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Gobierno no frenará expansión salmonera

Gobierno no frenará expansión salmoneraLa comisión gubernamental creada para abordar la crisis salmonera tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Los ambientalistas piden frenar el crecimiento de esta industria para hacer mejorías de fondo en este sector. 

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLEMICA POR LOS ANTIBIOTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

Formalizan a tres ejecutivos de ENAP por derrame en San Vicente

El Juzgado de Garantía de Talcahuano formalizó la investigación en contra de tres ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a raíz del derrame de crudo ocurrido el 25 de mayo de 2007 en la bahía San Vicente.

Walton Cherres, gerente general de Refinerías Biobío de esa época, Héctor Correa, jefe del Departamento de Mantención, y Marcelo Garcés, jefe de división de equipos estáticos del mismo departamento, enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que generes daños en los recursos hidrobiológicos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público propuso la posibilidad de la suspensión condicional del procedimiento, siempre y cuando ENAP acatara, en un plazo de tres años, la realización de dos puntos.

Uno de ellos tiene que ver con la puesta en servicio del terminal petrolero aéreo en bahía San Vicente, por un monto de US$50 millones, que debiera estar terminado durante el 2009.

A esto se suma la disposición de un fondo de $300 millones para la construcción e implementación de un centro de rehabilitación, tratamiento y liberación de especies de ave y fauna marinas en riesgo de extinción. Ambas deben ser ejecutadas en un lapso no superior a tres años a contar de esta fecha.

Si ENAP no llega a cumplir lo estipulado por el juez Raúl Martínez, existe la posibilidad que el proceso sea revocado y se reabra el caso.

Al respecto, la fiscal Ana María Aldana dijo que la sanción a la cual se podrían haber expuesto los imputados en la causa era de multas “y hay que calcular que los montos de los dineros invertidos en labores medioambientales y en la construcción del muelle tipo pasarela, se aplica más o menos el 25.000% de lo que podríamos haber obtenido con la multa si hubiéramos llegado a un juicio”.

Agregó que “la salida alternativa era muy por lo lejos una de las mejores salidas que se podría haber conseguido, y por la envergadura una de las más grande que ha habido de esta naturaleza”.

En tanto, el gerente de ENAP Refinerías, Sergio Arévalo, manifestó que respetan el procedimiento, reiterando que se trata de un incidente fortuito, “en que no existen responsabilidades del punto de vista de acciones u omisiones de personas que lo hayan producido. Por eso nosotros frente a esto estamos tranquilos y dispuestos a cumplir cabalmente lo que hoy se ha establecido como salida a este procedimiento”.

En ese sentido dijo que es un hecho fortuito, un evento no deseado, y por el cual han tomado todas las medidas necesarias, “pusimos a disposición todos los recursos para poder evitar que se difundiera el producto derramado, hicimos todas las labores de limpieza, y hemos dispuesto todo el apoyo para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”.

Asimismo, dijo que se han efectuado las labores de limpieza en que han participado entidades y organismos internacionales del más alto nivel, “y en el cual hemos demostrado que la limpieza efectuada fue en un altísimo porcentaje. En algunos lugares 100% de recuperación de hidrocarburo, y en las cuales hubo menos recuperación fue 93 ó 95%, por lo tanto en ese sentido nosotros estamos con la tranquilidad de haber utilizado todos los medios”

Respecto a las demandas interpuestas por los pescadores, Arévalo manifestó que se encuentran en todo su derecho, “y en ese sentido vamos a ir a los tribunales para entregar todos los antecedentes que obran en nuestro poder. Tenemos la mejor disposición y mejor espíritu de colaboración para llevar a cabo estos procedimientos y acuerdos”.

Sin embargo, manifestó que deben ser cuidadosos con los recursos, “somos una empresa del Estado y por lo tanto los recursos del Estado tenemos que cuidarlos y, en ese aspecto, las formalizaciones son parte de procedimientos transparentes, serios y responsables”.

Fuente: www.lanacion.cl