– El gobierno de Chile debe cumplir con el dictamen de la Corte Suprema que le ordenó adoptar medidas para monitorear la salud de los afectados por las intoxicaciones de 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví.
– La posibilidad de escribir una nueva constitución debería contemplar una visión medioambiental que permita modificar asuntos estructurales como la privatización del agua.

El 2020 es un año crucial para el mundo. Es la última oportunidad que los países tienen de comprometerse con disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura global aumente hasta llevarnos a un momento de no retorno, con consecuencias devastadoras para el planeta y sus habitantes.

Chile, organizador de la recientemente celebrada COP 25, debe continuar a la cabeza de las negociaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático hasta que la responsabilidad le sea traspasada al Reino Unido cuando se celebre en Glasgow, Escocia, la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 26.

Pero, además, en 2020 Chile deberá estar atento a responder a las demandas que sus habitantes salieron a exigir en 2019 en las protestas más grandes registradas desde el regreso de la democracia. Lo ambiental es parte de esa agenda de pendientes a los que el Estado debe responder.

Mongabay Latam hizo una selección de los principales temas ambientales que Chile deberá enfrentar este 2020.

1.Quintero y Puchuncaví: la larga espera
La Corte Suprema falló, en mayo pasado, a favor de más de 700 personas, la mayoría niños, que en 2018 sufrieron intoxicaciones tras respirar gases tóxicos. Los afectados son habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, pertenecientes a la región de Valparaíso, una zona llamada de sacrificio por estar devastada ambientalmente debido a la alta concentración industrial.

El máximo tribunal ordenó que las autoridades de los distintos niveles de gobierno adopten una serie de medidas para monitorear la salud de los afectados y detener definitivamente los episodios de contaminación que desde hace años impacta al medio ambiente y a los habitantes del sector.

Aunque los chilenos esperaban que la disposición de la Corte Suprema se comenzara a cumplir de inmediato, a días de terminar el 2019 los afectados sostienen que ninguna medida se ha aplicado y que incluso desde el fallo se han registrado alrededor de cinco nuevos eventos de intoxicación.

El diputado Diego Ibáñez, miembro de las comisiones de salud y medioambiente de la Cámara de Diputados, asegura que “no hay mayor claridad sobre las medidas concretas que aborden los puntos estructurales que para los movimientos ambientales son importantes de recalcar en el fallo de la Corte Suprema: hablamos de una nueva norma de calidad ambiental para suelo, aire y agua que regule contaminantes que no existen en la legislación chilena”.
Es por ello que el cumplimiento del fallo queda como uno de los grandes pendientes del 2020.

Ya en junio, desde las comisiones de medio ambiente y de salud de las cámara de diputados y senadores, parlamentarios crearon un frente para exigir el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema. Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram, precisa que desde la sociedad civil están trabajando junto con los parlamentarios y que, de incumplirse el fallo, los pasos siguientes serán “recurrir con recursos a los tribunales por incumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema y, paralelamente, recurrir a instancias internacionales de Derechos Humanos”.

Mongabay Latam se puso en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente para tener su versión, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.

2.Dominga: la decisión final

El polémico proyecto minero y portuario Dominga podría, por fin, definirse en 2020 y los defensores ambientales que se oponen a él tienen buenas razones para creer que finalmente el proyecto no se concretará.

Si por el contrario, Dominga ve la luz, anualmente 12 millones de toneladas de hierro serán extraídas desde el interior de la tierra, más otras 150 mil toneladas de concentrado de cobre, durante 26,5 años. Un total de 318 mil millones de toneladas de hierro que serán embarcadas en un puerto propio, desde donde tres a cuatro barcos mensuales transportarán el mineral hacia el mercado asiático para su comercialización.

Todo eso ocurriría a 35 kilómetros de una de las zonas de mayor biodiversidad marina en el mundo: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros y Damas. Áreas protegidas que forman parte de una región más amplia, conocida como el archipiélago de Humboldt, donde es posible encontrar hasta 560 especies marinas.

En abril del 2018, el Tribunal Ambiental falló a favor de la empresa luego de que esta acusara al Comité de Ministros, que había rechazado el proyecto, de incurrir en arbitrariedad e ilegalidad. Según la empresa, la decisión de rechazar Dominga estaba ligada a posturas partidistas y no a razones técnicas.

La ONG Oceana acudió entonces a la Corte Suprema y esta dictaminó, en septiembre 2019, que el Comité de Ministros sí cumplió con el procedimiento adecuado al rechazar el proyecto. El máximo tribunal desestimó así los argumentos de Dominga y ordenó al Tribunal Ambiental volver a revisar la causa. “Esperamos que esta vez [el Tribunal Ambiental] sí priorice las consideraciones técnicas y se rechace definitivamente el proyecto, aunque eventualmente la empresa pueda volver a apelar a la Corte Suprema”, señala Liesbeth van der Meer, Directora de Oceana Chile.

A pesar de que existe la opción de que el proyecto continúe en instancias judiciales, van der Meer agrega que saben “que la línea base que proporcionó la empresa en su momento era deficiente y fue cuestionada reiteradas veces por los servicios públicos, por ende, esperamos que se zanje en el Tribunal Ambiental”.

3.Mayor fiscalización para la industria salmonera

En el Senado chileno se encuentra un proyecto de ley que propone obligar a la industria salmonera a publicar mensualmente la cantidad y la clase de antibióticos utilizados por cada empresa en cada centro de cultivo, además de reportar la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha de salmones.

La aprobación de esta ley es un desafío para el 2020 puesto que, según explica, Liesbeth van der Meer, la propuesta “busca que de una vez por todas, la sociedad civil, los consumidores, los periodistas o quien esté interesado pueda acceder a esos datos y conocer de qué forma cada empresa produce y así evaluar, por ejemplo, decisiones de compra”.

La directora de Oceana Chile resalta que las empresas salmoneras se han negado en los últimos siete años a proporcionar información sobre la cantidad de antibióticos que utilizan en su producción. Algunas de ellas, agrega van der Meer, incluso forman “parte de la Global Salmon Initiative donde dicen compartir valores de transparencia, integridad y sustentabilidad pero, por otro lado, realizan esfuerzos colosales para impedir la publicidad de la información en Chile”.

La salmonicultura es una de las industrias de alimento animal que más antibióticos utiliza. Ello, debido a los peces se enferman o se contagian con parásitos por las condiciones de hacinamiento de las jaulas. Según un informe de Oceana Chile, elaborado con datos de la Global Trends in antimicrobial use in food animals 2015, se utilizan 950 g de antibióticos por cada tonelada de salmón. En cambio, por una tonelada de vacuno, se utilizan 45 g de antibióticos. Es decir 21 veces menos.

Fuente: MONGABAY