la integrante de la comunidad Kawésqar.

Las comunidades locales y la organización ambientalista decidieron imponer estas acciones penales para asegurar una justa investigación del caso, ya que, en ocasiones anteriores, las muertes de cetáceos al interior de instalaciones de la industria salmonera no han sido pesquisadas con todo el rigor necesario, lo que ha provocado que sean consideradas “accidentales”, como ocurrió en 2020 cuando una ballena sei murió enmallada al interior del centro de engorda Matilde, de la salmonera Australis Mar.

“Esta acción se alinea con nuestro foco de trabajo, el que se fundamenta en el constante trabajo con las comunidades locales afectadas por los impactos ambientales y sociales de la salmonicultura en la zona, y que conocen profundamente las dinámicas de estas áreas protegidas”, destacó Matías Asun, director de Greenpeace Chile. 

Independiente de esta acción penal, desde Greenpeace refuerzan que es esencial avanzar en verdaderos y efectivos métodos de protección para la biodiversidad marina. “Para proteger de manera efectiva a estas especies, es crucial detener la expansión de la industria salmonera en ecosistemas altamente sensibles, a la vez que resulta urgente la implementación de planes de manejo en áreas protegidas, como la Reserva Nacional Kawésqar”, expresó Asun. 

Cabe recordar que, aunque han pasado seis años de su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), esta reserva aún no cuenta con un plan de manejo, una herramienta fundamental para la conservación efectiva. “La muerte de una ballena en el interior de la reserva subraya la necesidad de que el proceso de consulta indígena avance con celeridad, a fin de aprobar y aplicar el plan de manejo que permita una gestión y protección duradera para este espacio. Mientras eso ocurre, esperamos que la justicia pueda actuar con celeridad para establecer las responsabilidades en estos lamentables dos casos de cetáceos muertos, y que se puedan generar penas y multas ejemplificadoras para que no vuelvan a ocurrir casos como los de San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar”, concluyó el vocero de Greenpeace.