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Chile ya tiene su primer guardacostas ambiental

Amante del surf y habitante de Curanipe, Rodrigo de la O fue seleccionado para proteger las costas chilenas de la contaminación. Su debut está planificado para febrero y su objetivo principal será patrullar el impacto de los proyectos industriales entre los ríos Maule e Itata.

Rodrigo de la O aceptó el desafío de transformarse en el primer guardacostas ambiental de Chile.

Es amante del surf, tiene 35 años y vive en Curanipe, comuna costera de la Región del Maule, donde estará el centro de operaciones de un inédito proyecto de patrullaje ecológico que comenzará a funcionar en febrero de 2009.

La iniciativa es dirigida en el país por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), representante oficial de su par estadounidense Waterkeeper Alliance -que integra Robert Kennedy Jr- y en el que también colabora Safes de Waves, organización internacional de surfistas.

La misión del guardacostas será vigilar cerca de 130 kilómetros de costa, entre la desembocadura del río Maule y el Itata, para evitar que las aguas del Océano Pacífico se vean afectadas por la contaminación, en especial, de grandes proyectos industriales, como las plantas de celulosa.

Una de ellas, Celco Nueva Aldea ya terminó de construir su emisario submarino en las costas de Cobquecura, que estará operativo a comienzos de 2009.

En conversación con La Nación Rodrigo de la O identificó el ducto de Celco, la desembocadura del río Maule -donde hay otra celulosa- y la futura Termoeléctrica Los Robles como las zonas de principal preocupación. Por eso explica que su misión será clave, ya que tendrá que “realizar un monitoreo científico, independiente en la costa”.

ESPECIES AMENAZADAS

Este guardacostas es de profesión diseñador gráfico, hoy se dedica al turismo, pero ha tenido una estrecha relación con el mar. Fue pescador artesanal y actualmente es surfista, características que le facilitarán su trabajo arriba de la embarcación.

Sin embargo, Fernanda Pinochet, abogada y jefa del proyecto en FIMA, puntualizó que estos atributos fueron sólo algunas características que facilitaron su elección.

Las otras están relacionadas con su inserción en la comunidad como activista contra la construcción de la Termoeléctrica Los Robles, que equivale a un cuarto del proyecto de HidroAysén.

“El problema con la termoeléctrica es que no se señala en el estudio ambiental cuál es el área de influencia y eso es de gravedad. Sólo dice que van a existir efectos, pero no dice dónde”, explicó.

Pero los grandes proyectos no serán los únicos fiscalizados. En la zona hay otros impactos como la alta afluencia de turistas y el uso de pesticidas en la producción de frutillas.

En tanto, la bióloga marina de ONG Angelina Crocco explicó que entre las especies amenazadas por la acción del hombre están los cisnes de cuello negro y flamencos del humedal de Reloca, los delfines y los lobos marinos de Cobquecura.

Acusan a minera Quiborax de poner en peligro a flamencos de monumento natural

Pese a que Corporación rechazó que minera Quiborax ampliara sus faenas en el Salar de Surire, la firma inició igual los trabajos, amparándose en un decreto supremo de 1978 que no garantiza los mínimos resguardos ambientales. Seremi de Minería encargó estudio jurídico para zanjar controversia.

Una delicada y anómala situación se vive en el monumento natural Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota, hace una semana. Maquinaria de la minera Quiborax comenzó una exploración minera en su interior sin la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) poniendo en peligro uno de los cuatro sitios de nidificación de flamencos más importantes de Chile.

La información fue confirmada a La Nación por el director regional del organismo forestal, Jorge Torres, quien explicó que la firma utilizó el decreto supremo (DS) 116 de 1978 para realizar las faenas en pleno corazón del salar, pese a que el 28 de julio la Conaf les informó que dicho documento carecía de validez.

Quiborax hace décadas extrae material en la zona protegida gracias al citado decreto y a otro de 1989.

Sin embargo, para la Conaf la nueva exploración minera “es un proyecto totalmente nuevo” que no puede ampararse en las citada autorizaciones, una de los cuales se emitió antes de la subdivisión del Parque Nacional Lauca, que permitió la creación de la reserva Las Vicuñas y el monumento natural Salar de Surire.

Nidos en peligro

“Nuestra posición es que ese decreto es ineficaz hoy en día (el de 1978), por lo tanto, la empresa debería obtener -por un lado- un nuevo decreto presidencial para cumplir con la ley de minería, además de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, por tratarse de un área silvestre protegida”, dijo el funcionario.

Torres explicó que en una primera instancia se negó la autorización para la extracción de ulexita (mineral que se utiliza para la elaboración de ácido bórico) porque el decreto de 1989 establecía que las explotaciones no podían estar a menos de 700 metros de los cursos de agua ni a menos de 3 mil metros de las zonas de nidificación. “Cuando nos presentan el polígono de explotación, éste se encontraba aledaño a los sitios de nidificiación. Les dijimos, en consecuencia, que no podían hacerla bajo ese decreto la explotación”, indicó el director regional, cuyos temores se confirmaron con los últimos reportes de los guardaparques que informaron que la maquinaria está hoy a mil metros de los nidos.

Sin embargo, la empresa arremetió y le señaló a la corporación que no se amparaban en el DS de 1989, sino que en el de 1978, que para Conaf es débil en términos ambientales, porque no establece restricciones, sólo plantea que la empresa deberá tomar las precauciones para no afectar la flora y fauna del lugar.

Como la firma no acató la resolución de la Conaf, Torres reportó la situación a las seremi de Agricultura (superior jerárquico del organismo) y a la de Minería para que tomarán cartas en el asunto, ya que Surire también es área de interés científico para la minería, condición que obliga a contar con una autorización presidencial para la extracción de minerales.

Evaluación legal

El seremi de Minería se reunió ayer con Quiborax para conocer su plan de manejo y recabar mayores antecedentes. En la Región de Arica y Parinacota reconocen que la situación a la que están enfrentados no es habitual, razón por la que ayer despacharon una serie de antecedentes para que se realice una evaluación jurídica del conflicto.

La empresa guarda silencio

En tanto, Quiborax, de capitales nacionales, fue contactada por este medio para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaba sobre el tema. En su sitio web (www.quiborax.com) la minera destaca su preocupación por el medio ambiente del salar y da cuenta de un convenio con la Conaf para evaluar el impacto de sus operaciones en la zona. La información fue confirmada por el director regional de la corporación, Jorge Torres, quien señaló que existe “un estricto seguimiento de las variables ambientales en las explotaciones amparadas en el decreto de 1989, que establece que no se pueden realizar explotaciones cerca de los cursos de agua y de los sitios de nidificación”.

El funcionario aclaró que este protocolo no rige para las nuevas faenas, pero que de igual modo los guardaparques están siguiendo todos los movimientos de las maquinarias para evitar daño ambiental.